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Cincuenta millones de inversión para el Real Zaragoza

Este es el montante que está dispuesta a destinar al club aragonés la sociedad Spain Football Capital. Los accionistas minoritarios esperan a conocer pronto la segunda oferta, que controla la familia Alierta.

Junta de Accionistas del Real Zaragoza de diciembre de 2019, antes de declararse la pandemia del coronavirus.
Junta de Accionistas del Real Zaragoza de diciembre de 2019, antes de declararse la pandemia del coronavirus.
Guillermo Mestre

La sociedad Spain Football Capital, una de las firmas interesadas en la compra del Real Zaragoza, está dispuesta a invertir hasta 50 millones de euros en el club aragonés: 20 destinados a la operación de compraventa e inyección inmediata de capital en la sociedad anónima deportiva y otros 30 en la mejora de la plantilla, a lo largo de los dos o tres próximos ejercicios. Desde un punto de vista económico-deportivo, su plan de negocio para el Real Zaragoza pasa por situar el techo de gasto en la plantilla en alrededor de 10 millones de euros, de modo recurrente, sin ingresos ordinarios, habida cuenta de que los equipos de la Segunda española que, estadísticamente, tienen más opciones de estar en plazas de promoción de ascenso se sitúan en ese límite presupuestario.

Una de sus primeras intenciones en este sentido es negociar con la Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional, que preside Javier Tebas, las bases para poder incrementar el techo de gasto del Real Zaragoza, situado la pasada temporada en 8,6 millones de euros y que corre el riesgo de caer a cifras sensiblemente inferiores, a unos 4 millones de euros, si no se resuelven en próximas fechas las fuertes tensiones de tesorería que acusa la entidad.

Menos definida en estos términos –al menos públicamente– está una segunda oferta de adquisición del Real Zaragoza, propuesta que maneja la familia Alierta, propietaria de la mayoría de los títulos accionariales de la sociedad anónima deportiva.

Según han señalado distintos accionistas minoritarios, aún no se les ha dado traslado de esta oferta, de la que tampoco se conoce hasta el momento la identidad de sus inversores.

De acuerdo con fuentes consultadas por este periódico, podría tratarse de la fusión de capitales internacionales interesados en invertir en el fútbol profesional español –no específicamente en el Real Zaragoza– y de aportaciones de los exzaragocistas César Sánchez, quien fuera guardameta del equipo aragonés, y de Ánder Herrera, en la actualidad jugador del París Saint Germain. Ambos, ya mostraron interés en entrar en el capital del Real Zaragoza de algún modo durante el pasado mercado de invierno, cuando la escuadra de La Romareda precisó de refuerzos para intentar salvar la categoría.

Hasta aquí, sí que se sabe que esta segunda oferta está bien vista por la Liga de Fútbol Profesional, siendo ésta, precisamente, la que ha derivado tal propuesta al Real Zaragoza. Al parecer, se trata de un proyecto ambicioso, en el que se contemplan no sólo los ámbitos deportivos y societarios del club, sino también el proyecto de modernización de La Romareda, el estadio que acusa mayor obsolescencia en el fútbol profesional español.

Mientras tanto, los hermanos Álvarez del Campo y el abogado Francisco Domínguez, socios en Spain Football Capital, han analizado en las últimas horas los detalles finales de los estados financieros del Real Zaragoza, que mantiene un pasivo de 70 millones de euros y que este verano, como ha ocurrido en otros estíos, atraviesa por un delicado momento de caja.

Los préstamos participativos, avalados en una medida u otra por los actuales accionistas, han sido una solución a este tipo de problemas en pasados ejercicios; pero se ha llegado a un punto en el que el club precisa de otras fuentes de ingresos para atender a sus obligaciones.

En este contexto, el Real Zaragoza espera obtener entre este lunes y este martes las adhesiones necesarias entre los acreedores ordinarios de su concurso a la propuesta de modificación del tiempo de las esperas, y llevar de este modo los pagos a los acreedores hasta el año 2030.

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