Más de 150 empresas de Cataluña han trasladado su domicilio social a Aragón desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. La incertidumbre política resultante de los comicios del 21 de diciembre ha hecho que el goteo continúe. Solo en enero oficializaron su traslado 54 compañías (812 en toda España), según datos recopilados por la Cámara de Comercio de Zaragoza a través del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI).

A los primeros nombres, entre los que figuraban MGS Seguros, Pangaea Oncology, Torrot Electric Europa o Proclinic Expert, se han unido en los últimos meses los de Gestamp Aragón –que hasta este mes tenía su sede en Barcelona–, el Grupo Argal o la empresa textil Punt Roma. Argal, por ejemplo, factura más de 200 millones de euros al año y tiene más de 500 empleados en plantilla.

En el caso de Gestamp, el cambio obedece a la necesidad de adecuar las razones sociales de Gestamp Aragón SA y de Gestamp Manufacturing Autochasis SL a la realidad actual de la compañía. Se trata de una decisión que, según explican fuentes del grupo, "también afecta a la sede fiscal". Se tomó coincidiendo con la crisis soberanista.

José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, confirma que el cambio de sede social ha estado acompañado, en la mayor parte de los casos, por el traslado de la sede fiscal, algo que "podría ser positivo" para el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad. Se desconoce, sin embargo, qué efectos pueden estar teniendo estos movimientos, aspecto que ya estudia el Gobierno de Aragón a través del observatorio creado en la Universidad de Zaragoza a raíz de la fuga de empresas.

Aragón concentra un 7,6% de los traslados efectivos (en total han cambiado su sede más de 3.200 empresas, aunque no todas han completado la tramitación). Es, no obstante, la tercera región que más domicilios sociales ha acogido, solo por detrás de los 1.200 de Madrid y los más de 220 de la Comunidad Valenciana.

En el listado, copado por pequeñas y medianas empresas, aparecen nombres como Nutri Steps 2005, Marfer 2014, Donkin, Sleeves Iberia o Mayan Luxury Group, entre otros. La mayor parte han recalado en Zaragoza (en la calle de Don Jaime, en el paseo de la Independencia o en la calle de Alfonso I). No obstante, también se han cerrado traslados en Huesca y en Teruel.

Diciembre y enero, con 58 y 54 cambios de sede, respectivamente, han sido los meses más activos en Aragón, ya que en octubre se formalizaron siete y en noviembre, 31. Esto se debe a que desde que se solicita el traslado hasta que concluye el proceso pueden pasar hasta tres meses.

Sánchez asegura que sigue habiendo consultas, aunque "no la oleada" que se dio tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, momento en que varias empresas mostraron interés por instalarse en Aragón. "Todo el mundo está pendiente de ver qué sucede, aunque siempre hay alguien que pide información", reconoce.

Fernando Callizo, presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón), confirma que la aplicación del artículo 155 "ha calmado las cosas". "Pero ahora, al no formar gobierno, los traslados parecen haber repuntado", señala. Recuerda, en este sentido, que las empresas "buscan por encima de todo la seguridad jurídica", de ahí que augure "un rebrote importante" si la situación no se aclara.

El futuro, en el aire

Callizo admite que las repercusiones económicas "no han alcanzado los niveles previstos". Aunque la deriva soberanista sí ha afectado al turismo y al comercio catalán, el efecto en Aragón –una de las comunidades que más perjudicada podría haber resultado por su relación comercial con Cataluña– ha sido menor, algo que también ha sucedido en el resto de España.

Si se tienen en cuenta los traslados realizados entre enero y octubre de 2017, el total asciende a más de 240. También ha de tenerse en cuenta que entre octubre y enero 12 empresas aragonesas optaron por el cambio inverso e instalaron su sede en Cataluña.

El presidente de la CEOE Aragón cree que si se forma gobierno y este acata la legalidad "la situación volverá a calmarse". No obstante, en caso de que haya que repetir elecciones, el efecto sería el contrario. Esto podría afectar, según dice, a las inversiones previstas a medio plazo en Cataluña.

Sánchez, por su parte, coincide en que un mal cierre de la crisis catalana podría "perjudicar seriamente a las economías limítrofes". "También dispararía las consultas a niveles de octubre", dice.