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Condenado a prisión en Zaragoza por explotar a sus trabajadores con jornadas de hasta 19 horas
La casualidad quiso que un control del alcoholemia de la Policía Local sirviera para destapar el entramado.
Cada día a cualquier hora, la Policía Local de Zaragoza tiene montado un control de alcoholemia en algún punto de la capital aragonesa. Pero no son beodos al volante lo único que cazan los agentes gracias a estos despliegues, en los que también detienen a conductores sin carné, traficantes de droga o delincuentes en busca y captura. Sin embargo, la casualidad quiso que el 28 de diciembre de 2019, Día de los Inocentes, una patrulla diera el alto a una furgoneta sin rotular en la que circulaban dos peones de una empresa de reformas. Al pedirles los papeles, los municipales comprobaron que uno de ellos no tenía documentación ni autorización para trabajar en España. No lo sabían entonces, pero estos policías habían destapado un entramado fraudulento que explotaba a trabajadores sin contrato con jornadas de hasta 19 horas.
El empresario que estaba al frente de la trama, Roberto M. T., de 52 años y origen nicaragüense, acaba de ser condenado por la Audiencia de Zaragoza a casi tres años de prisión, así como al pago de multas que ascienden a 201.800 euros. El tribunal de la Sección Tercera le obliga también a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con 81.173 euros por las numerosas cuotas que dejó de abonar durante varios años.
La Fiscalía y el letrado de la Administración de la Seguridad Social sentaron en el banquillo a un segundo acusado, Julio César M. M., de 26 años y nacido en Zaragoza. Y lo hicieron porque en el año 2018 este figuró como administrador de una de las tres sociedades del principal encausado. Cuando declaró en el juicio, el joven aseguró que él era "un simple peón" y que solo había trabajado antes en una hamburguesería de la cadena Burger King. "Poco más", confesó. También explicó al tribunal que su jefe le dijo que lo nombraba administrador de Asisplus Security "solo por tres días" y que "todo era legal". Cuando no lo era.
El joven era solo un subordinado
Las acusaciones pidieron para ambos investigados penas de entre 4 y 5 años de prisión, pero el único que acabará entre rejas –si un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) no lo impide– será el verdadero responsable del entramado societario. Porque, como explican los magistrados en su sentencia, Julio César M.T. nunca tuvo "ningún poder real de dirección". Para estos, el joven era un simple testaferro que, como subordinado, se limitaba a acatar las órdenes de su jefe: "Yo firmé el documento, pero no aporté ninguna cantidad de dinero y seguí trabajando como peón, puesto que el administrador real de las empresas era él", declaró. De ahí que el tribunal concluya que el "administrador de hecho" era su propietario.
"Como dueño de los tres negocios, Roberto M. T. contrataba trabajadores, en ocasiones sin darles de alta en el régimen de la Seguridad Social; otras sin pagarles íntegramente el salario, realizando pagos parciales en mano y en metálico; y en ocasiones sometiéndoles a jornadas laborales intensivas de hasta 19 horas sin apenas descansos", dice el fallo, que condena al empresario nicaragüense por un delito contra los derechos de los trabajadores (año y medio de prisión y 1.800 euros de multa) y otro contra la Seguridad Social (pena de un año y tres meses y multa de 100.000 euros). La Audiencia condena también a la empresa Asisplus Security, en calidad de persona jurídica, a otra multa de 100.000 euros. Cantidad a la que también deberá hacer frente el acusado por ser su único propietario.
La sentencia impide, asimismo, obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales al condenado, quien se acogió a su derecho a no declarar en el juicio.
