Familias monoparentales: "Miro a mi hija y pienso: quién se atreve a decir que no tiene los mismos derechos"

Nieves Lozano, una profesora de Secundaria zaragozana, siempre deseó ser madre, aunque nunca pensó que acabaría cumpliendo su sueño sola. Pese a ello, ahora, mientras pasea a su hija de 10 meses por la Aljafería, no siente que le falte nada. "Somos una familia completa", asegura. Lo que lamenta es que cree que se discrimina a las familias monoparentales como la suya a la hora de coger las bajas por maternidad o paternidad. Pide que se amplíen para que tengan la misma duración que las de una pareja, por el bien de los hijos. En su empeño por conseguirlo ha acudido al Justicia de Aragón, que le acaba de dar la razón.

"Yo no pienso en la parte económica, miro a mi hija y pienso: quién se atreve a decir que no tiene los mismos derechos", plantea. Ha ido enlazando su baja con días de asuntos propios y una excedencia, para alargar el cuidado de su bebé, y echa cuentas ahora para saber si podrá prolongarlo mucho más. Su objetivo es "dar pasos para que se normalice", añade, en cuanto a la figura de las familias con un único progenitor. Ahora critica que "la ley va por detrás de la sociedad".

Una decisión muy pensada

Su historia es la de una decisión muy pensada, como la de muchas madres del colectivo, formado mayoritariamente por mujeres. Desde que estudiaba las oposiciones ya le movía la motivación de tener un trabajo fijo pensando en formar una familia. Tuvo que esperar porque cuando iba a someterse a un tratamiento de fertilidad le detectaron un carcinoma intra ductal en el pecho. La operaron y pasó un tiempo hasta que pudo intentar quedarse embarazada. No perdió la esperanza. "Estuve cinco años esperando cada día".

Su hija nació en abril de 2020, en plena pandemia de covid. Acudió su hermano al parto porque su madre no podía ir por la crisis sanitaria. "Fue cesárea y después pasé cuatro días sola en el hospital, pero no me sentía sola porque estaba con mi niña, tan feliz. Era un sueño cumplido". Y por ella lucha ahora. "Cuando ves que tu hija no tiene los mismos derechos, te entra rabia. Por un hijo haces lo que se pueda", explica, sobre lo que le empuja a seguir reclamando que su baja maternal no sea solo de 16 semanas.

Primero, se dirigió al departamento de Educación del Gobierno de Aragón para pedir que se ampliara el permiso y evitar que su hija tuviera "menos atención familiar en su primer año de vida de la que disfrutaría si formase parte de una familia biparental". Tras ser rechazada la petición ha seguido recurriendo con el asesoramiento de la asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), que le ayudaron con los trámites en los tribunales, que confiesa que no se hubiera atrevido a afrontar sin ese apoyo. La organización, a nivel nacional, cuenta con unas 1.500 asociadas, de las que alrededor de 60 son aragonesas.

Recomendaciones del Justicia a la DGA

Al mismo tiempo, escribió al Justicia de Aragón buscando su apoyo, que ha encontrado. En su escrito, Ángel Dolado, reconoce que al ser una cuestión que no está recogida en la ley, no se está incumpliendo ningún precepto, pero lanza una serie de recomendaciones al Gobierno de Aragón por ser una situación jurídica "que está siendo objeto de debate".

El Justicia aconseja a Educación que, en coordinación con el departamento responsable de Función Pública, "se planteen una modificación de la normativa aplicable a los permisos por nacimiento para la madre biológica y por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón que, en los supuestos de familias monoparentales permita disfrutar del periodo voluntario que la ley atribuye al otro progenitor". De esta forma, busca "asegurar al menor un período de cuidado igual que si formara parte de una familia biparental".

Además, Dolado pide que "se promueva una interpretación de la normativa actual" conforme a las citadas recomendaciones, mientras se produce el cambio.

