Las colas del hambre afloran y la pandemia se ceba con los hogares más vulnerables en Aragón

Casi 12.000 familias aragonesas reciben un salario social, pero las organizaciones critican que hay colectivos que se quedan fuera.

En 2020 con el confinamiento y la situación laboral se dispararon las peticiones de alimentos
En 2020 con el confinamiento y la situación laboral se dispararon las peticiones de alimentos
Toni Galán

La pandemia empujó a las colas del hambre a miles de aragoneses. Entre ellos, nuevos pobres que por primera vez recurren a los servicios sociales para cumplir con todos los pagos a fin de mes. Los ERTE se convirtieron en un enorme paraguas que consiguió salvar muchas rentas. Ahora la recuperación económica parece encarrilada, pero las cicatrices dejadas, más allá de lo económico, son profundas. Los hogares más vulnerables (muchos con todos sus miembros en paro) ven cómo sus penurias se recrudecen con la subida de la luz, la cesta de la compra y el coste de la vida en general. Las familias monoparentales (muchas encabezadas por mujeres) y los migrantes son dos colectivos muy golpeados. Las desigualdades se han acentuado.

"Nos encontramos cada vez más trabajadores pobres, usuarios que ya han accedido a un trabajo pero que tienen jornadas parciales con las que no llegan a cubrir todos los gastos, especialmente los de alojamiento, luz, agua y gas. Todo se ha encarecido y los salarios no van acordes al IPC", apuntó Julián Martínez, responsable de intervención social de Cruz Roja Zaragoza. De las 27.000 ayudas económicas o de alimentación (a través de tarjetas prepago) que concedió la entidad el año pasado se han incrementado "las destinadas a suministros y pagos parciales de alquileres", subraya. En anteriores crisis, la economía sumergida se convirtió en una salvación, pero en esta ocasión no estuvo allí.

Como contrapartida, Martínez subraya que gracias al ciclo de activación económica se ha logrado un 45% de inserción laboral en un plan de empleo por el que pasaron el año pasado 1.965 personas. Están reforzando la "recualificación profesional" necesaria para cambiar de ocupación hacia nichos "en empleo verde, economía circular y nuevas tecnologías".

El Banco de Alimentos de Zaragoza es un buen termómetro para pulsar las necesidades más básicas. El año pasado contabilizaron a unas 22.000 personas de Zaragoza y provincia que recurrieron a los productos que salen de sus naves. Menos que en 2020, cuando fueron más de 26.000. "La situación ha mejorado y también nuestros controles", explicó su presidente, José Ignacio Alfaro. Los kilos de comida que ponen en circulación, 4,3 millones en 2021, han aumentado un 9% porque el lote que se entrega ha pasado de 140 kilos por persona al año a 177.

El comedor de la parroquia del Carmen de Zaragoza es una de las 160 entidades que recibe productos del Banco. "Antes de la pandemia lo utilizaban una media diaria de 170 personas, ahora nos hemos estabilizado entre 220 y 225, aunque en el verano tras el confinamiento llegamos a los 270", resumió Ramón Maneu. delegado parroquial para la obra social.

El número de sin techo que pernoctan al raso en la capital aragonesa se ha duplicado desde 2018 y se acerca a los 250, según los últimos datos de Cruz Roja. La presencia de mujeres se ha disparado y se ha puesto en marcha la casa abierta dirigida a ellas.

Revisar la renta mínima

Actualmente 11.819 familias aragonesas reciben una nómina social, según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía del Ejecutivo autonómico. Una cifra resultante de sumar los 8.760 hogares (en los que viven unas 23.000 personas) que cobran el ingreso mínimo vital (IMV, renta mínima dependiente del Gobierno central); 460 el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) porque no perciben la prestación nacional y 2.599 Ayudas de Integración Familiar dependientes de la DGA. El Gobierno aragonés destacó que es el número de salarios sociales más alto de la historia.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales difundió este lunes un estudio en el que asegura que Aragón fue una de la siete comunidades que redujeron los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción en el primer año de la pandemia. Estas, estimaron, solo llegaron al 10,9 % de la población que vivía en el umbral de la pobreza. Desde el Ejecutivo recordaron que se mantuvo el IAI y sigue vigente. Desde que entró en vigor el IMV, en junio de 2020, ya no se pudo solicitar la renta aragonesa.

El pasado octubre se puso en marcha la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (Pacimv). Este complemento (al que tienen derecho todos los que lo cobran el IMV) lo han solicitado 2.267 titulares. No hay datos de los que perciben la renta autonómica porque se quedan fuera de la nacional. La DGA adujo que "se está a la espera de recabar las peticiones de las comarcas para poder hacer un balance". Desde el Colegio de Trabajadores Sociales reprocharon que esta prestación "no acaba de funcionar".

Este colectivo y las organizaciones no gubernamentales critican los casos de colectivos vulnerables que se quedan fuera de ambas ayudas. Desde Cáritas Zaragoza reclamaron que se desarrolle una aplicación del IMV "con una perspectiva amplia", que incluya a todos aquellos "que tienen dificultades reales para poder insertarse en el mercado laboral, y que van a tener que depender de una ayuda de carácter asistencial con carácter definitivo". Demandaron que se reduzca la "hiperflexibilidad" laboral, especialmente en sectores no cualificados y se acabe con los "empleos temporales y precarios y la irregularidad". Llamaron la atención sobre la infravivienda y ese "apagón digital" que es el nuevo analfabetismo.

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