despoblación
La nueva legislatura examina las políticas contra la despoblación en el Aragón rural
Moncloa ofrece servicios a menos de 30 minutos y compensar las renovables. La DGA reclama ayudas directas a la UE y una financiación diferenciada.
El nuevo ciclo político, con cambio de Gobierno en la DGA y en el reparto de fuerzas del Congreso, deberá hacer frente en los próximos cuatro años al problema pendiente de la despoblación. El medio rural reclama para ello medidas concretas y efectivas que pongan freno al deterioro demográfico de Aragón. Tras el auge y caída de las plataformas de la España Vaciada, todas las miradas se centran en la Administración central y la autonómica. Desde la Moncloa, Pedro Sánchez apuesta por garantizar por ley la accesibilidad de los servicios públicos y retribuir al territorio que soporte la expansión de las renovables. Por su parte, en el Pignatelli reclaman a Europa ayudas directas y, al Ministerio, una reforma de la financiación que beneficie a quienes sufren la dispersión y el envejecimiento de su población.
Sánchez prepara una ley que garantice el acceso a los servicios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en su discurso de investidura como una "prioridad" su apuesta por "reducir las diferencias que existen entre provincias y fortalecer la cohesión territorial" del país. La medida estrella será la aprobación de una ley que garantice el acceso de los servicios públicos esenciales a menos de 30 minutos de viaje para cualquier vecino. La propuesta genera no poco escepticismo en una comunidad donde, por ejemplo, los vecinos de Gistaín tienen el hospital más cercano a más de 80 minutos. A la espera de conocer el texto que pase por el Congreso, supone una declaración de intenciones. "Que nadie tenga que abandonar su pueblo porque no hay un cajero o un centro de salud cerca y que las oportunidades de ningún español estén determinadas por su código postal", dijo el líder socialista.
La Moncloa, además, se apoya en el reparto de los fondos europeos de recuperación para acelerar la industrialización y las oportunidades laborales más allá de las grandes capitales. En la misma línea, se mantiene vigente el plan de descentralización de sedes estatales –Aragón lucha por la de Salud Pública– y por la inversión en "mejores infraestructuras y conexiones ferroviarias".
La DGA quiere abrir un nuevo melón en los fondos europeos
El cambio de siglas en el Pignatelli abre nuevas expectativas para el mundo rural aragonés. La DGA mantiene viejas reivindicaciones, como una reforma del sistema de financiación autonómica que prime a los territorios más despoblados, envejecidos y dispersos. El presidente autonómico, Jorge Azcón, presiona además al Ministerio de Hacienda para que amplíe el alcance de las ayudas a los costes de funcionamiento de las empresas de Teruel.
Pero es el vicepresidente Alejandro Nolasco, como responsable del área de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, el que encabeza las nuevas políticas de la DGA. Su principal apuesta es la reclamación a Europa de ayudas directas y un régimen fiscal diferenciado en virtud del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que alude a zonas especialmente en gravedad por cuestiones demográficas.
Además, la DGA, que ha creado una dirección general de Despoblación, ha aprobado un fondo específico para las provincias de Huesca y Zaragoza (Fihuzar), excluida la capital, de 4,5 millones; ha presupuestado otros 4 millones para vivienda; y planea la creación del Centro de Estudios Demográficos, que se instalará en Teruel capital, entre otras medidas. La DGA quiere abrir un nuevo melón en los fondos europeos
La DGA quiere abrir un nuevo melón en los fondos europeos
"Los habitantes de los pueblos hemos contemplado cómo desde la capital se pretendían aportar soluciones al reto demográfico sin conocer la realidad de nuestros municipios", advierte el diputado nacional de Sumar Aragón, Jorge Pueyo, que ha presentado dos Proposiciones no de ley en el Congreso para dar un impulso desde la Moncloa a la lucha contra la despoblación. El alcance de las medidas en este ámbito, marcado en rojo por CHA ante la ausencia de rivales en el hemiciclo de la España Vaciada, medirá el peso de la formación nacionalista en la coalición de Gobierno.
Por un lado, Pueyo plantea un pacto de Estado "por un mundo rural vivo, el reto demográfico y la cohesión territorial" similar al Pacto de Toledo. Además, reclama un nuevo ‘Plan de acción para el Medio Rural’ que "aporte recursos presupuestarios específicos" que garanticen que ese acuerdo de acceso a servicios esenciales en un tiempo máximo de 30 minutos "no sea solo papel mojado sino una realidad". Sumar ve indispensable "garantizar rendimientos dignos en el sector primario y diversificar la economía impulsando la industria y el sector servicios y fomentando la vivienda joven y residencia de empleados públicos", entre otras medidas.
El complejo equilibrio de la expansión de las renovables
A la lista de dificultades que debe hacer frente el mundo rural se suma ahora un despliegue intensivo de parques de energía renovable sobre su territorio que puede convertirse en una oportunidad. Todo dependerá de si se logra un ordenamiento adecuado de los permisos de instalación y una compensación –económica o de otro tipo– a los municipios afectados. En este sentido, Sánchez prometió para esta legislatura un despliegue "responsable y coordinado, integrando a los vecinos en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios". La ministra del ramo, Teresa Ribera, reconoció en el anterior mandato esta legítima reivindicación aragonesa, que sigue pendiente.
Las empresas reclaman mano de obra y vivienda para alojarla
El primer año de aplicación de las ayudas al coste de funcionamiento de las empresas de la provincia de Teruel (junto con las de Soria y Cuenca, las tres más despobladas del país), deja un sabor agridulce. "Son el culmen de mucho trabajo para abrir este nuevo melón en la Unión Europea, pero tanto la intensidad como el resultado esperado no es el imaginado", reflexiona Sergio Calvo, secretario general de CEOE-Cepyme Teruel.
Por primera vez, y por iniciativa del anterior Ejecutivo aragonés, la UE abrió la puerta a una fiscalidad diferenciada en las tres provincias más despobladas del país, como ya ocurre en algunos territorios que sufren el mismo problema en los países nórdicos. En concreto, se permite bonificar hasta el 20% de los costes laborales, pero el Gobierno de España solo implantó ayudas a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en los contratos indefinidos. Según los agentes sociales, eso supone apenas el 1% de lo que permite Europa.
"Estamos satisfechos por un lado y decepcionados por el otro", reconoce Calvo, que confía en que la Moncloa amplíe el alcance de unas ayudas que, eso sí, genera recelos en territorios vecinos por la posible fuga de empresas y de trabajadores. En Teruel, no obstante, "sigue faltando mano de obra", dice el responsable de la patronal, que pide para paliar este problema "agilizar tramites administrativos, por ejemplo en Extranjería, para que puedan venir a trabajar legalmente", así como "vivienda en el medio rural para su alojamiento".