En el escrito, el Justicia hace referencia a precedentes como la sentencia que dictó el año pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que se reconoce el derecho de una madre sola. Menciona que hay, "al menos", dos demandas interpuestas por dos madres zaragozanas, también profesoras, en los juzgados de lo contencioso-administrativo, después de haber sido rechazadas sus peticiones por Educación.

Se introduciría un sesgo "que quebranta el desarrollo del niño, al quedar atendido menos tiempo y con menor implicación personal de quien ha sido considerado progenitor"

En su argumentación destaca que "las normas en materia de protección de la maternidad, han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor". A ello une que el TSJPV se apoya para reconocer la ampliación en "la protección del menor y en general de la infancia, la introducción de una medida de igualdad de la mujer, y un elemento de conciliación de la vida familiar".

El Justicia hace hincapié también en que el citado tribunal vasco considera que de no reconocerse se estaría discriminando al menor "por el estado civil de sus progenitores", y se introduciría un sesgo "que quebranta el desarrollo del niño, al quedar atendido menos tiempo y con menor implicación personal de quien ha sido considerado progenitor". Cita también que ya existe regulación en el sector público en comunidades como Cataluña y está pendiente a nivel nacional una Ley de Familias Monoparentales.

"Los derechos del niño no deben depender de la familia a la que pertenece"

Desde la asociación Madres Solteras por Elección se ha recurrido a nivel nacional al amparo del Defensor del Pueblo para que "inste al Gobierno a cumplir las modificaciones aprobadas en una reciente moción en el Senado", apunta Miriam Tormo, su presidenta. Añade que la cuestión se ha regulado también para funcionarios en Galicia y Castilla-La Mancha. La sentencia del TSJPV fue recurrida por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo. Destaca como precedente, dentro de la propia judicatura, una reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que admitía la ampliación del permiso para una magistrada que lo solicitó para cuidar de su hijo.

"Los derechos del niño no deben depender de la familia a la que pertenece", reclama Tormo. Lamenta que el modelo de familia monoparental "no se refleja en las políticas públicas", ni siquiera en el decreto de medidas urgentes que amplió los permisos por nacimiento hace dos años y que dejó fuera al colectivo.

Cristina Vallés y su hijo, en 2020.

Oliver Duch

Cristina Vallés es una de las dos profesoras zaragozanas que llevaron su caso a los tribunales el año pasado, con el apoyo del sindicato CGT. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza no les ha reconocido la ampliación del permiso porque no se contempla en la ley. Mantiene lo que dijo el año pasado cuando presentaron la primera demanda, animadas por la resolución del País Vasco: "Que no esté legislado no es la excusa para que mi hijo tenga menos derechos que otro". "Nosotras vamos a tener que seguir peleándolo. Esta lucha va a llevar tiempo hasta que se legisle", reconoce.

En Aragón, se acaba de introducir la ampliación del permiso en el plan de igualdad de la Administración General de la comunidad autónoma que entró en vigor en enero, y para cuya aplicación se ha dado un plazo de seis meses, pero solo para esos empleados. Quedan fuera los de Educación (cuyo plan de igualdad se está elaborando), el Salud, etc. "Hay diferencias hasta dentro de la administración", lamenta.

Estela Rabadán, socia zaragozana de Madres Solteras por Elección y empleada de la DGA, ha trabajado en el equipo que ha elaborado el plan en la administración autonómica. Ahora falta extenderlo a más funcionarios y sectores. "No puede ser que seamos lo mismo y para unas se pueda introducir y para otras, no", se queja sobre la falta de una normativa general. En su caso, todavía no está embarazada, pero está decidida a ser madre sin pareja. "El menor es el que pierde ese cuidado", recalca, y lamenta que el colectivo "no existe", mientras no llegue una norma estatal de familias monoparentales.

"Nuestras reivindicaciones son porque los derechos del menor tienen que prevalecer y nuestros hijos tienen la mitad de los cuidados", añade Eva Barrio, delegada en Aragón de la citada asociación. "Luchamos por los derechos del menor, no por las semanas", puntualiza, y considera que para cualquier madre, "16 semanas son muy poco".