Zaragoza

Huelga del bus

División en la plantilla del bus ante la negativa del comité a votar la propuesta del SAMA

Una parte critica que los sindicatos decidan por los 1.200 trabajadores y otra apuesta por más paros.

Los trabajadores y los representantes sindicales, ayer en la sede de CC. OO.
Oliver Duch

La negativa del comité de empresa a someter la propuesta del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) a votación está generando división entre los trabajadores de Avanza. La asamblea celebrada ayer en la sede de CC.OO. dio muestras de la tensión existente en el seno de la plantilla ante la subida fija del 8,5% y la cláusula de revisión del 12% que se ha puesto sobre la mesa. Mientras unos aseguraban que "así no se va a ninguna parte" e instaban a los sindicatos a no decidir por los 1.200 empleados, otros llamaban a la unidad y pedían endurecer los paros, que continuarán hoy de 8.15 a 9.15, de 14.15 a 15.15 y de 19.15 a 20.15.

Los sindicatos insisten en que "no hay nada que votar", ya que la concesionaria no ha hecho suya la propuesta del órgano de mediación y "en estos momentos, el convenio está hecho un queso gruyere". Las partes volverán a verse hoy desde las 8.30 en una reunión que está llamada a cerrar definitivamente el texto y el plan de igualdad para centrarse en el apartado económico.

El comité ha elaborado una nueva propuesta "limpiando la plataforma", pero ayer ni tan siquiera tenía claro si la planteará. Especialmente si la concesionaria no mejora sus condiciones.

Los empleados, según lo visto en la asamblea –que se desarrolló en sesión de mañana y tarde–, tienen claro que no quieren la última oferta de Avanza: una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%, ya que, como dijeron, "se queda en nada con la subida del IPC". No obstante, una parte sí se abre a someter a referéndum la del SAMA. "Votemos y, si la mayoría rechaza la propuesta, seguimos con los paros", proponía uno de los asistentes. "Yo seguiré secundando las protestas en apoyo a mis compañeros, pero hay que votar nos guste más o menos. No vale decir ‘es lo que yo digo, y punto pelota’", agregaba otro.

Los hubo, en cambio, que criticaron que la empresa "siga sin aplicar muchos de los artículos ya firmados" y defendieron a sus representantes, recordando que "Avanza sí va a cobrar todo el IPC": "Cuando haya algo definitivo ya dirán. Serán ellos, y no el Ayuntamiento ni Avanza, los que decidan cuándo toca hacer una consulta", dijeron.

El nerviosismo existente hizo que el comité tuviese que ‘llamar al orden’ a los asistentes en varias ocasiones. Los sindicatos, pese a todo, mantienen su postura. Sattra y CUT, contrarios al referéndum, tienen mayoría. Esto hace que el resto (CC. OO., UGT y CSIF), más proclives a una consulta "si se acepta la propuesta del SAMA y se ajustan otros aspectos", no alcen la voz. "No hay fractura alguna", aseguró Raúl Cabeza, de Comisiones, a los cerca de medio centenar de asistentes a la asamblea celebrada de 10.00 a 13.00.

Juan Carlos Putze, de CSIF, insistió en que "hay que buscar acercamientos" y reconoció que si se ponen "seis, siete o diez líneas rojas no se firmará el convenio". Por su parte, Jesús Aldea, de UGT, aseguró que no era momento de posicionarse ni a favor ni en contra de la propuesta del SAMA, dado que "hay temas que siguen sin estar cerrados y que convendría resolver en un sentido u otro" para seguir negociando.

Desde el CUT, en cambio, hablaron de "un teatro orquestado por la empresa y el Ayuntamiento" y rechazaron hacer cualquier tipo de concesión a futuro. "No hay elementos que hagan que la propuesta del SAMA sea válida. No garantiza el poder adquisitivo", comentó Julio Sanz.

En esta línea, el presidente del comité, José Manuel Montañés (Sattra), recordó que "van ya 10 años de congelación salarial", de ahí que vea el planteamiento del órgano mediador "como un inicio, pero no como el final".

Nuevo enfrentamiento político

La huelga volvió a convertirse ayer en arma arrojadiza entre gobierno y oposición. La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, insistió en que "todos los alcaldes anteriores intervinieron" para resolver el conflicto y acusó al actual regidor, Jorge Azcón, de "implicarse con una de las partes".

En respuesta, la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, acusó a la edil socialista de querer torpedear "cualquier acuerdo" en lugar de "ayudar y sumarse al resto de grupos políticos". "No le importan los usuarios. Solo le interesa desgastar al alcalde para hacer ruido y avivar el conflicto. Demuestra una alta irresponsabilidad", agregó.