Biscarrués escribe su epílogo mientras los Monegros exigen más embalses y regadíos
La búsqueda sin fin de alternativas para almacenar el agua se queda sin otra pieza histórica. Agricultores y organizaciones agrarias centran ahora sus esfuerzos en la finalización de la presa de Almudévar.
Biscarrués se ha convertido en otro pantano de papel, como Jánovas, perdido durante décadas en trámites administrativos y cuyo epílogo han escrito en los últimos días el Tribunal Supremo y el Ministerio de Transición Ecológica. Los regantes de Monegros pasan página pero no renuncian a la construcción de más embalses, aunque el modelo ya no sea una presa en el río, ni a completar la mancha verde planificada desde el año 1915. La prioridad ahora es acabar las obras de Almudévar, mientras el Gobierno de Aragón se decide a convocator la Mesa del Agua.
Tras la sentencia que anuló el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental el 18 de mayo, dando la razón a vecinos y ecologistas, y el anuncio del Ministerio del descarte “definitivo” (a falta de la renuncia oficial vía BOE) cabe preguntarse ¿Y ahora qué? La respuesta es el embalse de Almudevar, el único del sinfín de alternativas barajadas desde los años 80 que ha superado los obstáculos y cuyas obras avanzan conforme al ritmo previsto (están al 30% de ejecución), pese a que inicialmente era un infraestructura de regulación interna complementaria a Biscarrués para almacenar el agua del Gállego a través del canal de Monegros.
Regantes y sindicatos agrarios piden concentrar los esfuerzos en este vaso, que no planteaba un conflicto social al ejecutarse en un municipio de la zona regable y fuera del cauce, aunque tampoco esto ha evitado que acabara en los tribunales.
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, beneficiaria de Biscarriés, guarda un prudente silencio. Los regantes piensan que de momento, y a la espera del anuncio oficial, poco más se puede hacer que acabar Almudévar, aunque no todos tienen claro que sea suficiente para satisfacer las expectativas de las 140.000 hectáreas, y menos de las 30.000 de Monegros que llevan décadas esperando todavía el agua. “Sin hacer nada en el eje del Gállego habrá muchos años en los que Almudévar no se podrá llenar”, ha mantenido siempre su presidente, César Trillo.
David Solano, miembro de la Ejecutiva del sindicato agrario UAGA y de una comunidad de regantes expectantes, apuesta por “mirar adelante”. Nadie se ha sorprendido por el final de Biscarrués, afirma. “El sector del regadío no lo ve como un fracaso sino como la necesidad de asumir que ese objetivo es inviable”, dice quien ha ayudado a llenar autobuses para acudir a las manifestaciones a favor de ese proyecto.
“Hay que hacer embalses, pero de otra manera, con el menor impacto social y ambiental”, responde al preguntarle ¿y ahora qué? Como ejemplo pone San Salvador, en el Canal de Aragón y Cataluña, construido en zona regable y fuera del río; Almudévar, en obras; e incluso La Sotonera, concebido hace un siglo y terminado en 1963. “Por algo hace 100 años alguien vio que se podía derivar caudales desde el río a una presa fuera del cauce”, justifica.
Para este sindicato, la apuesta debe ser ahora Almudévar, “que ya está en marcha y no lo para nadie. Hay que pensar en cómo lo llenamos, con el menor coste energético de bombeo, y en ofrecer restituciones a la zona afectada”. Aquí se debe invertir el dinero que iba a costar Biscarrués, 124 millones de euros, dice.
En opinión del representante de UAGA, “en un escenario de cambio climático los embalses en los cauces cada vez tienen más exigencias, y los que sirven para laminar avenidas y evitar inundaciones deben estar vacíos en mayo, y eso a nosotros no nos sirve”. El calentamiento global justifica también, aclara, la extensión de la mancha regable para completar las 30.000 hectáreas que faltan. “Si el regadío tiene problemas por falta de agua, qué será del secano”, concluye.
Para el otro gran sindicato agrario, Asaja, “si Biscarrués es imposible” habrá que estar en la Mesa del Diálogo del Agua propuesta por el presidente aragonés en febrero para revisar la obra desechada por el Supremo. En ella, indica su presidente, Fernando Luna, propondrá medidas concretas: el recrecimiento del embalse de Ardisa, la ampliación del canal de entrada a Sotonera, la creación de un parque energético para abaratar el llenado de Almudévar, tanto desde el canal de Monegros como desde el canal del Cinca, y acabar las obras pendientes de los nuevos regadíos al sur de Monegros. “Necesitamos garantizar el llenado de Almudévar y para eso hay que regular de alguna forma el Gállego”, concluye.
La nueva Mesa del Agua tiene como primera tarea encajar el descarte de Biscarrués en el Pacto del Agua y los acuerdos posteriores adoptados por los políticos aragoneses en el año 2006. En ese órgano se debe buscar “la solución definitiva” para garantizar los regadíos pendientes de Monegros, completar el sistema de Riegos del Alto Aragón, “así como la solución a las obras pendientes e imprescindibles del Pacto del Agua con un nuevo consenso político y social”, dijo el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, tras la sentencia del Supremo.
Por otra parte, no se puede obviar que Almudévar es una obra judicializada, con dos procesos abiertos en la Audiencia Nacional, a instancias de Ecologistas en Acción y del Ayuntamiento. El primero está pendiente de dar plazo al recurrente para conclusiones, una vez practicada la prueba pericial.
