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Zaragoza

El ganadero José María Arnillas, a prisión por no desalojar la finca donde pasta La Rebomba

Su enfrentamiento con Fuentes la Corona Industrial, propietaria de los terrenos, lo llevó a ingresar en la cárcel de Zuera el pasado martes 5 de febrero.

Reses de la ganadería la Rebomba, durante la riada de 2018.
Reses de la ganadería la Rebomba, durante la riada de 2018.
Jorge Vicioso

José María Arnillas, gerente de la reconocida ganadería La Rebomba, ha sido condenado a un año y dos meses de prisión por un delito de "falsedad en documento privado", otro leve de "usurpación de inmueble" y no pagar el arriendo de la finca donde pastan sus reses -propiedad de Fuentes la Corona Industrial y ubicada entre los términos municipales de Alfajarín y El Burgo de Ebro- desde 2013.

Por aquel entonces, Arnillas fue autorizado a explotar -a razón de 1.500 euros mensuales- un tercio de las 334 hectáreas que la mencionada sociedad acababa de adquirir por casi 30 millones de euros pero, al comprobar que los terrenos carecían de agua corriente y se le ponían trabas para vallar su parcela, presentó una denuncia por “estafa” que abrió un enfrentamiento con diversos episodios.

Al tiempo que Arnillas se negaba a pagar el alquiler y el Gobierno de Aragón le inmovilizaba las reses por cuestiones ajenas a este conflicto (enero de 2015), los responsables de Fuentes la Corona Industrial emprendieron trámites legales ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza, que en junio de 2016 -en un juicio en el que Arnillas también fue absuelto de otros delitos de "falsedad en documento público, estafa y coacciones" -condenó al ganadero.

Dicha sentencia, que acordaba el desalojo de los citados terrenos, fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y, una vez denegado el recurso de apelación interpuesto por Arnillas (octubre de 2018), se ha comenzado a hacer efectiva.

El pasado martes 5 de febrero de 2019, ingresó en la cárcel de Zuera para cumplir con su pena. Las alrededor de 300 cabezas de ganado, por el momento, permanecen en la finca.

Enfrentamiento con la DGA

Más allá de los pleitos con Fuentes la Corona Industrial, que también denunció a José María Arnillas por un delito de “daños a la finca” del que fue absuelto, el ganadero mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Aragón.

Hace cuatro años, remitiéndose a distintas irregularidades de saneamiento e identificación que se iniciaron con las riadas, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ordenó la “total restricción” de movimientos de La Rebomba, impidiendo que acudiera a los encierros de los pueblos y, por consiguiente, que obtuviera ingreso alguno.

Ya en 2017, decretó el “sacrificio obligatorio y sin indemnización” de todos los animales de la explotación cuya identidad no pudiera ser establecidaArnillas presentó un recurso de alzada contra dicha resolución que fue rechazado y, seguidamente, recurrió a la vía judicial a través de un contencioso administrativo que será resuelto próximamente.

Fuentes la Corona Industrial, bajo sospecha

En 2010, Fuentes la Corona Industrial, sociedad que tiene como administrador a Manuel Muñoz Escolano, compró 334 hectáreas de fincas rústicas repartidas por Fuentes de Ebro, Alfajarín y El Burgo de Ebro a Artetrai SL, presidida por José Luis Lázaro.

El precio a pagar por los terrenos fue de 28.860.000 euros, financiados con hipotecas concedidas por Multicaja (después fusionada con Cajalón para formar Bantierra) por valor de unos 40 millones de euros más intereses.

En 2011, por última vez en su historia, Fuentes la Corona Industrial presentó ante el registro mercantil unas cuentas anuales del ejercicio 2010 en las que constaba una deuda de más de 40 millones de euros con entidades de crédito y ningún ingreso por ventas ni en 2009 ni 2010.

Dos años después, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a un año y nueve meses de prisión a Manuel Muñoz Escolano y José Luis Lázaro por un delito continuado contra la Hacienda Pública -utilizaron una factura falsa para defraudar impuestos- cometido con otras empresas que colaboraban en el desarrollo de un parque empresarial en Fuentes de Ebro. Ambos evitaron la cárcel, previo pago de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente.

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