La cuenta atrás ha comenzado. La expectación crece entre los zaragozanos con la vista puesta en el próximo jueves, el día elegido por Sanidad para decidir si la evolución de la pandemia permite celebrar las Fiestas del Pilar. Con la confianza de lograr el visto bueno de la DGA, el Ayuntamiento ha diseñado una programación adaptada a la covid basada en recintos con aforo limitado y sin actos multitudinarios, aunque algunas de sus propuestas, como el ferial o el escenario de conciertos del parque del Agua, contemplan acoger a más de 10.000 personas. El presupuesto ascendería a 2 millones de euros.

La cuestión se ha convertido en el enésimo episodio de tensión entre el Ejecutivo autonómico y el Consistorio de la capital con la gestión de la pandemia como telón de fondo. Por un lado, Sanidad recela de un planteamiento de fiestas que, dado el tamaño y poder de atracción de la ciudad, podría provocar un efecto llamada peligroso. Los macrobotellones de Jaca de este verano –un fenómeno que preocupa especialmente a los cuerpos policiales– o los repuntes de contagios tras las ‘no fiestas’ en muchos municipios de la Comunidad son un mal precedente, transmiten desde el Pignatelli.

Tanto es así que el propio presidente autonómico, Javier Lambán, quiso rebajar esta semana las expectativas que se estaban creando en la ciudad. «Aragon alcanza la cifra emblemática del 70% de la población total vacunada, un éxito indiscutible. Pero esto no es excusa para bajar la guardia ni para empezar a planificar fiestas como si hubiéramos vuelto a la normalidad», tuiteó para advertir a navegantes de que quizá aún no ha llegado el momento de anudarse el cachirulo. No al menos con 205 hospitalizados y 49 en la uci.

El gobierno municipal, por su parte, mantiene la calma, y el alcalde, Jorge Azcón, no se ha pronunciado sobre el asunto. Ni él ni Lambán, que tienen intereses comunes pendientes de resolver en la próxima reunión bilateral, quieren que el enfrentamiento vaya a más. Y la vicealcaldesa, Sara Fernández, lejos de avivar el fuego, se ha puesto en manos de Sanidad. «Acataremos lo que nos digan», lleva repitiendo toda la semana.

Fernández, eso sí, recuerda que no podía quedarse de brazos cruzados. «Ante un contexto de avance del proceso de vacunación, debíamos trabajar en la preparación de unas fiestas que no se organizan en un mes», dice, e insiste en que el Pilar que propone «nada tiene que ver con el de 2019» ya que, en este caso, contempla «recintos controlados, cita previa y todas las medidas sanitarias».

La pelota, por tanto, está en el tejado de Sanidad. La consejera, Sira Repollés, ha rebajado la tensión al apuntar que la decisión se tomará en base a «criterios científicos» y buscando el «consenso» con los municipios y diputaciones que asisitirán al Consejo Local. Pero en los pasillos del Consistorio de la capital temen que este escenario no sea el más propicio para sus intereses, por los recelos que pueda despertar en el resto de localidades que no han podido celebrar sus fesjetos este verano, cuando las ucis estaban menos saturadas. De ahí que cunda cierto pesimismo en la plaza del Pilar.

Valladolid y Valencia

En cualquier caso, en el gobierno PP-Cs opinan que ha llegado el momento de «adaptarse a la nueva normalidad» y comenzar a «reactivar la economía». Ponen de ejemplo los casos de Valladolid y Valencia –ambos con alcaldes de la izquierda–, que en septiembre celebrarán sus fiestas adaptadas a la situación sanitaria.

La vicealcaldesa, eso sí, tiene claro que su planteamiento solo tiene sentido si hay fiestas. «No enmascararé el Pilar como semana cultural», asegura. A su juicio, «si Sanidad no ve adecuado celebrarlas, tampoco tiene sentido montar el ferial o el escenario de conciertos», traslada Fernández, que en todo caso mantendría la programación en recintos cerrados como apoyo al sector.

De nuevo, la dicotomía salud-economía que lleva marcando las restricciones de la Comunidad el último año y medio. Sectores como el hostelero, el comercial, el turístico o el cultural, pero también peñistas, feriantes o floristas están a la expectativa: su facturación no será la misma según cuál sea la decisión. Un año normal, el impacto económico en la ciudad es de 64 millones. «En este caso no sería el mismo, pero sería muy importante», señala la vicealcaldesa, que ha previsto el mismo presupuesto (2 millones) que en 2019, aunque con menos actos, ya que las medidas covid encarecen el coste. Desde la oposición, partidos como PSOE o ZEC plantean que, si no hay fiestas, dicho importe revierta en los sectores afectados.