impuestos municipales
Los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel suspenden cautelarmente el cobro de la plusvalía
La decisión está tomada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo del tributo.
El Ayuntamiento de Zaragoza va a dejar de cobrar de momento el impuesto de la plusvalía tras la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema por el que se calcula la plusvalía. Así lo ha anunciado la concejal de Hacienda, María Navarro, que además ha informado de que retira el expediente referido a los cambios que se iban a aplicar en este impuesto a lo largo de 2022 y que se debían aprobar este miércoles.
La concejal de Hacienda ha explicado que la situación es “muy preocupante” y expresado su temor a “un colapso” en la gestión municipal tras el varapalo del Constitucional. También ha cargado contra el Gobierno central, del PSOE, por no haber reformado la plusvalía en los últimos dos años, después de dos reveses del Constitucional contra este impuesto. Ha exigido soluciones urgentes al Ministerio de Hacienda ante “la inseguridad jurídica” generada.
La misma decisión de suspender cautelarmente el cobro de plusvalías ha tomado el Ayuntamiento de Huesca, el tercero en importancia para este Consistorio después del IBI y el de Circulación y por el que preveía ingresar en 2021 alrededor de 1,5 millones de euros. Los servicios jurídicos municipales están estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional que anula este tributo, pero, de momento, el gobierno municipal (PSOE) ha paralizado las liquidaciones en curso. Mientras, se espera conocer todos los términos de la resolución, se aguarda también a las decisiones de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que ha convocado una junta urgente y que ya solicitó este martes al Gobierno que se garantizara a los ayuntamientos y a los contribuyentes "seguridad jurídica" en cuanto a la aplicación de este cobro.
También el Ayuntamiento de Teruel dejará de cobrar la plusvalía de forma cautelar, si bien la alcaldesa, Emma Buj, subrayó que en la ciudad nadie paga este tributo por heredar o vender con pérdidas sino por compraventas con beneficio. No obstante, advirtió de que el fallo judicial compromete en Teruel 800.000 euros, un ingreso "fundamental" para el Ayuntamiento y el mantenimiento de los servicios que presta a los ciudadanos, por lo que exigió al Gobierno de Pedro Sánchez "una solución". Pese a la situación, el Consistorio turolense no paralizará la tramitación de los presupuestos de 2022.
La sentencia afectará a todas aquellas situaciones que no sean firmes antes de la aprobación del fallo del Constitucional. A este respecto, el concejal de Hacienda, José María Romance, ha señalado que el método de cobro utilizado por el Ayuntamiento de Huesca supondrá una afectación menor en cuanto a los recursos que puedan presentarse por retroactividad. Según ha dicho, la fórmula de la autoliquidación (como la declaración del IRPF) cuenta con un plazo de revisión de cuatro años. El sistema de liquidación, empleado en la capital oscense , proporciona mayor agilidad en la notificación y el pago y solo tiene un mes de plazo para la revisión.
Comisión de Hacienda en Zaragoza
“Es un día triste”, ha dicho la edil del PP, que ha advertido de la “inseguridad jurídica” que se abre, además del agujero económico de 45 millones de euros que se le abre al gobierno, además de lo que no puedan recaudar este ejercicio. Navarro ha dicho sentirse “perpleja” y ha admitido que esta cuestión le ha “quitado el sueño”. Y ante esto, para que “el ciudadano no sea el perjudicado”, se suspende de forma temporal el cobro del tributo. No ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que ha hecho “dejadez” de sus funciones a la hora de reformar este impuesto, tal y como ya advirtió el Constitucional en 2017.
La sentencia de la plusvalía ha copado el debate sobre las ordenanzas fiscales, que se ha desarrollado en un clima de cierta tensión, entre otros motivos por el retraso en la convocatoria de la sesión, que ha obligado a celebrarla con carácter de urgencia, con protestas de los grupos de la izquierda. Pero es que además, Podemos ha solicitado la retirada de todos los expedientes vinculados a las ordenanzas fiscales, dado que en su opinión no se deberían aprobar en el clima de incertidumbre que ha generado la decisión del Constitucional. Pero PP, Cs y Vox, que llegaban con un paquete de bonificaciones para varios tributos, se han negado.