Jaime Doreste, abogado de los ecologistas, confía en tener sentencia en otoño. Dice que la del Supremo puede tener trascendencia porque Biscarrués y Almudévar son dos proyectos unidos para la mejora de los regadíos de Monegros. En su opinión, pese a estar fuera del cauce, también tiene una afección en la masa de agua al detraer caudales. Si el fallo es favorable a sus tesis, pedirá la ejecución provisional, aunque resulta difícil determinar cómo podría afectar a las obras. “La sentencia del Supremo es una gran baza y el criterio debería ser semejante. No se ha evaluado el impacto ambiental de la transformación de Monegros en regadío”, señala Doreste.
En este proceso, los ecologistas tienen enfrente a la Confederación Hidrográfica del Ebro y como codemandados el sindicato UAGA, dos comunidades de regantes y Riegos del Alto Aragón, que defienden la viabilidad y utilidad de la obra.
Una búsqueda sin fin de alternativas
La historia de Riegos del Alto Aragón, la mayor comunidad de regantes de Europa con 140.000 hectáreas, está jalonada de estudios de alternativas, anteproyectos y proyectos para aprovechar las aguas de los ríos Gállego y Cinca, sus dos grandes fuentes de suministro. Sin embargo, las obras tropiezan una y otra vez con eternos procedimientos administrativos y barreras ambientales. Ocurrió con el embalse de Jánovas en 2000, con una declaración de impacto ambiental negativa que obligó a revertir las tierras a los antiguos vecinos expropiados y ha vuelto a pasar con Biscarrués.
La sentencia del Supremo lo ha convertido en el segundo pantano de papel en la historia reciente de los regantes de Monegros. Marisancho Menjón acuñó este término en un libro sobre el drama de la despoblación del valle del Ara titulado ‘Jánovas, víctimas de un pantano de papel’. Curiosamente, el Tribunal Supremo vuelve a esta idea cuando en el fallo se refiere al extenso volumen documental de Biscarrués, que “ha cubierto dicho embalse, no con agua sino con papeles y papeles”. Faltaba uno, que acabó tumbándolo, un estudio científico detallado sobre su “interés público superior” como para justificar la alteración de las aguas del río Gállego.
Las alternativas se suceden desde hace 60 años, la mitad de los cuales han estado marcados por una gran conflictividad social ante la oposición de vecinos de las localidades ribereñas y ecologistas. En este tiempo se han invertido millones de euros en encargar estudios y redactar proyectos. Solo el informe sobre la estabilidad de las laderas de Biscarrués costó 5 millones de euros y el nuevo proyecto de 2016 superó 1,2 millones. Ni siquiera los gobiernos del PP, más favorables, han conseguido poner la primera piedra de un pantano que en los últimos años han mirado con recelo los socialistas, empezando por la ministra Teresa Rivera, ya en su etapa de Secretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero.
Tres años antes de acabar el embalse de la Sotonera, en 1960, el Centro de Estudios y Experimentación (Cedex) ya realizó un estudio de regulación del Gállego y un anteproyecto de un nuevo pantano de la Peña, con una capacidad de 192 hectómetros cúbicos. Se desechó.
La Confederación Hidrográfica, en 1981, planteó otras propuestas: Senegüé (84 hm³), Javierrelatre (730 hm³), Anzánigo I y II (835 y 950 hm³), La Peña, aguas abajo del ya existente (700 hm³) y Biscarrués (910 hm³). Este multiplicaba por 26 el último proyecto ahora descartado. Finalmente, en 1986, tras un estudio económico se optó por un Biscarrués de 192 hm³, declarado de interés general en 1992 en un Real Decreto de medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. Por entonces se escribió el primer capítulo de la lucha de los ayuntamientos de Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Murillo de Gállego y las asociaciones de la zona contra una obra que inundaría el pueblo de Erés y transformaría el río, acabando con la floreciente actividad turística de las aguas bravas.
Se llegó a contratar las obras por procedimiento de concurso de proyecto y construcción, pero antes de culminar el proceso, ante la oposición al embalse, el Gobierno paró los trámites en espera de las conclusiones de la Comisión del Agua de Aragón. En 2006 se llegó al acuerdo de buscar una solución que no inundase Erés ni acabase con las actividades turísticas del río, pasando de la cota 480 a una más baja, 452, con capacidad para 35 hm³, manteniendo la misma ubicación de la presa. Fue un acuerdo sin unanimidad, lo que a juicio de muchos, ha acabado dinamitando el proyecto. Se incluyó un punto que planteaba la posibilidad de recrecerla que no votaron ni Chunta ni los ecologistas.
La Declaración de Impacto Ambiental del 2012 invalidada ahora por los tribunales ya convirtió el proyecto en precario al introducir unas modificaciones como la exclusión de la central hidroeléctrica de pie de presa o la garantía de unos caudales mínimos. Pese a ello y al recurso en los tribunales, se siguió adelante y Riegos del Alto Aragón pagó la mitad de la redacción del nuevo proyecto, convertido ahora en papel mojado.
Entretanto se empezó a construir el embalse de Almudévar, contemplado en los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón 2006. Se habló también de otras alternativas para aumentar los caudales: Agua Baja, Valdeparadas o Valdecabrera. Todas ellas no han pasado de contribuir a llenar de “papeles”, como dice el Supremo, el embalse de regulación del Gállego.
