El Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón podría crecer entre un 0,5% y un 1,2% menos este año por la crisis catalana. Así se desprende del ‘Informe sobre los efectos de la crisis política de Cataluña sobre la economía aragonesa en 2018’, elaborado por la Universidad de Zaragoza a petición del Gobierno de Aragón.

El estudio contempla hasta tres escenarios que también podrían tener serias repercusiones en el empleo. En el de riesgo moderado, la Comunidad crecería un 2,5% y en el de riesgo severo, un 1,8%, porcentajes muy alejados del 3% que marca el denominado ‘escenario de normalidad’. En términos laborales, el informe alerta de que se dejarían de crear entre 2.771 y 6.338 puestos. Eduardo Bandrés, responsable del Observatorio de Coyuntura que el Ejecutivo autonómica creó tras el referéndum ilegal, ha asegurado este viernes que el escenario de riesgo severo es “el menos probable”, si bien, como ha reconocido la consejera de Economía, Marta Gastón, se ha de mantener la vigilancia “ante los acontecimientos que puedan ir sucediendo”.

Por sectores, los mayores grados de exposición se observan en la agricultura, la industria química o la industria del papel, mientras que, por provincias, destaca el elevado nivel de exposición de Huesca (30,7%) y Teruel (43,0%). El Ejecutivo, que esta mañana se ha reunido con CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO. y el Colegio de Economistas de Aragón para analizar la situación, convocará un nuevo encuentro a mediados de junio en el que anunciará “acciones” dirigidas a mitigar los efectos de la crisis independentista, cuyas mayores consecuencias se esperan a medio y largo plazo.

Gastón ha puesto el acento en la necesidad de diversificar mercados para “disminuir el peso y la dependencia de ciertos sectores” respecto a Cataluña. En todo caso, Bandrés ha destacado que “la economía aragonesa va a crecer ocurra lo que ocurra en Cataluña”. “La situación política no va a impedir crecimientos cercanos o por encima del 3%, pero si la situación se normalizase, las cosas podrían ir aún mejor”, ha dicho.

Actualmente, el escenario oscila “entre el de normalidad y el de riesgo moderado”. “El de riesgo severo implicaría disturbios, cortes de carreteras, etc.”, ha añadido. Pero todos, ha recalcado, tienen “consecuencias negativas para los agentes económicos”, ya que pueden ralentizar inversiones o cancelarlas. Bandrés asume que el impacto en Aragón “será mayor que en el resto de España”. No obstante, descarta que el traslado de domicilios sociales y fiscales a la Comunidad vaya a tener efectos positivos a corto plazo. “Tienen una repercusión mínima en el PIB. Las consecuencias son inequívocamente negativas para Aragón. Otra cosa es que, si la situación se cronifica, puedan producirse efectos de otro orden”, ha explicado.