Ampliación del permiso de maternidad: "Que no esté legislado no es la excusa para que mi hijo tenga menos derechos que otro"

Cristina Vallés, profesora zaragozana de 39 años, tomó la decisión de tener un hijo ella sola. Ya sabía que se enfrentaría a situaciones complicadas, como económicas o de conciliación, pero ha encontrado una diferencia con la que está decidida a luchar en los tribunales. Ella y otra maestra zaragozana han presentado sendas demandas para reclamar que el permiso por nacimiento de las familias monoparentales se equipare al que pueden disfrutar las formadas por dos progenitores. Que se sumen a sus 16 semanas las que se añadirían para el cuidado del menor si fueran una pareja. El sindicato CGT al que están afiliadas ha recurrido ante los tribunales la negativa de la Administración por no estar contemplado este supuesto.

"Que no esté legislado no es la excusa para que mi hijo tenga menos derechos que otro", reclama. No lo plantea tanto como un problema de conciliación, sino de cuidados de su hijo en esas primeras semanas. "No se entiende que haya discriminación para un menor", ya que no puede disfrutar de todo el tiempo de cuidados tras el nacimiento que tiene otro de una familia "tradicional", denuncia Cristina, que lleva reclamando la ampliación de la prestación desde que este nació en diciembre de 2019, hace casi un año.

Precisamente este miércoles se ha conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha reconocido a una trabajadora el derecho a una prestación de 24 semanas en base a "la protección del menor". En el caso de las zaragozanas, como son funcionarias, se ha acudido a los juzgados de lo contencioso-administrativo, para interponer recurso, explica Luis Bandrés, abogado de las profesoras. A los tribunales llegan tras la negativa del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, por silencio negativo, y tras intentarlo ante la Seguridad Social y su mutua (Muface).

"Olvidadas" por la nueva normativa de igualdad

Su compañera, también afiliada a CGT, que prefiere no dar su nombre, cree que "hemos sido unas grandes olvidadas" en la nueva normativa estatal para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Ambas ven positivo que se avance en la equiparación de los permisos por maternidad de padres y madres, pero critican que no se haga ninguna referencia a las familias monoparentales, que solo pueden disfrutar la mitad. "Yo creo que se hizo una ley sin pensar en nosotras. No creo que haya sido por perjudicar, pero no nos han tenido en cuenta", lamenta.

Ambas coinciden en que la opción de tener un hijo la tomaron sabiendo que no sería fácil. "Desde que tomé la decisión de que quería ser madre, al estar sola, esto ya implicaba un trabajo añadido", confiesa Cristina. Y empezó a darse cuenta de las diferencias que suponía en cuanto a la baja por maternidad porque empezó a observar al resto de compañeros en el trabajo y veía "que se dividían el permiso", de forma que "los padres se guardaban para cogerlo cuando finalizaba el de la madre y poder estar más tiempo con sus hijos", recuerda.

Mayoría de mujeres

"Yo me planteé que mi hijo ya no iba a tener esos cuidados, iba a tener que incorporarse antes a una guardería o al cuidado de una persona". Ella no cuenta con familia en Zaragoza. "Es una discriminación hacia el menor que no disfruta de los mismos cuidados que un menor de una familia tradicional", denuncia.

"Es un proceso largo y caro, pero gracias al apoyo del sindicato se puede abrir esta puerta, no solo por mi hijo sino por todos los hijos del resto de madres que somos familias monoparentales", añade. Según datos del Instituto Nacional Estadística, el 81% de los hogares monoparentales están formados por mujeres, ha recordado el sindicato.

"Se puede abrir esta puerta, no solo por mi hijo sino por todos los hijos del resto de madres que somos familias monoparentales"

Como funcionaria, espera que la Administración sea "la que primero dé ejemplo y nos tenga en cuenta". Aragón es de las comunidades donde se reconoce el término de familia parental, con un carnet específico, pero demandan más avances.

"Yo me considero una persona bastante luchadora, que me gusta la igualdad de derechos y que todo el mundo pueda acceder a lo mismo", añade la otra demandante. "Cuando decidí ser madre ya sabía las consecuencias", confiesa, pero se decidió a reclamar cuando vio "que se estaba ampliando los permisos de paternidad y ves que tú no vas a ver nada. No tú, tu hijo".

Las dificultades de cuidar sola a un bebé han aumentado con la pandemia. Como todos, la nueva situación generó "miedos" y dudas para organizar la vida diaria. "Lo pasé bastante mal. Vivimos en un piso pequeño interior, sin terraza. Mi hija acababa de hacer cinco meses. Tenía que bajar a comprar con ella y la gente me miraba por llevarla. Un día una cajera me dijo, '¿estás sola?, y casi me echo a llorar", recuerda sobre los meses del confinamiento. En ellos daba clases 'online' a sus alumnos, a veces, con la niña encima y preparaba los trabajos de madrugada. Ella sí que tiene a sus padres cerca y cuenta con ellos ahora.

Coinciden en señalar que si ellas no lo ven "por lo menos las que vengan detrás", que tengan esa opción. "Somos cada vez más. En España hay casi 2 millones de familias monoparentales". Son conscientes de que no todo el mundo podrá permitirse ampliar la baja, pero defienden que al menos exista la posibilidad.

Cuestión de inconstitucionalidad

Será el juzgado el que tenga que pronunciarse ahora. La demanda, admitida a trámite, se apoya en "la primacía del interés y protección de los hijos menores" que se incluye en el artículo 39.2 de la Constitución. Además de la "obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39.1).

En el escrito, su abogado señala, entre otros argumentos, que el Estatuto Básico del Empleado Público "no observa ni dicha primacía del interés y protección de los hijos menores ni tampoco despliega una protección a las familias, en nuestro caso, monoparentales". A ello une que considera que "la negativa recibida por la recurrente genera discriminación indirecta por razón de sexo".

Por otro lado, insta al juzgado a que plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por "omisión legislativa" con respecto al artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, por no reconocer la situación del colectivo de familias monoparentales.