"Las residencias no pueden ser aparcamientos de ancianos". Estas crudas palabras del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, evidencian que el modelo de cuidados de los centros de mayores está cambiando y tiene necesidad de hacerlo aún más y más rápido. Desde hace semanas se discute en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales un ambicioso acuerdo sobre la acreditación y la calidad de los centros de atención a la dependencia y, aunque la mayoría de las comunidades -entre ellas Aragón- está por la labor de aprobarlo, las dudas sobre su financiación han pospuesto el visto bueno al proyecto. Se aspira a adaptar las residencias de mayores al modelo nórdico, con espacios comunes y unidades de convivencia de unas 15 personas, para lo que también es imprescindible más medios, más dotación y más personal, algo que la memoria económica, de momento, apenas contempla.

“La pandemia ha evidenciado que no estábamos preparados para atender a personas en grave situación de fragilidad, discapacidad y dependencia”, dice el Justicia, que en los últimos años ha volcado muchos desvelos en contrarrestar la soledad de los ancianos. Sobre los modelos de residencia -de las que hay más de 5.500 en todas España- solicita que se contemplen en los planes urbanísticos y apuesta por la eliminación de lo que llama ‘macrocentros’. Estas grandes construcciones aún arrastran ‘dejes’ de los asilos de finales del franquismo y distan mucho con el planteamiento ideal que ha propuesto la ministra de Servicios Sociales Ione Belarra para la futura ley. Su premisa es que las residencias centren la atención en la persona porque “los cuidados empiezan en los domicilios con una atención integral e integrada”. Se trata que los trabajadores respeten en la medida de lo posible el estilo de vida a las personas que atienden, para lo que lo idóneo sería “que las residencias fueran como hogares”. 

De ahí surge el concepto de “unidades o módulos de convivencia”, de unas 15 personas, que compartirían zonas comunes como salones, cocinas, comedores o espacios de asueto. En un escenario perfecto estas residencia deberían contar también con espacios al aire libre (jardines o terrazas) y con una permeabilidad tal, que permitiera que los familiares pudieran acudir cuando quisieran y que los propios mayores pudieran estar también en contacto con el exterior con la máxima libertad. Además, la mayoría de las habitaciones (en torno al 65%) deberían ser individuales, algo que quizá pudiera imponerse en los proyectos de nueva planta, pero que apenas podría implementarse en las ya existentes sin eliminar plazas y con la exigencia, además, de hacer no pocas reformas para dotar de baño a cada habitación. “El reflejo es el de una residencia de estudiantes, con habitaciones privadas, pero a pequeña escala y con atención y servicios”, explican desde el sector, donde cuentan que en los países nórdicos está legislado, incluso, que las habitaciones no han de ser menores de 20 metros cuadrados y que tienen que tener conexión a internet.

“Las residencias no son ni hoteles ni hospitales, tienen que ser casas, donde las personas tengan oportunidades para vivir según sus deseos. Su necesidad de cuidados no justifica privarles de su capacidad para decidir sobre su propia vida”, apunta Gustavo García, portavoz de la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta visión va acompañada de una concepción hogareña con lazos vecinales y es totalmente opuesta a la de espacios masificados.

Otro término que se ha introducido también en el debate es el de ‘derecho de proximidad’, que puede abordarse desde una doble vertiente: el que estas residencias estén céntricas y no en la periferia para que los mayores no pierdan contacto con su vecindario habitual, y el que cuenten con facilidades para la convivencia familiar, sin trabas de visitas concertadas para los parientes y con la posibilidad, incluso, de que los hijos o los nietos puedan comer o pasar la noche en la residencia. “También sería un ejercicio de transparencia que acabaría con los debates de si se les da bien de comer o no. Si a los mayores se les priva del derecho a la proximidad, se les priva de la ciudadanía”, señala Gustavo García, en un decálogo redactado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con iniciativas para mejorar el actual.

Heraldo

“Nosotros consideramos esencial la apuesta por espacios más reducidos, que permitirán también procurar una atención más personalizada”, explica Minerva Morago, directora técnica área de Mayores de la Fundación Rey Ardid. Esta fórmula ya la están aplicando, por ejemplo, en su residencia de Gurrea de Gállego, donde la mayoría de las habitaciones son individuales y se prescinde también esos “comedores gigantes o salones incómodos para 50 o 60 personas”. Morago también cree que deben de dejar de hacerse talleres ‘random’ de bailes y aritos, y apuesta por “actividades con significado”, esto es, las que los mayores han venido haciendo toda la vida y les enraizan y dan estabilidad: desde cocinar, pelar patatas, cortar flores, tareas domésticas… “Nos tenemos que basar en sus decisiones. El personal tiene que cambiar su rol y pasar de ‘expertos’ a ‘acompañantes de vida’: preguntarles, escucharles, saber qué les gusta, qué quieren hacer, que aporten también en cómo lo hacemos… De lo contrario, los mayores tienden a diluir su personalidad y se acelera la pérdida del vínculo con la comunidad”, apunta Morago.

El cambio de paradigma, a sabiendas de que apenas el 4% de las personas que viven en residencias lo hacen por voluntad propia, se venía ya planteando desde antes de la pandemia pero es obvio que la covid lo ha azuzado. En el citado decálogo, García detalla que “todas las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible” y, por tanto, “la adaptación del modelo residencial pasa por que se fomente la atención en el domicilio y que el traslado sea lo último”. La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, también considera que el modelo residencial ha de caminar hacia un trato más personalizado y, en consecuencia, los gobiernos trabajan en potenciar servicios como la teleasistencia o el servicio a domicilio, que permitan que los mayores permanezcan en su casa todo el tiempo posible. El Plan del Mayor de la DGA contempla 49 medidas -se incluyen programas como ‘Cuidarte’ o el teléfono del mayor- y prevé invertir en torno a 450 millones en toda la legislatura.

Heraldo

No obstante, todos los sectores admiten que aún hay mucho debate pendiente y camino por recorrer de cara a un acuerdo, porque la propuesta del Gobierno central genera dudas, al margen de por su incertidumbre económica, porque las mejoras parecen únicamente enfocadas a casos de personas no dependientes. Tampoco se ha aclarado si estas residencias tendrían espacios medicalizados o si sus usuarios deberían recurrir a la sanidad pública igual que los demás ciudadanos. Igualmente, hay opiniones enfrentadas en lo relativo a si los fondos europeos de recuperación compensarían el incremento de costes y precios de las plazas, lo que harían inviable el sistema. Las ayudas para adecuar las residencias obsoletas -con reformas que saldrían caras- apenas se ha puesto sobre la mesa, a pesar de que las gerencias que asumen estos espacios buscan siempre la rentabilidad.

En este mar de dudas, el Justicia Dolado recuerda que la atención a los mayores es un asunto que compromete “competencias estatales, autonómicas y locales, y -por tanto- hay responsabilidades compartidas y desafíos comunes”. Muchos retos para atender a más de 375.000 usuarios en la actualidad, con una demanda creciente, pues la propia OMS recuerda que para 2035 el 26% de la población española tendrá más de 65 años.