El Ayuntamiento de Zaragoza lleva a la DGA a los tribunales al no garantizar los fondos de la ley de capitalidad
El gobierno PP-Cs pide cambiar el presupuesto autonómico para incluir las partidas para la ciudad. Interpondrá tres recursos tras no obtener respuesta al requerimiento presentado en el mes de diciembre
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido llevar a los tribunales a la DGA para instarle a que cumpla con los compromisos adquiridos en la ley de capitalidad. En concreto, el equipo de gobierno de Jorge Azcón reclama al Ejecutivo de Javier Lambán que modifique el presupuesto autonómico para incluir la inyección económica pactada. La decisión llega después de que el requerimiento municipal presentado hace tres meses –en el que ya se advertía que el siguiente paso sería el recurso– no diera sus frutos y no obtuviera respuesta alguna desde el Pignatelli.
Fuentes municipales quisieron este lunes restar gravedad a la decisión que, aseguraron, viene marcada por los servicios jurídicos ante el "riesgo de perder los derechos" adquiridos en los acuerdos entre ambas instituciones. "Se trata de defender los intereses del Ayuntamiento", indicaron.
En total, se van a presentar tres recursos. El viernes, el gobierno municipal aprobó los dos primeros, relativos a los acuerdos de la bilateral y al convenio en materia de servicios sociales. Concretamente, se quiere garantizar que la capital aragonesa reciba 18 millones de euros en convenios en 2021. La disposición transitoria cuarta de la ley de capitalidad, que establece las cuantías, expiró el 31 de diciembre, pero el requerimiento que el Consistorio cursó un día antes evitó que expirara. Tras no haber recibido respuesta, ahora se da el siguiente paso.
Un tercer recurso, mañana
Así, el primero de los recursos insta, precisamente, a "modificar el presupuesto de la comunidad autónoma a fin de atender sus compromisos económicos acordados y asumidos en el seno del consejo bilateral", mientras que el segundo gira en torno a la adenda de prorroga para 2021 del convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Además, mañana se tratará en el transcurso del pleno municipal un tercer recurso, en este caso sobre el cumplimiento de la encomienda de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio para la atención a personas en situación de dependencia.
La decisión de acudir a los tribunales radica en la ley de capitalidad, aprobada en 2017, y que garantizaba que la ciudad tiene derecho a percibir un mínimo anual de 8 millones de euros, que se actualizarían en función de la variación de los ingresos no financieros de la DGA. Esto significa que correspondía abonar 299.926,01 euros por el ejercicio 2018 y 38.452,53, por el de 2019. Esas actualizaciones ya se pagaron el año pasado.
Por otro lado, se establecían unos fondos destinados a financiar el coste de las competencias impropias, que se regulaban mediante un convenio económico financiero de cuatro años. Según la ley, se tenían que pagar 13,5 millones en 2018, que se elevaban con un millón y medio anual hasta 2021, cuando la DGA debería abonar 18 millones por este concepto. Pero el convenio, desde 2017, sigue sin firmar.
El documento dice que el presupuesto autonómico debería incluir en 2021 esos 18 millones de euros o "en su defecto, consignar el diferencial entre la citada cuantía y los importes del convenio de servicios sociales y del resto de los convenios finalistas presupuestados". En la actualidad, la financiación consolidada de la DGA ronda los 16,5 millones.
"Sin ánimo de polemizar"
Desde la coalición PP-Cs apuntaron que si la DGA suscribe el convenio se retirarán los contenciosos. Asimismo, defendieron que "no hay ánimo de polemizar ni de buscar confrontación". Por su parte, desde el Gobierno autonómico dijeron "no compartir los argumentos esgrimidos para recurrir a los tribunales" pero aseguraron "respetar las decisiones municipales". "Desde el Ejecutivo siempre se ha entendido la bilateral como un espacio de diálogo y cooperación para llegar a acuerdos", enfatizaron.
Pese a los mensajes de concordia, los contenciosos anunciados abren una nueva grieta en la relación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, que mantienen otros conflictos abiertos en sus relaciones bilaterales como la urbanización de Plaza, el sellado del vertedero o los usos compartidos en los juzgados de la plaza del Pilar.
