movilidad urbana
Cabify se reunirá con el Gobierno de Aragón para desplegarse en Zaragoza con decenas de licencias VTC
El Ejecutivo tiene cinco meses para resolver la solicitud de una empresa intermediaria para operar con 80 vehículos.
Cabify podría empezar a operar este mismo año en Zaragoza. El grupo Ares Capital ha presentado al Gobierno de Aragón un paquete de 80 licencias VTC como las que utiliza la firma de movilidad compartida con el objetivo de comenzar a operar en Zaragoza y en el resto de la Comunidad. Se trata de uno de los cupos que permanecían bloqueados en los tribunales y que ahora ven la luz tras obtener el respaldo judicial. El plazo para presentarlas expiraba este viernes, pero la DGA tiene la documentación encima de la mesa desde el martes. Ahora se abre un periodo de cinco meses para que la Dirección General de Transportes analice y resuelva la petición.
Fuentes del Ejecutivo autonómico reconocieron que Cabify ha solicitado un encuentro para perfilar un posible desembarco en la capital aragonesa, previsiblemente a través del cupo de Ares Capital, como ha hecho en otras ciudades. «Se les atenderá como al resto», comentaron desde Transportes. La reunión tendrá lugar en las próximas semanas, y no será la primera vez que esta firma de vehículos de alquiler con chófer intenta ofrecer sus servicios en Zaragoza. El año pasado ya pidieron una reunión con la entonces concejal de Movilidad de ZEC, Teresa Artigas.
Es más, según fuentes del sector, Cabify ha contactado en las últimas semanas con varias emisoras de taxi de Zaragoza para tratar de operar de manera conjunta en la ciudad, compartiendo la aplicación móvil y parte de los beneficios, pero su oferta ha sido declinada. Este periódico ha intentado sin éxito obtener respuesta de la compañía sobre este asunto.
Regulación autonómica
Las licencias VTC han estado en el ojo del huracán desde su aparición. Se trata de un tipo de permiso utilizado tradicionalmente por compañías que ofrecían vehículos con chóferes para eventos o traslados de empresa que convivían sin problemas con el sector del taxi hasta que Uber y Cabify comenzaron a utilizarlas para operar.
Para ello, aprovecharon que en 2009 se aprobó la Ley Ómnibus, que liberalizaba servicios como el transporte y anuló la ratio prevista de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Posteriormente se bloqueó esta posibilidad, pero miles de permisos ya estaban concedidos, por lo que sus titulares acudieron a la vía judicial, que poco a poco ha ido dándoles la razón.
En este contexto, el Gobierno central aprobó el denominado ‘decreto Ábalos’, que prohibirá a los titulares de estas licencias ofrecer trayectos urbanos a cambio de conceder una moratoria de cuatro años, por lo que, en principio, podrían operar con total libertad hasta entonces.
La normativa que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez también cedió las competencias de regulación a las comunidades autónomas. La DGA, partidaria de blindar el sector del taxi, recogió el guante y aprobó un texto que establece unas condiciones muy exigentes de explotación a este tipo de empresas. Entre otras limitaciones, deben transcurrir 15 minutos desde la reserva hasta el trayecto, no pueden buscar clientes circulando por las calles, y debe constar el desplazamiento en un registro central para evitar que operen en otras comunidades.
Sin ordenanza municipal
La regulación de las VTC introdujo la obligación de contar con un permiso municipal. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza reconocen que no se ha elaborado una ordenanza al respecto, pero que se hará si es necesario ante la llegada de nuevas licencias. También señalan que la Policía Local está preparada para inspeccionar su actividad y que para respetar el ratio de taxis solo se podrían autorizar 30, algo que cuestiona el sector.
