tribunales
Juzgan a una pareja por aprovecharse de un discapacitado y quitarle la pensión durante tres años
La Fiscalía, que pide 8 años de cárcel, la acusa también de contratar a nombre del perjudicado la luz de una vivienda.
Una pareja (ahora separada) fue juzgada este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunta autora de sendos delitos de estafa y falsedad de los que fue víctima un hombre discapacitado, que ahora está tutelado por el Gobierno de Aragón.
La Fiscalía acusa a Casandra H. G. y a Jonathan M. F. de aprovechar la relación de amistad que la mujer mantenía desde niña con L. L. para quedarse durante tres años con el dinero de la pensión que mensualmente cobraba por su minusvalía y contratar a su nombre el suministro eléctrico de una vivienda en la que él no residía. El fiscal también les atribuye la sustracción de un móvil y un reloj que luego empeñaron. Por todo ello pide para cada uno de ellos ocho años de cárcel y el pago de multas de 2.880 euros.
Los hechos, que los acusados niegan, ocurrieron entre 2013 y 2016 y se descubrieron a raíz de una denuncia que L. L. puso después de que les reclamara sin éxito el dinero supuestamente sustraído. La víctima conocía a Casandra H. G. desde que esta tenía 12 años y se llevaba bien tanto con ella como con su familia, mientras que con la propia se llevaba "regular". De hecho, según los acusados, L. L. vivía en una nave en Sobradiel que no tenía luz y su padrastro no se ocupaba de él.
"Para mí era como un hermano. Nos hemos llevado muy bien. Cuando estaba enfermo me llamaba y yo lo ayudaba en lo que podía. Cuando trabajaba me hacía regalos, como yo a él", declaró Casandra H. La mujer añadió que durante un tiempo L. L. fue a vivir con ella y su pareja, Jonathan M., a un piso de la calle de Casta Álvarez, aunque el denunciante indicó que solo iba los fines de semana.
Un día, desde el teléfono móvil de L. L., contrataron con Endesa el suministro eléctrico de esa vivienda y facilitaron para el cobro mensual su cuenta corriente, a la que se pasaron facturas por importe de unos 1.200 euros. Tanto la acusada como Jonathan M. negaron que fueran ellos quienes contrataron la luz, aunque el denunciante explicó: "Casandra llamó y luego me pasó el teléfono para que diera mis datos". Indicó que lo hizo por "miedo" y que se sintió "engañado".
También dijo que se sentía intimidado cuando la mujer lo acompañaba a la sucursal bancaria de Utebo a sacar el dinero de la pensión. La encausada negó también este extremo, aunque el director de la entidad la señaló, aunque no al 100%, como la persona que iba con él. "Venía con un carrito de bebé", afirmó. Aunque la cuantía se valorará en sentencia, esta podría ascender a 12.000 euros.
En aquella época, la pareja de acusados tuvo un niño, aunque luego cortó. El acusado calificó la relación de "intermitente" porque cada dos o tres meses lo "dejaban" y se iba a Bilbao, de donde es natural. "Luego nos arreglábamos y volvíamos", contó. "Yo entonces me dedicaba a la chatarra y ella cobraba el IAI (Ingreso Aragonés de Inserción).
En esas idas y venidas fue detenido en una ocasión y como número de teléfono de contacto facilitó el del móvil de L. L. Algo similar hizo Casandra H. cuando la Policía le pidió un número para comunicar con ella. Tanto para el fiscal como para la acusación particular, a cargo del abogado Iván Sanz, esto sería una prueba de que sustrajeron el teléfono a la víctima y lo usaban como propio.
Las acusaciones expusieron que L. L. fue declarado incapaz en 2016 por padecer una discapacidad intelectual congénita que limita sus capacidades volitivas y cognitivas. "Pese a ello y a su imposibilidad de obrar de otra manera –dijo el letrado– llegó a entender que se estaban aprovechando de él y denunció".
Por su parte, los abogados defensores, Silvia Dios y Daniel Luna, pidieron la absolución de sus clientes alegando que no hay pruebas contra ellos. Destacaron que eran tres amigos que se ayudaban entre ellos.
