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Huesca

Los regantes no dan por muerto el embalse de Biscarrués y culpan al Ministerio

Riegos del Alto Aragón dice que la sentencia del Supremo deja a la Administración "en pésima posición" e incluso se pregunta si la tramitación no se hizo mal "intencionadamente". 

César Trillo, presidente de los Regantes del Ebro.
César Trillo, presidente de los Regantes del Ebro.
Rafael Gobantes

La sentencia del embalse de Biscarrués "no pone fin al proyecto". Así lo asegura Riegos del Alto Aragón tras analizar el fallo del Tribunal Supremo que anula el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. Según los regantes, la resolución judicial dice expresamente que "en el caso presente las actuaciones procedimentales en relación al proyecto de la obra del embalse de Biscarrués no han finalizado".

Para Riegos del Alto Aragón, si algo destaca de esta sentencia es que la administración debe mejorar su procedimiento en la justificación del interés público superior de las obras. "Es una importante llamada de atención para que se trabaje con el máximo rigor en la aplicación de la normativa europea y su trasposición al derecho español", señala en un comunicado hecho público este miércoles. 

Cabe recordar que el Supremo basa la anulación del embalse en que la declaración de interés general de 1992 no basta ni es equiparable al concepto de "interés público superior" exigido por la Directiva Europea del Agua para poder alterar una masa de agua como la del río Gállego, y este impacto debe estar avalado por un estudio riguroso que lo justifique en el momento de emitir las resolución administrativas de aprobación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. Estas era responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ahora de Transición Ecológica. 

La Comunidad General de Riegos carga las tintas contra la tramitación administrativa. Siendo una normativa conocida, se pregunta por qué no se hizo correctamente la declaración de interés público y apuntan a que pudo ser "por desconocimiento o por falta de interés" en la obra, "o lo que es peor, intencionadamente desde instancias políticas", lo cual "deja en pésima posición a la Administración Pública", responsable final de la tramitación y también responsable de satisfacer "las demandas y el correcto desarrollo de la actividad económica", en referencia a la utilidad de esta obra para el desarrollo del regadío.      

La sentencia, en su opinión, "de ningún modo entra a valorar la necesidad, el interés público y/o la prioridad" del embalse. En este sentido, destaca tres puntos del fallo: no entra a examinar las normas administrativas posteriores a las dos resoluciones administrativas impugnadas, de 2011 y 2012; el nuevo proyecto, cuya licitación quedó aparcada con el Gobierno de Pedro Sánchez, debería cumplir antes de la contratación de la obra con la Directiva Europea y la normativa española en cuanto a la explicación y justificación del interés público superior; y esa justificación debe incorporarse al Plan Hidrológico de Cuenca. 

Por todo ello, los regantes, "lejos de lanzarnos a una nueva búsqueda de alternativas al embalse de Biscarrués", piden finalizar el procedimiento del embalse y no derrochar el dinero público ya invertido. Lo contrario, dicen parafraseando la sentencia, "sería como admitir, lo que no puede admitirse, que el volumen documental sobre el embalse de Biscarrués ha cubierto dicho embalse, no con agua, sino con papeles y papeles"

Riegos del Alto Aragón se aferra al nuevo proyecto financiado por Riegos del Alto Aragón y empresa pública Acuaes, que "no ha sido invalidado por la sentencia", para que en su tramitación y nueva declaración de impacto ambiental justifique debidamente el interés público superior de la obra. Mantienen que la regulación del río Gállego, y en concreto el embalse de Biscarrués es "una pieza fundamental para poder finalizar el sistema regable".

"Abandonar el proyecto es marcar quienes son los vencedores y quienes los vencidos en la regulación del río Gállego" 

"La sentencia se expresa con claridad al respecto, anula lo dispuesto en los años 2011 y 2012, pero expone rotundamente que nada tiene que decir sobre actuaciones posteriores. Por tanto, se cuenta con proyecto, que ya ha sido sometido a información pública y que está a la espera de voluntad política", resumen, recordando que este embalse surgió del consenso, de un proceso de mediación que permitió sustituir el de 192 hectómetros cúbicos por uno de 35 para no inundar el pueblo de Erés. 

Riegos concluye que "abandonar el proyecto es marcar quienes son los vencedores y quienes los vencidos en la regulación del río Gállego" y subordinar el interés y la capacidad productiva de un sector estratégico como el agroalimentario "a la decisiones y estabilidad de los pactos políticos", en referencia a las alianzas del PSOE con las fuerzas de izquierda opuestas a los nuevos embalses, tanto en el Gobierno de España como en el de Aragón.

Los ecologistas creen que el embalse "ya es historia" 

Por su parte, las organizaciones ecologistas que llevaron el proyecto a los tribunales consideran que este embalse "ya es historia". "La decisión supone un hecho histórico y una gran victoria de las asociaciones ecologistas y ciudadanas y de los ayuntamientos, que llevan años liderando la lucha contra el embalse", han afirmado en un comunicado. "El proyecto de Biscarrués aludía a un 'interés público superior' que no estaba soportado por un análisis detallado y específico".

Creen que esta sentencia debería motivar la revisión de todas las grandes obras hidráulicas proyectadas que alteren los ríos y los hábitats naturales asociados, y la consideran "una oportunidad única para iniciar una verdadera transición ecológica en la planificación hidrológica".

Las cinco grandes ONG ambientales de España, de carácter nacional e internacional, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, se unieron para presentar por primera vez una queja conjunta y un recurso judicial contra este proyecto, que consideran "uno de los conflictos ambientales más significativos en el choque de la política de aguas española con las políticas europeas de protección de las aguas y la biodiversidad". Su acción vino a sumarse a la oposición de la Coordinadora Biscuarrués-Mallos de Riglos junto a los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, afectados por el proyecto.

La Administración General, afirman, no ha sido capaz de demostrar el interés superior del proyecto en las décadas que lleva tramitando e intentando sacarlo adelante. "Tampoco se ha demostrado que no existan otras alternativas más racionales y ambientalmente sostenibles, frente a este embalse que destruiría tramos muy valiosos del río Gállego y afectaría gravemente a las poblaciones ribereñas." Y valoran que la sentencia sienta una importante jurisprudencia sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España. 

UAGA pide centrarse en Almudévar

Respecto a la sentencia del Supremo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha reclamado este miércoles centralizar  todos los esfuerzos políticos, sociales y económicos en sacar adelante la construcción del embalse de Almudévar, actualmente al 30% de ejecución, para garantizar recursos hídricos para Riegos del Alto Aragón.

UAGA siempre ha sido favorable a Biscarrués, ha aclarado, y por ello apoyó la manifestación de 2011 en Zaragoza. "Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no fue buena idea presionar a la administración y mucho menos dar un ultimátum a los técnicos, que obviaron un informe bastante duro del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX".

Dice que deben reconocerse los errores y continuar hacia adelante, ya que el sector agrario no puede perder más tiempo esperando los regadíos. Por eso, destaca la importancia de concentrar esfuerzos para terminar cuanto antes Almudévar y sobre todo estudiar la eficacia del llenado de este embalse. 

Ante el reto climático de la agricultura, señala UAGA, debe haber un cambio de mentalidad, "y que en lugar de hablar de la expansión del regadío, se debe trabajar para lograr un mayor alcance, es decir, que todas las explotaciones agrarias de Aragón tengan acceso al regadío. Y la consecución de este objetivo pasa por continuar trabajando en unos embalses del siglo XXI".

Por último, UAGA lamenta que durante los últimos diez años se haya perdido tanto tiempo y recursos, que no nos sobran, en el proyecto de Biscarrués.

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