Urbanismo se compromete a desbloquear en noviembre el plan de 165 pisos en Torre Ramona

En la tormentosa relación que viven el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, el plan de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes, es uno de los focos de conflicto. Después de diez meses para tramitar tanto una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como la catalogación de una capilla, unas bodegas y un huerto, el Consistorio tiene previsto desbloquear la operación en noviembre.

Se pondrá así fin a la parte más sustancial de un proyecto que supondrá la transformación del enclave en el que en primer lugar se ubicó el antiguo reformatorio del Buen Pastor, entre las calles de María de Aragón, Tomás Higuera y Colegiata de Bolea. La recalificación, que se aprobó inicialmente en diciembre de 2021, ordena 22.695 metros cuadrados. Allí está prevista la construcción de 165 viviendas, de las que la DGA impulsará 135 de precio libre y el Ayuntamiento, 30 de protección.

El plan se ha visto afectado por el proceso de protección de la capilla, iniciado en 2019, al que se sumaron las bodegas del antiguo inmueble y el huerto. En el consejo bilateral de noviembre de 2021, en el que participaron las dos administraciones, se acordó culminar la catalogación, así como la ordenación de los terrenos, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022.

Conflicto institucional

El Ayuntamiento sí cumplió con la aprobación inicial, pero se ha retrasado con la definitiva, indignando a la DGA, que ve una intención deliberada de bloquear sus proyectos de vivienda en la ciudad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se dirigió por carta al alcalde, Jorge Azcón, para urgir la resolución de este expediente y otros, como el plan de la calle del Embarcadero. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez, llegó a advertir de que acudiría a los tribunales. En ese momento se había conocido la firmeza de la sentencia por las obras del tranvía, que obliga a la DGA a pagar 25 millones al Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, avanza que el pleno aprobará la modificación en noviembre. "Se resolverá antes de que acabe el año aunque se quiera utilizar como confrontación electoral", dice el edil, que recuerda que ha sido un expediente "complicado" por la catalogación y las alegaciones, entre otras las del Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo planteó alguna discrepancia con las superficies y solicitó la eliminación de la servidumbre de acceso al aparcamiento público. Por otro lado, según explica el Ayuntamiento, la DGA pidió "quedar exenta de contribuir a los gastos de la urbanización", que por ley corresponden al promotor. La directora general de Patrimonio de la DGA, Marta Aparicio, matiza esto y apunta que solo se cuestiona el pago de nuevas obras de urbanización por la ampliación del ámbito. Esta apreciación es rotundamente desmentida por Urbanismo, que recuerda además que los terrenos originarios eran terciarios y fueron recalificados a residenciales y que la mencionada ampliación obedece a la incorporación de una parcela de la DGA de grandes dimensiones. El Ayuntamiento advierte de que "la exención de la obligación del pago de los gastos de urbanización haría inviable la delimitación" de los suelos y que esta alegación ha dificultado la tramitación de la modificación del PGOU. Por otro lado, el Ejecutivo pide eliminar la limitación de densidad, lo que le permitiría hacer más pisos, pero más pequeños. Ante esto, Urbanismo argumenta que esa exigencia debe existir dado que marca las reservas para equipamientos.

Al margen de esta disputa jurídica y urbanística, está la cuestión de la catalogación de los elementos protegidos. La DGA se queja de que existe un informe favorable desde febrero sin que Urbanismo haya resuelto este asunto. El Ayuntamiento replica que se ha tenido que trabajar en la ficha catalográfica a petición del Gobierno de Aragón y que el 6 de octubre se remitió a la administración autonómica, para que la Comisión Provincial de Patrimonio emitiera informe. Según la DGA, el proceso de catalogación no precisa ese documento, aunque Urbanismo responde que fue exigencia expresa del Ejecutivo autonómico.

En medio del toma y daca, Aparicio indicó que su propósito es que se resuelvan las alegaciones en el sentido que decidan los técnicos y que el expediente se apruebe de una vez. Recordó que Urbanismo dio luz verde a las recalificaciones de Quirón y Pontoneros en dos meses. Después de diez meses, calificó de "obstruccionismo" la actitud municipal, que frustra planes de vivienda "en un sitio tan necesitado como Las Fuentes". Además, recordó "el peligro añadido" de las edificaciones que están en esa zona, que la DGA no puede demoler por no estar resuelta la catalogación. Urbanismo respondió que fue el Ayuntamiento el que procedió al refuerzo del torreón, "sin que la DGA haya iniciado el derribo de las edificaciones en mal estado".

"No ha habido parálisis", replica Serrano. "No entendemos el ánimo de confrontar, no vamos a entrar en ese juego. La confrontación electoral corresponde a los partidos, no a las instituciones. Jamás utilizaremos el Ayuntamiento para confrontar. Eso sí, defenderemos la autonomía local", declara el edil, que insiste en que en "una materia tan sensible como el urbanismo y la vivienda", las políticas de las instituciones "sean pactadas".