Unas 50 reses bravas de Alfajarín ocupan campos ajenos tras perder el ganadero un pleito con la DGA
El alcalde critica los daños para los agricultores, a pesar de que un juzgado decidió que las vacas fueran sacrificadas.
Alrededor de 50 reses bravas procedentes de la finca del ganadero José María Arnillas, que ha perdido un pleito judicial con el Gobierno de Aragón por el cual van a sacrificar las 400 que tiene, se han dispersado por los campos de otros agricultores en la zona de El Soto en Alfajarín y ya han provocado daños. El alcalde del municipio, Jesús Vicén, considera que "es imposible" llegar a un acuerdo con el ganadero que se instaló en la localidad hace diez años.
"La DGA ya no acepta una marcha atrás con el sacrificio de los animales de la finca, ordenado por la falta del control sanitario, y de momento lo han hecho con nueve animales", manifestó el primer edil. "No le ha interesado al ganadero legalizar sus reses bravas de la explotación y ahora ha abierto la valla para que salgan a los campos de otros agricultores, donde causan daños en los cultivos", explicó Vicén.
El conflicto abierto entre José María Arnillas y la DGA proviene de la ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Zaragoza que se dictó en 2017. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón empezó el pasado 30 de diciembre a sacrificar las vacas de la finca.
La hija del ganadero, Begoña Arnillas, quien figura como dueña de la finca, criticó el sacrificio de las primeras nueve reses bravas y aseguró que se hace con dardos y que los animales agonizan. La propietaria defendía que "no es un tema sanitario sino administrativo".
El Juzgado de lo Contencioso ha intentado desde 2017 que las partes negociaran un acuerdo pero, según varias fuentes consultadas, "ha sido imposible por sus graves diferencias por la regularización de la vacada". La última riada del Ebro, ocurrida a mediados de diciembre, ya supuso que soltaran unas 60 vacas que ocuparon los campos anexos de Alfajarín.
«Este ganado se convierte en un problema de seguridad pública. Llegaron a sacar a 80 animales en la última Semana Santa por las huertas del pueblo», recuerda el alcalde.
El agricultor Ángel Córdoba, integrante del Patronato de Agricultores de Alfajarín, se sumó a la crítica del regidor: "Es un problema que se arrastra desde hace años". El último episodio ocurrido hace unos días ha causado daños a los cultivos, que "han sido pisoteados por las reses bravas después de abrir las vallas de su finca". Aun así, Córdoba incidió en que todo esto no es nuevo y que ya vivieron escenas similares el verano pasado, cuando sufrieron perjuicios en la alfalfa por los animales sueltos en El Soto y también en los cultivos de trigo.
"Sufrimos con impotencia las pérdidas. Llamamos al 112 y a la Guardia Civil para avisar de lo que estamos viviendo con las vacas bravas", indicó el agricultor de Alfajarín. "No pueden recogerlas y han llenado los caminos y los campos de animales que no han legalizado".
El conflicto hasta el cuartel
En la última semana de diciembre, trabajadores de la DGA estuvieron acompañados por agentes de la Guardia Civil en el lugar, que los protegieron mientras sacrificaban a los animales. En la primera visita, acudieron a la vivienda de José María Arnillas y no estaba. Luego acudió al cuartel de Alfajarín y se negó a firmar la notificación. "No quiero firmar un documento que suponga matar a las reses", dijo a la Guardia Civil. A los dos días, se produjeron los primeros sacrificios.
El malestar se ha extendido entre los agricultores perjudicados por las reses bravas y esperan que el Gobierno de Aragón concluya la ejecución de la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo 1 de Zaragoza en los próximos días.
Fuentes de la DGA señalaron que el ganadero suele incumplir las normas relativas al control de enfermedades de las reses, además de carecer del libro de la explotación para comprobarlo. Ante esta situación, Medio Ambiente optó por ejecutar el fallo después de que hayan transcurrido cuatro años sin que el Juzgado de lo Contencioso lo ordenara.
"Hemos intentado llegar a un acuerdo con la DGA para poder regularizar la situación de los animales después de la riada, pero no ha habido manera porque ellos están empeñados en sacrificarlos", señaló hace unos días el abogado del ganadero Antonio Puertas.