tribunales
Diez años de contable en una empresa de Zaragoza le permiten sisar 500.000 € al jefe
La empleada confiesa el engaño, exonera a tres miembros de su familia y acepta una condena de dos años de prisión por apropiación indebida.
Llevaba diez años encargándose de la contabilidad de la empresa. No había gasto o cobro que no pasase por sus manos. Disponía de las tarjetas de crédito y las claves para operar con ellas y preparaba la documentación fiscal para presentarla en la gestoría.
Era una empleada de plena confianza del jefe, quien, como el resto de sus empleados, se pasaba el día trabajando fuera de la oficina en las labores propias de la empresa, dedicada al tratamiento y erradicación de plagas.
Las cuentas no eran boyantes y el dueño no se explicaba por qué, puesto que trabajaban bastante y tenían suficientes encargos para funcionar con solvencia. Incluso se vio obligado a solicitar varias líneas de crédito y hacer aportaciones de capital como administrador de la empresa por importe de 32.500 euros.
La explicación llegó con la pandemia de Covid y el confinamiento cuando, al cambiar las formas de trabajo, el jefe tuvo que meterse en la oficina y empezó a revisar papeles. Encontró, por ejemplo, gastos de hoteles de cuatro estrellas o tratamientos de belleza. A partir de ahí, fue tirando del hilo y descubrió que no solo era eso y que había salidas de dinero de su empresa a supuestos proveedores, algunos reales y otros ficticios, que realmente habían ido a parar a cuentas de su empleada, Cristina C. G.
Cuando el dueño fue consciente de lo que estaba pasando, el 6 de mayo de 2020 la despidió, sin que ella se opusiese. La razón: haberse apoderado de dinero, con evidente ánimo de enriquecimiento injusto, en su propio beneficio o en el de personas allegadas durante el tiempo que estuvo trabajando, desde junio de 2011. En total, los peritos calcularon que se había apropiado de 485.338 euros, bien a través de transferencias o gastos con tarjetas.
Según la Fiscalía y la acusación particular, a cargo de los abogados Enrique Trebolle y Mariano Bonías, la acusada se apoderaba del dinero de diferentes formas. Una era mediante transferencias desde las cuentas que la empresa tenía en distintas sucursales bancarias tras de las que era titular ella misma o compartía con familiares.
Pagó sus propios préstamos con el dinero ajeno
Otra manera era adquirir diferentes productos y servicios de uso personal utilizando la tarjeta de crédito que la mercantil tenía asociada en el Sabadell, o los abonaba directamente con transferencias. A lo largo de esos años también abonó préstamos concertados por ella misma o allegados desde las cuentas de la empresa. Para ocultar estos movimientos de dinero, la acusada anotaba en la contabilidad facturas inexistentes que no obedecían a operaciones reales, aunque luego los incluía en las declaraciones tributarias.
En total, las transferencias ilícitas efectuadas por Cristina C. G. y, por tanto, el perjuicio sufrido por la empresa ascendieron a 485.338 euros, de los cuales 475.282 se correspondían a transferencias recibidas en las cuentas de la acusada y de sus familiares; 9.215 a transferencias a favor de particulares o entidades mercantiles sin relación comercial, financiera o profesional con la empresa y el resto, 841 euros, se destinaron a una cuenta de la que no se pudo obtener información.
En sus escritos provisionales, la Fiscalía y la acusación particular solicitaban penas de cinco años de prisión para la encausada principal y de tres para su madre, su hermana y su exmarido, como beneficiarios directos o a título lucrativo.
No obstante, tras un acuerdo con las defensas, ejercidas por las letradas Isabel García Rubio, Alba Vicente y Marina Verón, la acusada exoneró a sus familiares y reconoció todos los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera. Cristina C. G. ero se conformó con una pena de dos años de cárcel y seis meses de multa a dos euros diarios (320 euros), así como el abono a plazos de 524.545 euros como responsabilidad civil. En el caso de que incumpliera los pagos, deberá ingresar en prisión para cumplir la condena.