Ros Cihuelo, del PSOE, ha recordado que el Gobierno ya ha anunciado una reforma para garantizar la constitucionalidad del tributo, así como la seguridad jurídica. Ha indicado que cuando se eximió del pago del Impuesto de Actividades Económicas a las empresas que facturasen menos de un millón de euros, hubo compensaciones. También ha subrayado que la ley de Haciendas locales la impulsó el gobierno de Aznar, del PP. “Ahora hay que ver como equilibramos los ingresos para garantizar los servicios públicos”, ha dicho.
Alberto Cubero, de ZEC, ha considerado que no se podía debatir de ordenanzas fiscales con la plusvalía anulada por el Constitucional. Le ha dicho a Navarro que suspender la recaudación de la plusvalía es responsabilidad suya y que debe “asumir las consecuencias”, sin esperar acudir después al Gobierno de España para que cubra el agujero económico. “Además de no saber gestionar, tiene una jeta...”, ha afirmado. Para Fernando Rivarés, de Podemos, la única solución era abrir el debate del resto de los tributos para cubrir el agujero de la plusvalía a costa de “los más ricos y de las grandes empresas”.
Julio Calvo ha defendido la desaparición del impuesto y le ha recordado a María Navarro (en esto ha coincidido con Rivarés) que la edil ha solicitado en múltiples ocasiones que se elimine la plusvalía. En su opinión, el agujero se podría cubrir eliminando gastos superfluos y “tonterías”, duplicidades y exigiendo a la DGA lo que le debe. “Hay margen para recuperar la merma tributaria”, ha dicho. Carmen Herrarte, de Cs, se ha alineado con Navarro (a la que le ha dado un beso en la mano en plena comisión para escenificar la unidad del gobierno) y ha solicitado un fondo extraordinario que compense la merma que van a sufrir los ayuntamientos.
Las claves de la sentencia
El Tribunal Constitucional (TC) acordó este martes anular los artículos que establecen el método de cálculo de la plusvalía y puso en jaque el sistema de financiación conocido hasta ahora por los ayuntamientos. La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, tumba el principio por el cual "siempre existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición", con independencia de que se haya producido ese incremento y de su cuantía real. Al desaparecer estos artículos, los ayuntamientos pierden la posibilidad de cobrar el impuesto al no establecer una fórmula de cálculo alternativa. El Ministerio de Hacienda anunció que va a preparar un "borrador legal" con un nuevo sistema para fijar la cuota.
Se declaran inconstitucionales los apartados 1, 2a) y 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en la carta magna. Estos artículos determinan cómo se calcula la cuota del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se conoce técnicamente el tributo, que grava herencias, transmisiones, donaciones o usufructos de un inmueble. Según la citada norma, se calcula con el valor catastral del suelo y con los años de tenencia del bien, hasta un máximo de 20.
La sentencia no se aplicará con carácter retroactivo, aunque puede afectar a los litigios sobre plusvalías todavía vivos y pendientes de decisión judicial.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reclamado un fondo de compensación a los ayuntamientos tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía porque hay 45 millones de euros de posible recaudación en el "limbo".
Azcón ha explicado que son 45 millones de euros de ingresos previstos en el 2022 que quedan en el "limbo" y todo lo que está en tramitación es difícil de calcular. Desde que se ha dictado sentencia hasta que el Gobierno de España dictamine "se deja de cobrar la plusvalía y habrá una merma de recursos que se debe compensar con un fondo del Gobierno de España".
Tras conocer esta última sentencia del TC, Azcón ha considerado que este asunto se tenía que haber solventado ya, pero ha asegurado que se va a trabajar para solucionarlo. Asimismo, ha apuntado que no solo afectará a las cuentas de este ejercicio, sino que es una cuestión que tiene más recorrido.
En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado las consecuencias que depara esta sentencia del TC, como la suspensión de la liquidación de la plusvalía, que no se puede cobrar porque el sistema de cálculo lo ha declarado nulo el Tribunal Constitucional por lo que hay que suspender su tramitación.
