"Yo solo ordené cambiar de sitio las botellas", declara ante la juez el jefe superior de Policía de Aragón

Juan Carlos Hernández Muñoz, jefe superior de Policía de Aragón, reconoció este miércoles ante la juez que el 4 de septiembre de 2019 ordenó personalmente que se trasladara un alijo de botellas de licor, perfumes, ropa y cosméticos que estaba almacenado en un calabozo de la Jefatura Superior a otro cuarto del cuartel de General Mayandía.

"Ahora bien, lo que pasó por el camino en ese cambio es responsabilidad de cada uno", explicó a HERALDO al término de su declaración como testigo en la causa abierta contra un inspector jefe, un subinspector y dos agentes de la escala básica por presunta malversación. El comisario principal añadió que la orden fue "lícita" y "legal" y que el objetivo era despejar esos calabozos por si era necesario utilizarlos durante las fiestas del Pilar que comenzaban un mes después.

Juan Carlos Hernández compareció ante la magistrada Natividad Rapún, que investiga la responsabilidad de los investigados en la desaparición de 361 botellas de alcohol de las 2.061 que el Grupo de Hurtos requisó en septiembre de 2017 en una tienda del Camino de las Torres de Zaragoza, así como distintas prendas y complementos procedentes de un cargamento de Inditex y otras empresas que la Policía recuperó tras ser robado por una banda de delincuentes.

Desde que se dio la orden hasta que se produjo el traslado, se "esfumaron" numerosos efectos, aunque parece ser que ya fueron desapareciendo durante los dos años que la mercancía estuvo depositada en los calabozos. De hecho, uno de los subinspectores investigados declaró en su día que decidió colocar dos candados en la puerta para evitar que esto siguiera pasando.

El comisario recordó que cuando detectaron que faltaba parte de los alijos dieron cuenta al juzgado. "Nosotros lo que queremos es total transparencia y salvaguardar los valores de la Policía, como la integridad", manifestó. Ante la juez también declararon el jefe de la Unidad de Delincuencia Violencia (UDEV) y el subinspector que entonces era jefe de Hurtos.

Los cuatro funcionarios investigados permanecen suspendidos de empleo y sueldo hasta que termine la investigación judicial. La Jefatura Superior abrió un expediente administrativo pero no tomó declaración a ninguno de ellos para conocer su versión de los hechos. El responsable policial explicó que se hizo así para "preservar los derechos" de los policías, según fuentes jurídicas.