teruel

Maltratar una mascota hasta matarla estará sancionado con multas de hasta 3.000 euros

La ordenanza de animales de compañía que acaba de aprobar el Ayuntamiento regula las colonias de gatos asilvestrados y la tenencia de perros de razas peligrosas.

La ordenanza prohíbe alimentar a los gatos ferales fuera de las colonias controladas por el Ayuntamiento.
La ordenanza prohíbe alimentar a los gatos ferales fuera de las colonias controladas por el Ayuntamiento.
HA

Maltratar a un animal de compañía hasta matarlo, tener o vender especies protegidas y organizar peleas de perros o de gallos está catalogado como infracción muy grave y penalizado con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, según la ordenanza de animales de compañía que acaba de salir a información pública tras su aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Teruel.

La ordenanza prevé sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los propietarios de animales de compañía de hasta 3.000 euros. El régimen sancionador establece multas de hasta 750 euros por infracción leve, como agredir a un animal sin causarle lesiones o no proveerle del agua y alimento necesarios. La penalización puede alcanzar los 1.500 euros por infracción grave si el maltrato causa lesiones o por aplicar cirugías para modificar el aspecto del animal o por utilizar animales en espectáculos o fiestas que impliquen crueldad –con la excepción de los espectáculos taurinos– o por abandonarlos.

La máxima sanción, de hasta 3.000 euros, por falta muy grave, se aplicará por causar la muerte de las mascotas, organizar peleas de perros o gallos o por circular por la calle con un perro peligroso cuando el conductor vaya borracho o drogado.

La nueva normativa aborda la tenencia de perros, gatos y todo tipo de mascotas. Las colonias urbanas de "gatos ferales", formadas por felinos huidos de casas o asilvestrados, se someterán a procesos de captura, esterilización y suelta (CES) para controlar su población. Además, queda prohibido abandonar gatos en estas colonias así como alimentarlos si no es con pienso seco.

La ordenanza contempla la gestión de los gatos ferales con el objeto de mejorar su "calidad de vida", estabilizar su población y reducir los riesgos sanitarios. La principal vía de actuación será aplicar el procedimiento CES. Las colonias serán alimentadas con pienso seco "con la máxima higiene posible".

La ordenanza contempla redactar un protocolo CES para su utilización en las colonias de gatos ferales actuales y en las que puedan surgir, que no podrán estar cerca de colegios, centros de salud, monumentos o zonas sensibles por motivos sanitarios. La norma prohíbe abandonar gastos en estos lugares.

El tratamiento de los perros potencialmente peligrosos es otro de los apartados de la ordenanza, cuya redacción se ha demorado durante dos corporaciones municipales. Los propietarios de perros de razas peligrosas tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura superior a 120.000 euros y contar con una autorización del Ayuntamiento, que deberá ser renovada cada cinco años.

Los perros peligrosos tendrán que estar inscritos en un registro municipal. Los propietarios deberán ser mayores de edad y no tener antecedentes penales por delitos graves. En caso de caducar la licencia municipal, deberá ser renovada en un plazo máximo de 10 días o el Ayuntamiento procederá a la incautación del ejemplar.

Solo podrá sacar los perros peligrosos a la calle una persona mayor de edad y la mascota deberá portar bozal y estar sujeta por una cadena o correa de menos de dos metros. No podrán viajar en los transportes públicos. Si están en fincas particulares, deberán permanecer atados o en habitáculos que protejan a personas o animales que puedan acercarse.

El Ayuntamiento, de acuerdo a la nueva normativa, frenará la proliferación de palomas obstaculizando su nidificación y cría. Por razonas de salubridad, se prohíbe alimentar a esta especie o a otros animales abandonados.

La ordenanza obliga a los propietarios de animales de compañía a alimentarlos y darles de beber, mantenerlos en lugares adecuados, tratarlos para la prevención de enfermedades y no podrán estar atados permanentemente. Tampoco podrán permanecer de forma continuada en terrazas o balcones y deberán pasar la noche en el interior de las viviendas para no interferir en el descanso de los vecinos. Los propietarios de perros deberán garantizarles salidas para hacer el ejercicio necesario.

Los animales de compañía solo podrán acceder a los parques en los que su entrada esté expresamente autorizada y solo podrán moverse por las zonas de paseo conducidos con una correa. Tienen prohibido acceder a las zonas de juegos infantiles y a los estanques. Los conductores tratarán de evitar las deyecciones en cualquier lugar destinado al tráfico peatonal y si se producen deberán recoger las deposiciones para depositarlas en papeleras específicas o contenedores de basura.

Si las mascotas orinan en espacios públicos, los propietarios deberán utilizar una mezcla de agua con jabón o vinagre para diluir "inmediatamente" la orina. Queda prohibida la entrada de animales en locales de venta o fabricación de alimentos, en lugares donde se celebren espectáculos públicos, en las piscinas públicas, centros sanitarios o educativos y en las zonas de recreo infantil.

El PSOE y Espacio Municipalista ya han adelantado sus reparos a la normativa y presentarán alegaciones. Los socialistas piden un registro obligatorio del ADN de los perros y los municipalistas proponen que se flexibilice el acceso de los animales de compañía a determinados espacios y servicios públicos.

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