cRECIDA EXTRAORDINARIA DEL EBRO
Las ayudas que se prometen "de urgencia" tardan una media de ocho meses en llegar
Los vecinos afectados por la riada confían en que salga adelante la declaración de "zona catastrófica" para poder agilizar las indemnizaciones.
Hasta que no descienda el nivel de las aguas no se podrá acceder a las parcelas y, por tanto, hacer una valoración de los daños que está provocando este nueva crecida del Ebro. Para los agricultores y ganaderos de la ribera, no obstante, llueve sobre mojado y saben perfectamente que las pérdidas van a ser cuantiosas y que pasarán bastantes meses hasta que reciban alguna compensación económica de las que anuncia la clase política. ¿Qué ha pasado en riadas anteriores? ¿Cuánto se ha tardado en cobrar las ayudas prometidas?
“En circunstancias normales pueden pasar seis o siete meses desde que se solicita la ayuda hasta que se recibe el ingreso”, explica Luis Pablo Latorre, vicepresidente de la Asociación de Afectados por las riadas del río Ebro (Asafre), que -no obstante- advierte de que en muchas ocasiones las circunstancias no son normales. “De hecho, las crecidas del Ebro más comunes son las primaverales. Suelen llegar en marzo o abril por el deshielo. La de este año es bastante excepcional y tenemos que remontarnos hasta 1964 para ver una riada en diciembre de tanta magnitud como la de estos días”, comenta Latorre, que explica que si la crecida se produce en primavera, el plazo de solicitudes se prolonga hasta principios de verano y generalmente, a finales de año se suelen ingresar las indemnizaciones.
Echando la vista atrás, en 2018 se tardaron más de ocho meses en recibir las primeras ayudas públicas prometidas -hubo hasta alguna protesta a las puertas de la consejería de Medio Ambiente- y en el caso de 2015 casi se rozó el año, pero en la actualidad “los decretos son más maduros, más precisos y acotan mejor lo que se solicita y cómo se aplicarán las compensaciones”, opinan desde Asafre. Ese plazo de seis, siete u ocho meses lo emplea la administración para cotejar el aluvión de solicitudes y, mientras tanto, los afectados han de hacer equilibrios con sus ahorros o confiar en que las aseguradoras privadas sean más rápidas a la hora de abonar sus reclamaciones. “El Gobierno pone un plazo para la solicitud de indemnizaciones, pero nunca se pone plazo a sí mismo para pagar”, dicen con sorna los vecinos de la ribera alta. Marisol Sancho, propietaria de unas huertas cercanas a Gallur, cree que así evitan que los afectados puedan reclamar intereses de demora, que antaño se fijaban en el 4% sobre la cantidad que debían percibir.
También cuentan los afectados que, a la espera de la ayuda prometida, en torno a un 10% de los agricultores y ganaderos llegan a sufrir embargos por parte de la Seguridad Social y Hacienda al no poder hacer frente a algunos pagos. “Es la pescadilla que se muerde la cola, sobre todo, cuando es la propia administración la que no liquida los cobros pendientes o tarda en recuperar las infraestructuras que permitan retomar nuestra actividad”. Alfonso Barreras, presidente de la asociación de afectados, asegura que “la burocracia es muy sencilla” y cree que el problema radica en el “tener voluntad y querer”. “Estamos siempre en las mismas: se promete mucho y al día siguiente todo el mundo se hace fotografías en la orilla”, dice el portavoz.
En esta crecida de 2021 -a la espera de la evolución en las próximas horas- parece que se está conteniendo bien en el cuello de botella que forma el río a la altura de Boquiñeni y Pradilla, pero sí ha causado algún estrago más importante en Novillas. En este punto se rompió una mota y ha habido vecinos como David Alcalde, un joven ganadero de 36 años, que creía haber perdido más de mil ovejas y 400 corderos, con los que tenía previsto hacer la campaña de Navidad. “A primera hora nos informaron de que se había ahogado un ganado entero en Novillas, en una explotación que lleva abierta desde 1960 y en la que nunca se habían registrado incidencias por el agua. Por suerte, parece que las imágenes de un dron de los Bomberos han mostrado que los animales siguen vivos”, informaban ayer sus compañeros.
Los mayores problemas por la actual crecida del Ebro se siguen dando en Navarra (con las briosas aportaciones de los ríos Arga, Larraún, Ega, Urederra y Bidasoa), pero parece que en Aragón la situación es de calma tensa. En la comunidad vecina se contabilizan ya numerosos daños en los cascos históricos, mientras que aquí la mayor parte de las pérdidas se dan en las fincas ganaderas. El presidente aragonés, Javier Lambán, anunció este lunes que se unía a su homóloga navarra, María Chivite, en la petición de declaración de zona catastrófica, que parece que el Ejecutivo central está por la labor de aceptar. Si así fuera, los plazos y trámites de las indemnizaciones serían más o menos los mismos -el medio año no lo quita nadie-, pero quizá los afectados pudieran optar a ayudas más cuantiosas por la orden ministerial.
Teniendo como referencias episodios anteriores semejantes como las riadas de 2015 y de 2018, el Consorcio de Compensación de Seguros (dependiente del Ministerio de Economía) tarda menos de diez meses en evaluar y pagar las miles de solicitudes de indemnizaciones por daños causados por la riada. Fuentes del consorcio informan de que hace seis años, por ejemplo, la entidad recibió 2.780 solicitudes aragonesas, por un importe total de 26 millones de euros. Ahora este organismo está inmerso en el estudio de las solicitudes del volcán de La Palma, aunque es consciente de que la crecida extraordinaria del Ebro centrará muchos de sus desvelos los próximos meses, dado que más de 100.000 personas viven en zonas inundables entre Aragón y Navarra.
y guardar las facturas de las reparaciones
Desde el Colegio de Mediadores de Seguros recomiendan sacar fotos y grabar vídeos para dejar constancia del siniestro, archivar las facturas y los presupuestos derivados de las reparaciones y las labores de limpieza, y contactar con el Consorcio de Compensación de Seguros para solicitar la indemnización. "Si, como es habitual, las póliza excluyen los riesgos extraordinarios, entre los que se encuentran las inundaciones, deberá dar parte al Consorcio en el plazo de siete días desde que se produjeron los daños", explican.
Asafre denunció en 2018 que las ayudas solicitadas en abril no llegaron hasta diciembre, si bien hubo afectados que tuvieron que esperar incluso 14 meses. El colectivo siempre ha criticado el doble rasero que supone que si los afectados no presentan los datos solicitados dentro del plazo legal se les aplica una penalización, mientras que la administración “tarda más de un año en pagar y no tienen penalizaciones”. Para beneficiarse de las ayudas públicas, exentas de tributación en el IRPF, los solicitantes tienen además que estar al corriente de los pagos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, por lo que cualquier mínima multa o pago pendiente (y olvidado) puede dar al traste con la pretensión de cobrar las ayudas o, al menos, de hacerlo rápido.
Además, aunque anecdótico, aún hay algún caso que se mantiene sin resolución cerca de tres años después, porque los afectados no estuvieran de acuerdo con las tasaciones y peritajes en su día y presentaron un contencioso administrativo. “Son muy pocos porque los reglamentos son claros y también por la vía administrativa se resuelven rápido”, explican en Asafre, donde sí creen que puede haber más problemas -litigios mediante- con las valoraciones de las aseguradoras particulares. La inconformidad en las tasaciones por la vía judicial pueden tardar años en cerrarse.
