Azcón avisa a Lambán: "Este gobierno va a defender la ciudad y no perderá ni uno solo de sus derechos"

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, Cs y Vox, ha ratificado este miércoles la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de Aragón para que cubra el déficit de la encomienda de gestión del servicio de ayuda a la dependencia, cifrado en 1,2 millones de euros. El pleito, que abre una otra grieta entre el Consistorio y el Ejecutivo autonómico, es el primero de los tres que va a interponer la ciudad para defender sus derechos económicos en su relación con la DGA. El alcalde, Jorge Azcón, dejó claro que su estrategia "siempre va a ser la del diálogo". Pero también advirtió: "A nosotros nos pagan por defender la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo. La prioridad de este gobierno son los intereses de los zaragozanos y a eso tengan la seguridad absoluta, no vamos a renunciar".

Las tensiones crecientes entre el Ayuntamiento y la DGA, vinculadas sobre todo al bloqueo en el que se encuentran los acuerdos de la comisión bilateral, han planeado desde primera hora en el pleno. El mensaje del alcalde ha llegado después del progresivo deterioro que han sufrido en los últimos meses las relaciones con la DGA, con la que no se ha podido cerrar la celebración de un consejo bilateral de capitalidad para firmar el convenio de financiación, que debería haberse rubricado este primer trimestre de 2021 si se hubiesen respetado los plazos que dio el propio Azcón en diciembre.

La bilateral sigue sin fecha y, de momento, inician sus trámites tres recursos, que dan cumplimiento a un requerimiento hecho ya en diciembre: uno por no haber presupuestado la DGA los fondos para los convenios (18 millones de euros), otro por el déficit de 6,3 millones para financiar las competencias incluidas en el convenio de colaboración para los servicios sociales y el tercero por la falta de financiación de la ayuda a domicilio (1,2 millones).

PP-Cs insiste en que estos procesos judiciales son una mera cuestión jurídica, para evitar que el Ayuntamiento pierda derechos económicos y que los retirará si hay un acuerdo. Pero evidencian un clima de tensión política que puede ir a más, especialmente porque el Ejecutivo no aclara si va a pagar. La negativa de la DGA a cerrar el convenio de financiación, bajo el argumento de que debe ir acompañado de otros acuerdos como la recepción por parte del Ayuntamiento del costosísimo mantenimiento de las urbanizaciones de Plaza y el Parque Tecnológico del Reciclado da pie a pensar que la resolución del problema va para largo.

Los pleitos de la DGA contra el Ayuntamiento (el Tribunal de Contratos municipal esta paralizado por un recurso autonómico y el Ejecutivo ha acudido al Supremo para no pagar la deuda de 25 millones por el tranvía) tampoco allanan una posible solución.  El último foco de tensión está en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, dado que la DGA ha encargado la redacción de un proyecto de obras, pese a que la propiedad de los suelos está en litigio

"La estrategia de este gobierno siempre va a ser la del diálogo. Siempre que sea posible llegar a un acuerdo es mejor, es mejor la posibilidad de acordar que la de discutir nuestros derechos en los tribunales", ha afirmado el alcalde. Pero ha advertido: "Si no conseguimos defender los derechos de la ciudad dialogando, lo haremos dónde lo tengamos que hacer".

La posición del gobierno municipal ha suscitado tensiones con los grupos de izquierdas, que han cerrado filas con el Gobierno de Aragón y han cargado contra "la falta de diálogo del alcalde". "Le invito a dialogar, a colaborar, a cooperar y a buscar vías de encuentro. No siga con su estrategia de confrontación", dijo la portavoz socialista, Lola Ranera, que recordó que Zaragoza "ya perdió 70 millones" del Estado por el rechazo de Azcón y otros alcaldes a la propuesta del Gobierno de Sánchez para compensar a los ayuntamientos por la crisis de la covid.

Es más, Ranera ha deslizado que la vía judicial está motivada por las exigencias de Vox, que ha hecho de la crítica a la falta de pago de la DGA uno de sus principales argumentos y que ha dicho que apoyaba los recursos "con mucho gusto". En la misma línea, ZEC y Podemos-Equo han instado a Azcón a negociar en la comisión bilateral. Mientras, el PP ha considerado que los socialistas ponen por delante los intereses de las administraciones que gobiernan por encima de los zaragozanos. "El PSOE solo defiende al PSOE", ha concluido la portavoz del PP, María Navarro.