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Los partidos ven “imposible” una transición energética justa sin la térmica de Andorra

Aseguran que es momento de pasar de los gestos a las medidas concretas y admiten que queda mucho por hacer

Central térmica de Andorra.
Central térmica de Andorra.
Heraldo

PP, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos, CHA e IU coinciden en que sin la térmica de Andorra será "imposible" que haya una transición energética justa. El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoció ayer que el acuerdo firmado este miércoles entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos "no soluciona el problema total e integral de las cuencas mineras", de ahí que instara a "seguir hablando sobre el futuro de la central térmica de Andorra".

Aunque espera que la visita de la ministra en noviembre sirva para "trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones", recordó que el futuro de la térmica "depende fundamentalmente de la decisión de Endesa", su propietaria.

Los grupos ven en el Plan del Carbón "un paso más". Creen, no obstante, que es hora de pasar de los gestos a la concreción. La portavoz del PP, Mar Vaquero, sostuvo ayer que "cualquier acuerdo tiene que pasar por el mantenimiento de las térmicas, por supuesto incluida la de Andorra, hasta el año 2030". "Eso es lo que de verdad garantizaría la continuidad de los miles de empleos que dependen del carbón", subrayó.

"La decisión de Sánchez de desmantelar la industria del carbón significa dejar en la calle a más de 4.000 turolenses, y la complicidad política del presidente de Aragón con esta afrenta no puede quedar impune, porque del Lambán agitador con el Gobierno anterior hemos pasado a un Lambán conformista que no defiende a los aragoneses", dijo.

Para el portavoz del PSOE, Javier Sada, lo importante es "lo que queda por desarrollar". Los socialistas insisten en que "es el Ministerio de Teresa Ribera el que tiene que liderar esa transición justa". "Nosotros seguimos diciendo alto y claro ‘no’ al cierre de la térmica y ‘sí’ a compromisos con la diversificación de la economía de la zona", subrayó.

Podemos considera que "la falta de previsión de los gobiernos está obligando a ir contracorriente". "Las cuencas mineras necesitan trabajar en dos tiempos. Por una parte está la ayuda e inversión en el presente y por otro, la necesidad de mantener una mirada larga e impulsar un proyecto alternativo. Los territorios necesitan saber hacia dónde caminan", destacó su portavoz, Maru Díaz.

Opciones de futuro

A juicio del PAR, es "fundamental" que el Gobierno de España concrete qué planes tiene para la continuidad de la térmica hasta 2030. Para su presidente, Arturo Aliaga, es "fundamental" que permanezca abierta, ya que lo contrario supondría "un mazazo para la provincia de Teruel". Recordó, a este respecto, que la minería turolense "ha dado miles de megavatios hora para que España se desarrollara" y que de ella dependen alrededor de 4.000 empleos indirectos.

Para Ciudadanos, el pacto alcanzado esta semana "sigue dejando en el aire la situación de las cuencas mineras". "Lo que hace el Gobierno es trasladar la responsabilidad a cada territorio. Seguimos sin soluciones específicas, solo con planteamientos genéricos", opinó su portavoz adjunto, Javier Martínez, que criticó que PP y PSOE "hayan dado la espalda a un problema que ahora es una realidad".

CHA también lo tiene claro. "Una transición justa no es un regalo de las administraciones, sino una obligación. Debería de haber una moratoria al menos hasta 2025", opinó Chema Salvador, candidato a las Cortes por Teruel. Salvador subrayó que la inversión de hasta 1.250 millones de euros en las comarcas afectadas –que contempla prejubilaciones, bajas incentivadas y un plan de reindustrialización–, "resuelve una situación muy complicada, pero no el futuro de la zona". "Ya no es solo cuestión de valorar cifras, sino de cómo se trabaja. Hay que cambiar el método", aseveró.

IU, por su parte, sostuvo que dejar fuera del acuerdo a la térmica "supone una quiebra clara de cualquier transición justa para la comarca". "Es importante denunciar la posición de Endesa, que, habiendo sacado ingentes beneficios, no cumple con el territorio y sus gentes y es parte importante del problema y de que no haya garantía de continuidad", señaló su coordinador, Álvaro Sanz.

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