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El Ministerio descarta "definitivamente" el embalse de Biscarrués tras la sentencia del Supremo
Transición Ecológica asegura que no tiene previsto reconsiderar la obra, acata el fallo y la da por anulada. El nuevo proyecto llevaba dos años paralizado.
Dos días después de que el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del embalse de Biscarrués, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico anunció este jueves el descarte definitivo de la obra al no haber podido justificar su "interés público superior", requisito imprescindible según la Directiva Marco del Agua y la legislación española para alterar las aguas superficiales del Gállego con la construcción de una presa, de acuerdo al propio razonamiento del fallo.
Según ha confirmado el Ministerio dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera a HERALDO DE ARAGÓN, "en el ya largo recorrido de este proyecto, nunca ha podido ser justificado el interés público superior de la obra", ya que este es "el de la preservación del espacio inalterado", en referencia al río. En consecuencia, afirma, "no hay ninguna previsión de reconsiderarlo, sino de acatar una sentencia, dándolo definitivamente por anulado".
De esta forma quedaría enterrada una de las principales obras hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón del año 1992, un proyecto que arrastra un conflicto social y político desde hace más de tres décadas y que en los últimos años ha perdido apoyos.
El argumento del Ministerio coincide con el expresado por los tribunales. La Audiencia Nacional anuló en 2017 el anteproyecto (aprobado en 2011) y la declaración de impacto ambiental (2012), por infracción a la Directiva Marco del Agua y a la legislación nacional, concretamente al Reglamento de la Planificación Hidrológica. El pasado martes el Tribunal Supremo confirmó el fallo desestimando con ello el recurso de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, beneficiario de la obra, y dando la razón a cinco organizaciones ecologistas nacionales, a los ayuntamientos de Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Murillo de Gállego y a la coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.
El Gobierno central contradice así a los regantes. En opinión de estos esta nueva sentencia "no pone fin al proyecto", al haber uno nuevo en tramitación que "no ha sido invalidado", aunque necesitaría "de la voluntad política" para seguir adelante.
Pero con el anuncio de descarte definitivo, el Ministerio deja clara su intención de no avanzar en nuevos trámites. De hecho, llevan dos años paralizados, desde la llegada al Gobierno de los socialistas. El siguiente paso era la licitación del estudio de impacto ambiental, prevista para la semana de la moción de censura que el 1 de junio de 2018 dio la presidencia a Pedro Sánchez, pero nunca se llegó a hacer. Las inversiones del Ministerio están centradas ahora en la construcción del embalse de Almudévar, también para la Comunidad de Riegos del Alto Aragón.
Lo cierto es que Biscarrués ha ido perdiendo incluso a sus aliados tradicionales, sobre todo a raíz de sus problemas judiciales y de la apertura de un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea. Primero fue el sindicato UAGA y después el PSOE. El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, tras las últimas elecciones, ya se mostró favorable a descartar la obra y a buscar alternativas dentro de un acuerdo general. En esta misma línea, el presidente Javier Lambán abogó en febrero por convocar una nueva Mesa del Agua para revisar la obra. El PP es el único partido que mantiene un apoyo explícito. Incluso el otro sindicato agrario, Asaja, habla de buscar alternativas de consenso, a la vista de que retomar el proyecto lo dilataría tanto en el tiempo que "quizá no merece la pena", en palabras de su presidente, Fernando Luna.
