El BCE aconseja al Gobierno "no cegarse" con los ingresos del impuesto bancario
Luis de Guindos recuerda que la banca afrontará insolvencias de negocios e insiste en que la inflación se complicaría sin la subida de tipos.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha recomendado al Gobierno, y al resto de autoridades europeas que se lo puedan plantear, que "no puede dejarse cegar" por "los efectos a corto plazo" de esta medida, es decir, por la recaudación tributaría que generará para el Estado, calculada en unos 3.000 millones de euros en dos años en el caso del gravamen bancario. Porque, ha avisado, el coste de los depósitos también se incrementará para la banca -tendrán que pagar más a los clientes por estos productos- y, sobre todo, porque habrá empresas insolventes, más morosidad y las entidades se verán obligadas a incrementar sus provisiones, lo que les supone un gasto adicional.
De Guindos ha admitido que "nos encontramos también con una situación de enorme incertidumbre con la desaceleración del crecimiento económico y sobre el sector el sector empresarial, consideramos que va a haber segmentos específicos en los cuales la solvencia se puede ver afectada en la zona euro", ha apostillado.
El BCE se ha pronunciado públicamente por primera vez acerca del impuesto a la banca que el Gobierno ha presentado, y lo ha hecho para advertir de que "no debe afectar al coste de financiación". Así lo considera el también ex-ministro de Economía, quien ha participado en un foro de Banco Sabadell, para referirse a la posibilidad de que el propio planteamiento del tributo -que en principio gravará los ingresos de las entidades y no el beneficio neto- impulse a los bancos a elevar aún más los tipos de interés que aplica en las hipotecas y créditos al consumo que aplica al comercializarlos.
La proposición de ley del impuesto incluye la prohibición de trasladar este coste fiscal al consumidor final, aunque el texto deja en manos de la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) la posibilidad de habilitar una fórmula para impedir esa situación. Sin embargo, Guindos ha advertido sobre el efecto colateral del impuesto, y también lo ha hecho para insistir en que el tributo no debe afectar tampoco «ni a la concesión de créditos ni a la solvencia» de las entidades financieras.
En ese contexto, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliú, ha insistido en que el impuesto es "un ataque" a la banca, al menos tal y como está planteado hasta ahora. También ha indicado que "aunque hay que arrimar el hombro", a su juicio, deben hacerlo "dándole una o varias vueltas de tuercas" a la proposición de Hacienda, que opta por gravar los ingresos de las entidades. Además, se ha quejado de que el tributo "solo afecta a algunos grupos bancarios" por lo que lo considera "discriminatorio".
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, también ha pedido al Ejecutivo que el nuevo impuesto a la banca, planteado junto al de las energéticas, "sea temporal y no distorsione la competencia". El ejecutivo ha asumido que este tributo puede llegar, "aunque sea inesperado". "A nadie le gusta pagar impuestos", ha reconocido González-Bueno, quien ha recordado que la entidad pagó más de 800 millones de euros en tributos en 2021, "frente a un beneficio neto de 530 millones".
En cualquier caso, Sabadell ve "vientos a favor impulsados por la subida de tipos" que mejorarán el resultado del banco. Aunque, al mismo tiempo, considera que "el impacto de la inflación y los tipos en la morosidad va a ser más controlable". Es decir, no anticipa grandes problemas de impago por la subida de los intereses.
"Dolor" en las familias
En lo que sí ha insistido Luis de Guindos es en la necesidad de que el BCE siga incrementando los tipos de interés en la zona euro en los próximos meses "en función de los datos", porque la situación "sería mucho más complicada" De hecho, ha insistido en que "el primer dolor que tiene la población europea es la inflación". Y para ello, el BCE tiene la única herramienta en sus manos que es la subida de tipos, lo que actúa sobre la demanda -al elevarse las hipotecas y créditos, la población gasta menos-, lo que debería influir en la curva de la inflación. En cualquier caso, ha reconocido que las subidas de tipos no tienen sus efectos hasta pasados 12 a 24 meses desde que se aplican. Y que la institución seguirá subiendo los tipos de interés "en función de los datos" de la evolución de los precios.
En medio de las polémicas por las subidas o bajadas de impuestos para afrontar esta crisis, Luis de Guindos ha insistido en que la política fiscal de los gobiernos europeos no debe ser expansiva por el efecto que tendría sobre la inflación, contrarrestando los esfuerzos que está realizando la autoridad monetaria subiendo los tipos de interés: "La política fiscal tampoco puede ser la que fue en ese momento, el famoso 'lo que haga falta' para la política fiscal", ha subrayado. Cree que las medidas deben ser selectivas y estar centradas en los segmentos vulnerables de la población.
Uno de los efectos de esa política será previsiblemente que los precios de la vivienda en el conjunto de la zona euro registrarán un descenso de hasta el 9% en los próximos dos años. En un artículo publicado en su 'Boletín Económico', varios economistas de la institución recuerdan que en el primer trimestre de 2022 se ha registrado un incremento de los tipos de interés de las hipotecas de 63 puntos básicos, lo que supone el mayor incremento semestral jamás registrado.
También han agregado que este alza tendrá efectos tanto en los precios de las viviendas como en la inversión inmobiliaria. De acuerdo con una proyección lineal elaborada por los técnicos del BCE, un incremento de un punto porcentual en lo tipos de las hipotecas provoca un descenso del 5% de los precios de la vivienda tras dos años, así como una caída del 8% de la inversión inmobiliaria.
Las energéticas respiran más tranquilas con el tributo europeo
Las compañías energéticas españolas potencialmente afectadas por el impuesto que el Gobierno tiene en plena tramitación en el Congreso muestran cierta tranquilidad ante la llamada realizada la semana pasada por la Comisión Europea, que pretende aplicar una tasa diferente, con un impacto menor en sus cuentas de resultados. Esa es la idea con la que trabajan los ejecutivo de las eléctricas (Iberdrola, Endesa o Naturgy) y las petroleras (Repsol, Cepsa o BP) a la hora de valorar la intención de Bruselas de gravar los beneficios extraordinarios, y no los ingresos por facturación, como pretende el Ejecutivo español.
La música de esa propuesta comunitaria "suena mejor", según apuntan fuentes del sector energético a este diario. La realidad es que, si se aplica la idea de un beneficio extraordinario con un gravamen del 33% sobre la media de los beneficios de los tres últimos años que supere un 20%, compañías como Repsol se verían mucho menos afectadas por el tributo, ya que entre 2019 y 2020 registraron pérdidas en sus cuentas anuales.
En el caso de las eléctricas -excluidas las gasistas, a las que sí afectaría el impuesto europeo de beneficios extraordinarios- verían aliviado su impacto frente al impuesto sobre ingresos, ya que la medida europea pensada para este sector sería la de limitar a 180 euros/Mwh el coste de generación a las inframarginales.
Recurrir como opción
Por ahora, las voces que llamaban a la judicialización del gravamen español presentado en julio y en tramitación en las Cortes desde mediados de septiembre, parecen calmarse. Aunque ningún agente del sector da nada por seguro. "Seguiremos estudiando el contenido de la propuesta europea hasta llegar al texto definitivo que se apruebe", indican algunas empresas. "Iremos paso a paso", apuntan otras.
Si consideran que se ven perjudicados sus derechos, también acudirán a la Justicia, aunque la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calmado temporalmente sus intenciones.
