Tres años después de sufrir en las urnas la fuga de parte del electorado socialista hacia las plataformas de la España vaciada, y a seis meses de los próximos comicios autonómicos y municipales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acelera su plan para recuperar el terreno perdido en el mundo rural. "Vamos a fortalecer el tejido productivo creando nuevas oportunidades en pequeños municipios. La despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución", dijo esta semana en el Congreso tras anunciar las tan demandadas ayudas para las empresas de las zonas más despobladas, entre ellas Teruel.

Es el más reciente de los guiños al electorado rural, y no será el último, dice la Moncloa, que ultima nuevas ayudas e inversiones para el territorio. El Ejecutivo central presume de haber puesto en marcha un centenar de las 130 medidas incluidas en el plan estatal frente al reto demográfico y, en concreto, de haber invertido en Aragón más de 230 millones en políticas contra la despoblación. En los últimos meses se han aprobado ayudas para negocios forestales, se ha mejorado la cobertura de internet... e incluso se ha excluido a los perros de caza de la ley de protección animal.

Sin embargo, las políticas del Gobierno han dejado un sabor agridulce en Aragón, cuando no un rechazo frontal por no atender sus reivindicaciones. La tensa relación entre Sánchez y el líder autonómico, Javier Lambán, las altas expectativas creadas y el sentimiento de agravio entre territorios están detrás de las críticas.

Las bonificaciones a la Seguridad Social aprobadas para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria son el último ejemplo. Provincias como Zamora o León ya han trasladado su malestar por no poder beneficiarse de la medida. Pero no hay que irse fuera de Aragón. El propio PSOE denuncia en Huesca la "discriminación" de su territorio, al igual que Zaragoza, que reclama su aplicación en las comarcas limítrofes que cumplen con el ratio fijado por la UE de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. "No dejan de tener la misma problemática", dice la DPZ.

Al margen del alcance territorial, el anuncio de Sánchez deja varias incógnitas por resolver. La primera, el plazo de aplicación, aunque si se hace caso de la disposición adicional incluida en los presupuestos, debería desplegarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. La segunda, si tendrá en cuenta a los autónomos, y no es una cuestión menor. De las 9.039 empresas afincadas en Teruel, más de 5.000 son trabajadores por cuenta propia.

Además, los empresarios advierten de que el presidente aludió únicamente a las cotizaciones por los contratos indefinidos, y no al resto de costes laborales, como se preveía inicialmente. Si queda ahí, el impacto "será irrelevante", alertaban en Cepyme Teruel.

En cualquier caso, la medida fue recibida como una "noticia positiva". Tanto que desde el minuto uno se desató la lucha por el relato. Mientras la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, destacaba que fue el Ejecutivo autonómico el que "puso encima de la mesa" las bonificaciones en el año 2019, el portavoz de Teruel Existe en el Congreso recordaba que el anuncio de Sánchez llegaba apenas unos días después de señalar las ayudas como una "línea roja" para apoyar las cuentas del próximo año.

Frente judicial

Pero el mayor "desajuste", en palabras de Lambán, entre las aspiraciones de la Comunidad y los planes del Gobierno central ha llegado, precisamente, con una de sus medidas estrella con el territorio. El proceso de descentralización de sedes estatales buscaba ofrecer oportunidades a otras ciudades más allá de Madrid, pero los criterios exigidos para el primer organismo afectado –y uno de los más importantes–, la Agencia Espacial, dejan fuera a la España vaciada. Y en concreto, a la candidatura de Teruel, que difícilmente podrá competir con exigencias como línea AVE o rutas aéreas con Europa. Por ello, tanto la DGA, como el Ayuntamiento turolense y Teruel Existe llevarán el caso a los tribunales.