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Un ganadero de Alfajarín logra aplazar el sacrificio de 400 vacas bravas
La DGA y la Guardia Civil acudieron este martes a Alfajarín para ejecutar la orden que dictó un juez en 2017 por falta de control sanitario
El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tenía previsto haber sacrificado ayer 400 reses bravas propiedad del ganadero de Alfajarín José María Arnillas, dando así cumplimiento a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que dice que se han incumplido los controles sanitarios de los animales. Sin embargo, la ejecución del fallo no fue posible, ya que el ganadero no quiso firmar los papeles preceptivos en el cuartel de la Guardia Civil. Además, se da la circunstancia de que la titular del negocio es la hija, ya que lo heredó de su abuelo. Y como nadie le notificó la orden de sacrificio, no se encontraba ayer en el lugar.
Efectivos del cuartel de la Guardia Civil en Alfajarín acompañaron a los empleados de Medio Ambiente en su desplazamiento a la vivienda del ganadero para comunicarle lo que iban a hacer, después de haberse reunido con su abogado, Antonio Puertas, para intentar llegar a un acuerdo sin éxito.
Fuentes de la DGA señalaron que el ganadero suele incumplir las normas relativas al control de enfermedades de las reses, además de carecer del libro de la explotación para comprobarlo. Ante esta situación, Medio Ambiente optó por ejecutar el fallo después de que hayan transcurrido cuatro años sin que el Juzgado de lo Contencioso lo ordenara.
"No firmaré que las maten"
«No quiero firmar un documento que suponga matar a las reses», reaccionó ayer José María Arnillas, de 72 años, en el cuartel de la Guardia Civil, después de que fuera localizado por teléfono en la granja. Su abogado defensor explicó que un oficial de la Benemérita le dijo al ganadero que no estaba obligado a hacerlo y podía marcharse del cuartel.
El letrado del ganadero detalló que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza se remonta al año 2017, después de que se produjera la crecida del Ebro, que afectó las condiciones del ganado y lo cambiaron de granja. «Hemos intentado llegar a un acuerdo con la DGA para poder regularizar la situación de los animales después de la riada, pero no ha habido manera porque ellos están empeñados en sacrificarlos», señaló ayer el abogado Antonio Puertas.
