La guerra contra los grafitis se salda con 89 denuncias en un año en Zaragoza, seis de ellas por la vía penal
Las vallas del Pilar e Independencia se han convertido en las últimas ‘víctimas’.
La guerra contra los grafitis se ha saldado con 89 denuncias en el último año en Zaragoza, seis de ellas tramitadas por la vía penal por la gravedad de los daños. El recrudecimiento de las sanciones fruto de la nueva ordenanza de limpieza no ha impedido a los ‘artistas’ del spray seguir estampando sus firmas por toda la ciudad. El último ejemplo se ha visto en la gran valla instalada en la antigua sede de la CAI en el paseo de laIndependencia, donde próximamente se instalará Zara.
La estructura fue vandalizada a las pocas horas de ser colocada y ha tenido que ser repintada. Sus responsables optaron por taparla poniendo un rótulo en el centro para evitar que los grafiteros actuaran de nuevo, pero la historia se ha vuelto a repetir. El de la Seo, otro de los más sonados por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), puso de manifiesto las graves consecuencias que pueden tener este tipo de infracciones. El episodio más grave ocurrió en diciembre de 2022, cuando varios jóvenes utilizaron pintura de color negro para ensuciar la fachada situada en la calle de Diego Dormer con la calle del Cisne. Ese mismo punto ha vuelto a ser vandalizado hace escasos días. Esta vez, con espray verde y el texto ‘Y. A. S. 2024’.
También son frecuentes las pintadas en las vallas metalizadas instaladas en tres de las cuatro torres de la basílica del Pilar. Su importancia para la ciudad ha hecho incluso que el Ayuntamiento se haya hecho cargo de la limpieza a través de las brigadas de FCC, según confirmaron desde el área de Movilidad y Medio Ambiente.
Los grafiteros se han cebado con la ampliación del parque de Pignatelli, y en zonas de reciente inauguración como la plaza de Salamero se ha tenido que recurrir a la pintura en varias ocasiones para tapar firmas que ensuciaban el renovado mobiliario.
En el caso de vallas como la instalada en el paseo de laIndependencia, desde el Ayuntamiento recuerdan que toda la responsabilidad en materia de salubridad y movilidad "recae en el responsable del proyecto" mientras la licencia siga en activo, y que el Consistorio solo podría requerir su mantenimiento en caso de que exista una degradación evidente.
Según las estadísticas de la Policía Local, solo en 2023 se pusieron 83 denuncias por incumplir la ordenanza de limpieza o atentar contra la ley de Seguridad Ciudadana. Las primeras pueden constituir infracciones graves o muy graves, con multas de que van desde los 751 a los 1.500 euros y de los 1.500 a los 3.000, respectivamente. Según consta en la normativa municipal, se consideran muy graves las pintadas e inscripciones sobre la vía pública o bienes de interés cultural. Especialmente cuando se hayan utilizado materiales que, por su duración o interacción química con las superficies, requieran para su limpieza de productos que puedan deteriorar la superficie en cuestión.
Que tengan una calificación u otra obedece, principalmente, a dónde se hacen y al daño que producen. Las acciones en contra de la ley de Seguridad Ciudadana suelen derivar en sanciones leves de entre 100 y 600 euros por el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles. Los casos más extremos, sin embargo, se tramitan como infracciones penales y pueden acarrear incluso penas de prisión, como ha podido verse en los últimos años en varios puntos de la Comunidad.
En 2020, un joven de Calatayud fue detenido tras hacer más de cien pintadas en la ciudad, una de ellas en el lateral de la torre de la Colegiata de Santa María la Mayor, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2001 por la Unesco, y en la provincia de Huesca, otro joven fue condenado en 2018 a tres años y medio de cárcel por colarse en la estación de Canfranc, pintar un tren y pegar a un empleado de Adif.
Las alternativas existentes
Desde la Policía Local reconocen que localizar a los autores es "bastante complicado", ya que se aprovechan de la oscuridad de la noche y de "lugares escondidos" para no ser vistos. A esto hay que sumar que actúan de una forma relativamente rápida, lo que dificulta todo aún más. A la mayoría se les sorprende in fraganti gracias al trabajo de las patrullas preventivas, como ocurrió en la Seo.
Los agentes no instruyen los expedientes sancionadores, sino que se remiten al Ayuntamiento de Zaragoza o a la Delegación del Gobierno. En los últimos años, el Consistorio ha impulsado campañas específicas contra los grafitis. Cada día, de hecho, se eliminan cerca de un centenar. También ha habilitado puntos en los que pintarlos sí está permitido.
Ocurre en la llamada ‘Graffity zone’, en ‘El Túnel’ del barrio de Oliver, donde los muros se renuevan cada cuatro meses siempre que haya demanda. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y prohíbe pintadas de contenido "violento, sexista, xenófobo, político o religioso".
En el último año, el Ayuntamiento también ha buscado jóvenes grafiteros para dar color a la antigua fábrica de Giesa o al ferial de Valdespartera, iniciativas que han contado con un amplio respaldo, pero que no han conseguido minimizar las afecciones en la ciudad. Las empresas especializadas reciben avisos todas las semanas de comunidades, empresas y particulares. Tanta es la demanda que hay compañías que han convertido este servicio en una de sus actividades principales. No obstante, también los hay que han desistido y han terminado dejando los grafitis existentes para evitar gastar dinero y que vuelvan a pintar al poco tiempo.
El grafitero PIT, buscado también en Alicante
La Policía de Alicante ha solicitado la colaboración de su homóloga en Zaragoza tras la detención, el pasado mes de diciembre, del joven grafitero conocido como PIT, que respondía a las iniciales S. S. G.
Junto a él se arrestó también a ‘Nano’, un hombre de 34 años identificado por los agentes como F. H. G.
Sus firmas llegaron a verse en multitud de puntos de la ciudad, con grafitis en el Banco de España, Vía Hispanidad y numerosos bloques de viviendas, provocando un deslucimiento más que evidente. De hecho, todavía pueden apreciarse en puntos como el mástil del reloj de sol de Vadorrey.
Desde la Policía Local recuerdan que en los casos más graves no solo se piden responsabilidades penales, sino que se hace una valoración que se adjunta a las diligencias de cara a reclamar los daños ocasionados.
