El Gobierno quiere que en 3 años se eliminen las sujeciones en las residencias
Desde Derechos Sociales desean que "únicamente" se usen en situaciones excepcionales, se apliquen con la mínima intensidad y por el tiempo necesario
El Gobierno quiere que en el plazo de tres años se eliminen todas las sujeciones en las residencias y que "únicamente" se usen en situaciones excepcionales, se apliquen con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y siempre que se haya constatado el fracaso de otras alternativas.
Es una de las propuestas que el Ministerio de Derechos Sociales plantea en el último borrador de trabajo, al que ha tenido acceso Efe, que ha compartido este viernes con sindicatos y patronal para su negociación en la mesa del diálogo social, con el objetivo de acordar criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La negociación para cambiar el modelo y fijar los requisitos mínimos exigibles a los servicios de atención a la dependencia en toda España sigue en marcha. El Ejecutivo negocia también con las comunidades, que son las que tienen la competencia en esta materia y las que tienen que aprobar el documento en Consejo Territorial, que previsiblemente se celebrará el próximo mes de marzo.
Respecto a las sujeciones a los residentes, el borrador indica que para justificar su uso en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, cuidadores o terceras personas, se deberán documentar y detallar los intentos alternativos, los motivos de su fracaso y sus consecuencias.
Ese procedimiento tendrá que contar con prescripción médica y supervisión técnica, consentimiento informado y será obligatorio comunicarlo al Ministerio Fiscal.
En el "breve espacio" de tiempo durante el que esté sujeta la persona, ésta deberá ser mantenida "en condiciones dignas" y bajo el cuidado y supervisión continua de los profesionales del centro, remarca el texto.
El borrador propone que las residencias tengan al menos un 65% de habitaciones individuales y que los nuevos centros que se construyan tengan un máximo de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia de 15 personas, que incluirán cocina, comedor y sala de estar y, preferentemente, acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín.
Las residencias ya construidas tendrán que hacer obras para sectorizar el centro en espacios independientes entre sí, de forma que cada una de ellos no supere las 90 plazas y puedan crearse unidades de convivencia y que el 35% de las habitaciones sean individuales. Tienen un plazo de hasta 7 años para hacer las reformas.
En el caso de los centros para personas con discapacidad las plazas se limitan a 50.
Con este nuevo modelo también se pretende mejorar las ratios de personal: se propone que en 2027 sea de 0,43, lo que para una unidad de convivencia de 15 personas supondría 5 trabajadores (2 por la mañana, 2 por la tarde, 1 por la noche).
Derechos Sociales plantea que las residencias estén ubicadas en suelo urbano y que garanticen a las personas el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria.
Los centros serán sometidos a inspección, control y seguimiento para asegurar un cumplimiento continuado de los requisitos para lo que se establece un mínimo de 1 inspector por cada 25 residencias.
El último borrador ha incorporado además a los criterios de acreditación los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio.
Se propone que el 5% de la jornada laboral del personal que trabaja en este servicio de ayuda a domicilio se dedique a labores de coordinación y que el desplazamiento entre viviendas no cuente como tiempo de atención pero sí como parte de su jornada.
Asimismo, en el marco del Consejo Territorial se pretende conformar un grupo técnico que evalúe la calidad de los servicios del SAAD cuyos criterios y resultados serán públicos y transparentes.
