energía
Bono social: el refugio de los 28.600 aragoneses para protegerse de la subida de la luz
Los requisitos se han ampliado este año para incluir a las personas afectadas por la crisis derivada de la pandemia de covid-19, pero sigue habiendo quienes que no saben que pueden solicitarlo o que lo pierden al dejar la tarifa regulada.
En Aragón, 28.561 hogares se encuentran protegidos frente a las subidas de la electricidad con el llamado bono social, según los datos a 19 de noviembre de Endesa. Este incluye descuentos de entre el 25% y el 40% en la factura de la luz para determinados colectivos. Casi el 60% de los usuarios lo perciben por cumplir los requisitos de renta, un 30% por ser familia numerosa y un 10% son pensionistas.
Algunas asociaciones vienen pidiendo que se simplifique la documentación exigida, en la que se atascan muchas solicitudes, y aumente la información, para que este descuento llegue a más familias. "El 75% de las personas que atendemos en Aragón tenían derecho al bono social, pero solo un 43% lo estaba percibiendo", explica Cecilia Foronda, técnico de la organización Ecodes, que trabaja ayudando a mejorar la eficiencia y reducir la pobreza energética.
Al desconocimiento se suma que el papeleo considera que sigue siendo "complejo". El 63% de las denegaciones se producen por "falta de documentación". Desde la asociación de consumidores OCU, calculan que en toda España más de un millón de hogares no disfrutan del bono social eléctrico teniendo derecho a él.
Desde Ecodes se piden medidas como la "automatización" en la concesión, para que se obtenga directamente por los beneficiarios, sin tener que presentar estos la documentación. Además, considera que debería ser tramitado a través de las administraciones públicas y no de las compañías eléctricas. "Los Servicios Sociales conocen la situación de vulnerabilidad de las personas y tienen sus datos sobre la mesa", apunta.
La escalada de precios de la electricidad que se vive desde el verano ha hecho que hayan aumentado las consultas en el teléfono desde el que ofrecen asesoramiento energético gratuito (650 687 128). "Hemos tenido más demanda, la gente llama más a para informarse y les damos opciones, entre ellas el bono social", indica, aunque muchos de ellos no conocen que existe este mecanismo de descuentos. "Les damos cita, revisamos si tienen derecho o no al bono y les ayudamos a tramitarlo. Ofrecen también información personalizada sobre hábitos de consumo y eficiencia energética.
Pérdida del bono si se cambia de compañía
Entre los problemas más frecuentes desde Ecodes destacan que a veces falta conseguir el certificado de empadronamiento o la persona que lo pide no es el titular del contrato de suministro, ya que vive de alquiler. El contrato debe estar a su nombre.
Otro de los casos que gestiona la organización es la recuperación del bono social, cuando este se pierde porque el consumidor se cambia a una comercializadora del mercado libre, atraído por las ofertas de descuentos y tarifas planas. Foronda indica que en estos casos se une el desconocimiento del cliente y la información incompleta del comercial. En estas situaciones habría que echar cuentas.
"No le explican más que que le van a hacer descuento para cambiarse a esa compañía", critica. Se trata de supuestos en los que el usuario seguía con la tarifa regulada, la PVPC (Precio de Venta para el Pequeño Consumidor) y cambia a una plana. Este cambio tiene marcha atrás. Se puede volver a la PVPC en cualquier momento, pero Foronda advierte que la compañía del mercado libre puede tener un "compromiso de permanencia", como ocurre en telefonía, y si se cambia deberá pagar una penalización. En estos supuestos el desconocimiento se extiende a que muchos consumidores todavía no son conscientes de que existen dos tipos de mercados, el regulado y el libre.
Requisitos para pedir el bono social
- Tener contratada la tarifa regulada por el Gobierno, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). El PVPC es el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales. Solo se puede contratar a las comercializadoras señaladas como "de referencia" por el Gobierno.
- Consumidor Vulnerable. Puede beneficiarse de un 25% de descuento. Si su renta o la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o menor de 11.862,90 euros al año. Este límite sube a 15.817,20 euros si hay un menor en la unidad familiar y a 19,771,50 euros si hay dos. Se incluyen en ese grupo las familias numerosas o si el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad familiar sean pensionistas.
- Consumidor Vulnerable Severo. Descuento del 40%. Debe percibir una renta anual menor o igual de la mitad de los límites establecidos para ser considerado consumidor vulnerable, incluyendo, en su caso, el incremento previsto para los casos en los que concurran las "circunstancias especiales". Si es una familia numerosa, la unidad familiar debe percibir una renta anual igual o inferior a 15.817,20 euros. Se incluyen los casos en los que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos perciben pensión mínima o la unidad familiar a la que pertenezca debe percibir una renta anual igual o inferior a 7.908,60 euros.
- Consumidor en Riesgo de exclusión social. Debe ser considerado vulnerable severo y ser atendido por los Servicios Sociales de una Administración Pública, que financien al menos el 50% del importe de su factura. No se le puede interrumpir el suministro eléctrico.
- Covid-19. En mayo el Gobierno fijó nuevos supuestos para personas afectadas por al crisis económica: desempleados, afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) y empresarios que hubiesen visto reducida su jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
- Circunstancias especiales. Familias monoparentales, víctimas de violencia de género, de terrorismo, algunas situaciones de dependencia y discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
