Juicio contra más de 50 acusados de Huesca y Zaragoza por un fraude a la Seguridad Social para cobrar prestaciones
La Fiscalía y la Tesorería -acusación particular- negocian un acuerdo con los implicados para evitar la celebración de la vista a cambio del reintegro de los más de 100.000 euros defraudados.
La Audiencia Provincial de Huesca celebrará este próximo viernes, 8 de abril, un juicio contra más de 50 personas acusadas de un presunto delito de fraude a la Seguridad Social después de que una empresa ficticia les diera de alta como trabajadores con la finalidad de que pudieran cobrar prestaciones por desempleo o por incapacidad temporal sin reunir los requisitos legales para ello. El montante defraudado supera los 100.000 euros.
Segú fuentes judiciales, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida en este caso por la Tesorería General de la Seguridad Social, están tratando de alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones que evitaría la celebración del juicio. El administrador de la falsa empresa que tramitaba las altas se enfrenta a una pena de más de dos años de cárcel mientras que el resto de acusados son falsos trabajadores para los que solicitan penas menores de prisión y multas económicas, además del reintegro de las cantidades económicas indebidamente percibidas. De hecho, hasta ahora varios de los implicados ya han ido devolviendo el dinero, lo cual podría apreciarse como un atenuante.
Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013. Al parecer, se creó una empresa ficticia con domicilio fiscal en Huesca para facilitar supuestamente contratos de trabajo tanto en la provincia altoaragonesa como en Zaragoza y que gestionó altas masivas, lo que despertó las sospechas de la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades ya que dada su configuración era cuanto menos sorprendente que tuviera tantos empleados.
De hecho, a lo largo de la investigación la empresa fue cambiando de actividad (limpieza, chatarra, hostelería...) para tratar de esquivar el seguimiento de los inspectores. La duración de estas contrataciones era suficiente como para poder beneficiarse de las prestaciones del sistema. Fuentes judiciales hacen hincapié en la dificultad que ha supuesto la instrucción de la causa.
