aragón
La pandemia frena la okupación en Aragón: se registra una cada dos días
Un pequeño goteo de casos en el Pirineo duplica la casuística en la provincia de Huesca.
El problema de la okupación de viviendas sigue vivo en Aragón, sobre todo en la capital, donde varias zonas concretas lo afrontan como un mal endémico. Sin embargo, el primer semestre del año ha dejado una inesperada ruptura de la tendencia alcista que venía registrándose desde hace dos años. Entre enero y junio se tuvo conocimiento de un total de 94 okupaciones de inmuebles, una cifra sensiblemente inferior a las 104 registradas en el mismo periodo de 2019, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Eso se traduce en un allanamiento de este tipo cada dos días en el conjunto de la Comunidad.
Merece la pena desgranar los datos por provincias. Mientras en Zaragoza, que engloba el grueso de estas prácticas, el descenso ha sido notable (de 96 a 77), en Huesca ha ocurrido todo lo contrario: las denuncias por estos hechos han pasado de apenas 8 al doble, 16. Una doble dirección en la estadística que viene motivada por el mismo desencadenante: el confinamiento obligatorio por coronavirus que mantuvo a la práctica totalidad de la población española en casa.
De igual modo que ha ocurrido en otras zonas turísticas del país, en algunos municipios pirenaicos se han dado casos puntuales de okupación, según fuentes policiales. En Sabiñánigo, la Guardia Civil capturó a un hombre y a una mujer que habían asaltado en abril dos viviendas de un mismo edificio con el ánimo de usurparlas. Un vecino de un bloque cercano dio la voz de alarma. La alcaldesa de la localidad, Berta Fernández, explica que “se trató de un caso puntual, no de una problemática especialmente extendida, aunque es comprensible que en el periodo analizado haya podido haber una incidencia ligeramente mayor”.
El escenario en la provincia de Zaragoza es distinto. Los últimos años venían marcados por un importante aumento de los casos de okupación denunciados, sobre todo en la capital, pasando de los 143 de 2017 a los 172 que se registraron el año pasado.
La ciudad de Zaragoza tiene algunos focos estables de okupación, como los del sector Pignatelli, el barrio Oliver, Las Fuentes, Tenerías o Delicias. Lo habitual es que tras el desalojo de un inmueble allanado, los ocupantes se trasladen a otro vacío. “El hecho de que se estableciese una cuarentena obligatoria redujo el control sobre las casas sin inquilino. Además, hay que tener en cuenta que los pisos en los que suelen entrar los okupas son propiedad de fondos de inversión, entidades bancarias o la Sareb, que durante ese período quizá no acudieron tanto a los juzgados”, apuntan fuentes municipales.
De hecho, durante el primer trimestre de 2020 los juzgados aragoneses ingresaron un 18,6% menos de asuntos que en el mismo periodo del año anterior, según datos recogidos en el informe estadístico realizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de este año. Los juzgados en los que más cayó la actividad fueron los de lo penal, la vía más empleada cuando se pretende desalojar una casa.
Frente al descenso en los casos denunciados en Aragón, el número de okupaciones ha crecido en el conjunto del país, si bien la incidencia ha sido más evidente en las zonas costeras. En el primer semestre del año pasado se contabilizaron 7.093, mientras que este año han sido 7.450 okupaciones. Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia son los territorios donde más se ha recrudecido esta práctica delictiva. Se trata precisamente de las comunidades con más residencias vacacionales.
