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Zaragoza paraliza la tramitación del presupuesto de 2022 ante la sentencia del TC que anula el cobro de la plusvalía
El Ayuntamiento se enfrenta a un agujero de 45 millones de euros. Hacienda prepara una nueva fórmula para calcular este tributo, pero Azcón reclamará compensaciones.
El Tribunal Constitucional (TC) acordó este martes anular los artículos que establecen el método de cálculo de la plusvalía y puso en jaque el sistema de financiación conocido hasta ahora por los ayuntamientos. La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, tumba el principio por el cual "siempre existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición", con independencia de que se haya producido ese incremento y de su cuantía real. Al desaparecer estos artículos, los ayuntamientos pierden la posibilidad de cobrar el impuesto al no establecer una fórmula de cálculo alternativa. El Ministerio de Hacienda anunció que va a preparar un "borrador legal" con un nuevo sistema para fijar la cuota.
Se declaran inconstitucionales los apartados 1, 2a) y 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en la carta magna. Estos artículos determinan cómo se calcula la cuota del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se conoce técnicamente el tributo, que grava herencias, transmisiones, donaciones o usufructos de un inmueble. Según la citada norma, se calcula con el valor catastral del suelo y con los años de tenencia del bien, hasta un máximo de 20.
La sentencia no se aplicará con carácter retroactivo, aunque puede afectar a los litigios sobre plusvalías todavía vivos y pendientes de decisión judicial. Según informó el Constitucional, la decisión cuenta con el voto particular concurrente del presidente Juan José González Rivas y los discrepantes de los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Es la tercera vez que el TC emite una sentencia contraria a la plusvalía, después de que en 2017 anulara los casos en los que no había incremento de valor y en 2019 declarara nulo el pago cuando la cuota a abonar supera la ganancia obtenida por el contribuyente.
"Conmoción" en los municipios
La noticia causó "conmoción" en los ayuntamientos, también en el de Zaragoza. El Consistorio de la capital mantendrá el cobro del impuesto hasta que no se conozca la literalidad de la sentencia, aunque no se descarta que en los próximos días se tome alguna medida cautelar a la espera de una solución.
El agujero en las arcas municipales de la capital aragonesa sería enorme: la previsión de ingresos para 2022 es de 45 millones de euros. Esa cifra puede crecer, porque podría invalidar los recibos impugnados judicialmente que estén pendientes de sentencia. Es el segundo tributo en importancia de la ciudad, después del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
"En este momento, el efecto práctico es que no hay presupuesto municipal para el año 2022", afirmó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, dado que no se puede incluir ningún ingreso por plusvalía. El regidor exigió la convocatoria de una junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP), así como de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que preside la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según el alcalde, la responsable ministerial tendrá que dar "explicaciones" a los ayuntamientos.
No quiso profundizar en las alternativas, pero de momento defendió la necesidad de un real decreto que fije "una solución inmediata" y que se habilite un fondo de ayudas para los ayuntamientos de España, para cubrir las posibles pérdidas que se pudieran producir con el sistema que apruebe Hacienda. En total, la plusvalía supone para el conjunto del municipalismo español 2.500 millones de euros. El alcalde Azcón criticó además el "tiempo perdido" por el Gobierno del PSOE para resolver la cuestión, dado que el PP dejó ya listo un anteproyecto de reforma.
Reacción del Ministerio
Hacienda anunció que está ultimando "un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales". "Los artículos declarados inconstitucionales hacen referencia al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, un tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", añade, antes de anunciar una revisión de los artículos anulados. Eso sí, el texto no aclara hasta qué punto podrán mantener los municipios su recaudación por este impuesto.
Huesca recauda 1,3 millones de euros por este tributo
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca no han podido estudiar la sentencia en profundidad, ya que todavía no se conocen los detalles de la misma, según indicaron fuentes del equipo de gobierno socialista. Es por ello que aún no pueden saber a cuántas personas afectaría ni, por tanto, se han realizado los cálculos económicos de lo que supondría para las arcas municipales.
El presupuesto de 2021 contemplaba ingresar 1.337.000 euros por este concepto, algo menos de los 1.444.000 estimados en 2020. La ordenanza del Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana vigente se modificó a instancias de Cs para introducir algunas bonificaciones. Para 2022, el PP planteó bonificar las plusvalías un 95% para las herencias de viviendas habituales, pero no se aceptó. Los 1,3 millones estimados para el ejercicio 2021 suponen el 5,8% de los impuestos directos que se prevé recaudar y el 2,5% del presupuesto total del Ayuntamiento.
Teruel pide "seguridad" para ayuntamientos y contribuyentes
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Féliz de Vargas, reconoció que el impuesto de plusvalías supone "uno de los ingresos importantes" del Consistorio turolense, aunque se mostró cauta respecto al efecto de la sentencia del Constitucional hasta conocerla con detalle. Féliz de Vargas admitió que "no es lógico" el procedimiento que se sigue para el cobro de este tributo al considerar que "siempre" hay revalorización del suelo.
La edil popular reclamó una modificación legal para dar "seguridad" tanto al Ayuntamiento a la hora de cobrar el impuesto como a los contribuyentes. Aclaró que el Consistorio turolense ha sido "cauto" con las liquidaciones de las plusvalías, un impuesto que no se pasa a cobro si no ha habido ganancia. Aún con todas las cautelas, para 2021 están presupuestados 800.000 euros de ingresos por este concepto, lo que lo convierte en el tercer impuesto más productivo tras el IBI y el impuesto de circulación, empatado con el de construcción.
