Los regantes han defendido este miércoles en la Audiencia Nacional la viabilidad y utilidad del embalse de Almudévar frente a las críticas ecologistas sobre el impacto y el alto coste de la obra. Ha sido durante la vista oral convocada para la práctica de las pruebas, en la que los peritos de cada parte han ratificado y han explicado sus informes.

El proceso contencioso-administrativo arrancó hace dos años, cuando Ecologistas en Acción recurrió la aprobación del proyecto y la declaración de impacto ambiental. Una vez practicada la fase de prueba, las partes tienen un mes para redactar sus conclusiones y se estima que la sentencia llegará después del verano.

En todo caso, el embalse lleva ya un año y dos meses en obras, se está levantando una de las dos presas que cerrará el vaso, con una capacidad de 169 hectómetros cúbicos, y el Ministerio de Transición Ecológica ya ha invertido 50 millones de euros: 13 en los trabajos y 37 en la expropiación de más de 1.000 hectáreas.

Ecologistas en Acción, como demandante, podía haber solicitado la paralización cautelar, pero se arriesgaba, si perdía, al pago de una indemnización millonaria. "Es un hándicap que la construcción esté en marcha, pero los tiempos de la justicia no los marcamos nosotros, ni hemos dado la orden de iniciar las obras cuando el recurso ya estaba en los tribunales. Si nos dieran la razón, pediríamos la paralización, como ya hemos hecho en otros casos", ha manifestado Chesús Ferrer, portavoz de Ecologistas en Acción.

Ha explicado que su perito, el profesor de la Escuela Politécnica de Huesca César González Cebollada, ha ratificado su informe, en el que habla de la dificultad y el alto coste del llenado. El embalse se construye fuera del cauce y se abastece por el Canal de Monegros. Según los demandantes, esta infraestructura no tiene capacidad de transporte porque parte del año está en uso para llevar agua al regadío y otra parte con labores de reparación y mantenimiento. También dicen que la memoria técnica oculta el gasto de 2,5 millones de euros del llenado por la necesidad de bombear el agua, lo que dispara la factura eléctrica.

Frente a González Cebollada han comparecidon por la parte demandada cuatro técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Como codemandados figuran el sindicato UAGA, el primero en personarse en el proceso en apoyo del Ministerio, que ha acudido con dos abogados, Álvaro Enrech y Pablo Martínez, y un perito, Jesús Ollés; dos comunidades de regantes; y Riegos del Alto Aragón, beneficiario de la obra pero que no aportó informe pericial.

UAGA ha insistido en la sostenibilidad ambiental y económica de este embalse, "la mejor alternativa" para aumentar el suministro y sin impacto en las masas de agua porque "no está en el cauce", ha recordado José Manuel Penella, responsable del área de Desarrollo Rural. A su juicio, "garantiza la recuperación de costes por su utilidad", y si hay un gasto energético, "lo asumimos en su totalidad los regantes". El coste del primer llenado no superará los 700.000 €, pero en los demás se reducirá esta cantidad, ha aclarado.

Según el sindicalista, su perito y sus abogados, así como los de la CHE, han desmontado "una por una" las tesis ecologistas, como la relativa a la capacidad de transporte del canal, y han avalado la corrección del proyecto.

Para el letrado de UAGA, Pablo Martínez, los demandantes no han ofrecidon argumentos sino que han hecho "manifestaciones gratuitas". Ha destacado el hecho de que su perito no sea alguien independiente sino que forme parte de la asociación Ecologistas en Acción. "Cuando se le ha preguntado si era socio de la organización ha dicho que no lo sabía".

Cabe recordar que Ecologistas en Acción consiguió que la Audiencia Nacional admitiera la demanda justo dos semanas después de que las organizaciones conservacionistas ganaran otra batalla judicial al ser anulado el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental de Biscarrués, ahora pendiente del Supremo. La presa de Almudévar es una infraestructura complementaria a esta, concebida como balsa de almacenamiento y que a diferencia de Biscarrués no plantea un conflicto social, ya que se ejecuta en un municipio de la zona regable. Sin embargo, el Ayuntamiento presentó otro recurso porque el Ministerio inició las obras sin ejecutar en paralelo un plan de restitución para compensar las 1.000 hectáreas inundadas.