Zaragoza
La DGA recurrirá la sentencia que le condena a pagar 33,5 millones por el tranvía de Zaragoza
El Ejecutivo autonómico, que ya abonó 8,9 millones, insistirá ante el Tribunal Supremo en que la deuda con el Ayuntamiento está saldada.
Los frentes entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siguen creciendo. Pese a la solicitud del alcalde, Jorge Azcón, de abrir un proceso de negociación y evitar continuar con el pleito por la deuda vinculada a la financiación del tranvía, el Ejecutivo autonómico anunció este miércoles, justo cuando acaba el plazo, que acudirá al Tribunal Supremo para tratar de revocar la sentencia que en noviembre le condenó a pagar 33,5 millones al Consistorio por la construcción de la línea.
El argumento que ha esgrimido la DGA es ya conocido y fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA): sostiene que la aportación autonómica al tranvía era una mera subvención, por lo que solo había que abonar los gastos que justificara el Ayuntamiento. Por eso, defenderá que la deuda ya ha quedado saldada con los 8,9 millones con los que se liquidó el convenio de financiación en 2018. Los letrados municipales, por su parte, insistirán en que aún faltan otros 24,6 hasta llegar a los 33,5.
Fuentes del Ejecutivo autonómico insistieron en que la decisión es puramente técnica, basada en la posición de los servicios jurídicos y de la Intervención de la DGA. En este sentido, le quisieron quitar cualquier matiz político o de confrontación con el Ayuntamiento de Zaragoza. Aclararon que la práctica habitual es recurrir las sentencias condenatorias.
El presidente de la DGA, Javier Lambán, ya advirtió el pasado mes de noviembre que haría lo que aconsejaran los servicios jurídicos y la Intervención. "Como gobierno, tengo que defender los intereses de los aragoneses", afirmó. Desoyó por tanto las peticiones del alcalde de negociar un plan de pagos sobre los 24,6 millones que quedarían por saldar.
A la espera del Supremo
Desde el gobierno PP-Cs del Consistorio de la capital no se quiso hacer ayer ninguna valoración de la decisión del Ejecutivo autonómico a la espera de que el Alto Tribunal tome su decisión. Ahora el proceso queda en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite o no a trámite el recurso autonómico.
Cuando se dictó la sentencia del TSJA, el Ayuntamiento consideró que no será sencillo que el recurso autonómico prospere. No en vano, el propio alcalde afirmó en ese momento que "el 90%" de estos recursos no son admitidos y que la casación lo único que iba a hacer es engordar los intereses de demora que debería abonar la DGA. En el caso de ser aceptado, la sentencia firme podría tardar un año.
La resolución del recurso pondrá fin a un largo proceso que se inició en 2009 con la firma del convenio de financiación del tranvía. En ese documento se acordó que las dos administraciones abonarían, al 50%, una aportación para la obra civil de 130 millones de euros, cifra que después quedó minorada hasta los 128,7.
Esto implicaba que cada una de las dos instituciones tenía que pagar 64,35 millones: 4,95 millones en 2010; 9,9 en 2011; 9,9 en 2012; 9,9 en 2013; 14,85 en 2014; y 14,85 en 2015. Tal y como detalla la sentencia del TSJA, inicialmente el Gobierno de Aragón atendió sus compromisos hasta consignar un total de 24,7 millones por los años 2010, 2011 y 2013. Pero a partir de ese año, en aquella época con Luisa Fernanda Rudi en la DGA, dejó de pagar. El PSOE no corrigió la situación cuando llegó al Gobierno de Aragón en 2015 y mantuvo la decisión de su antecesora.
Su argumento, avalado por la Intervención, era que la aportación autonómica al convenio era una subvención, por lo que solo se podía pagar en función de los justificantes de los costes de la obra: una vez finalizada, el Ayuntamiento debía entregar las facturas para que la DGA pudiera abonar su parte. El TSJA consideró este planteamiento "improcedente".
Momento delicado
Al margen de la cuestión jurídica, el recurso llega en un momento delicado. Hace solo unos días la DGA concretó la participación del Ayuntamiento en el fondo social, que supondrá 2,1 millones de euros para las arcas municipales. Además, están pendientes los trámites de la negociación de una nueva reunión del consejo bilateral de capitalidad, que debe concretar cuestiones tan destacadas como el convenio de financiación, sin firmar desde hace más de tres años. Por otro lado, no se ha cerrado un acuerdo extrajudicial sobre el reparto de los usos de los juzgados de la plaza del Pilar, que también podría significar otra compensación millonaria en favor del Consistorio.
