violencia de género
"Es difícil imaginar un desamparo mayor que el de los huérfanos por la violencia de género"
Los dos últimos crímenes machistas en Aragón, en Las Fuentes y Barbastro, han dejado a cuatro menores sin familia directa. El Congreso prepara cambios legislativos para que los hijos de las asesinadas puedan cobrar herencias e indemnizaciones.
Se han quedado solos, huérfanos. Han visto cómo enterraban a sus madres y cómo sus padres se han convertido en criminales que ingresaban en prisión. Para colmo de males, afrontan un futuro con pocas ayudas y un complejísimo laberinto burocrático por delante. Son los huérfanos de la violencia de género. Unos niños que sufren un terrible estigma tras haber asistido a cruentos episodios de gritos, golpes, amenazas y un fatal desenlace. En Aragón su número ha aumentado de forma exponencial en los últimos meses. Dos recientes asesinatos machistas, en un lapso de apenas 25 días, ha dejado a cuatro menores de edad huérfanos. El asesino de Katia, en Las Fuentes, asestó a su pareja varias puñaladas delante de su hijo de 12 años. El criminal de Barbastro hizo lo propio frente a sus vástagos de 1,6 y 16 años. ¿Qué futuro aguarda a estos niños que de forma tan abrupta pierden su red familiar?
La prioridad es que si hay hermanos no se separen, y lo normal es que algún pariente más o menos directo se haga cargo de ellos. Si no tienen esa suerte, acabarán ingresados en un centro de menores. Lo ideal sería que los tíos o abuelos pudieran adoptar al menor, pero se limitan a acogerlos. ¿Por qué? Durante años ha sido una práctica que las familias han evitado porque significaba que los niños perdían la pensión y las escasas ayudas que recibían como víctimas de violencia de género.
Eso está cambiando. Ya en 2019 se dignificó la pensión que podrían cobrar estos menores (en muchos casos no alcanzaba ni los 200 euros al mes) y actualmente se está debatiendo en el Congreso modificaciones legales para liquidar las trabas que impiden que los niños puedan cobrar la herencia y las ayudas. Porque en muchas ocasiones la crueldad del asesino no acaba con la muerte de su víctima, sino que también, desde la cárcel, maniobra para vender sus bienes, el patrimonio de sus hijos, o se declara insolvente.
“El desamparo al que se enfrentan los menores huérfanos por la violencia de género es tremendo y hasta la fecha la administración tampoco ha ayudado demasiado”, explican desde la asociación aragonesa Somos+. Este colectivo aboga por que las víctimas tengan toda la información a su disposición de una forma clara y sencilla, “al igual que se ha hecho con el 016, que se ha conseguido popularizar”. “Es muy complicado acceder a este tipo de casos por la ley de protección de la infancia. Si no son ellos o los familiares más directos los que dan el paso, nosotros no podemos contactarles para asesorar o brindar cualquier tipo de ayuda”, explican.
En Aragón desde 2016 (con el punto de partida del caso de Alexandra Rodica) se cuenta, al menos, una docena de menores de edad que se han quedado huérfanos por casos de violencia de género. El Gobierno de Aragón habilitó hace tres años una ayuda mensual de 420 euros destinados a cubrir sus necesidades básicas materiales y educativas hasta que alcancen la mayoría de edad. La ayuda no podrá en ningún caso ser administrada “por el autor o inductor del hecho causante de dicha ayuda” (léase el agresor) y es compatible con el resto de prestaciones públicas que pueden percibir los niños.
Noé Gabás es el letrado que consiguió que se cobrara en Aragón la primera prestación estatal por un caso de este tipo. Fue para la hija de Raquel, la frutera de Las Delicias a la que su pareja asesinó en junio de 2018 el día que debería haberse ido del domicilio familiar. Habían acordado separarse, aunque él no lo aceptaba, y tras no poder reconducir la situación, cuando la víctima se encontraba de espaldas, su verdugo le rodeó con los brazos el cuello y se lo rompió. Ambos tenían una hija de 10 años, que quedó a cargo de la abuela, y aunque se le condenó a indemnizar a la menor con 250.000 euros (más otros 100.000 a la madre de Raquel y 10.000 a cada uno de sus dos hermanos), el asesino se declaró insolvente.
“La prestación fue solicitada en noviembre de 2018 y a los pocos meses se ingresó en la cuenta que se abrió para la menor. Hubo que seguir los trámites, en ocasiones algo complicados por la burocracia, pero una vez cumplimentados los formularios se consiguió que se cobrara la indemnización estatal al 95%”, explica el abogado. En este caso, que Gabás admitió de oficio, hubo que pelear que el auto acreditara la violencia en el asesinato: de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tuvo que corregir la conclusión a la que llegaron los miembros del jurado y, aunque la pena de 23 años de cárcel no varió, sentenció que en la acción del criminal concurrió la agravante de violencia de género. Es decir, que el acusado asesinó su pareja porque ella no se sometió a su voluntad de no querer separarse, y en ningún momento él, que se había informado en internet sobre ahorcamiento y asfixia mecánica, llegó a aceptar su libre decisión de acabar con la relación.
El abogado entiende que los Servicios Sociales tendrían que informar de estas ayudas en primera instancia, al igual que se brinda atención psicológica a las víctimas y se les entrega información sobre los recursos con los que cuentan y dónde pueden acudir en busca de ayudas. A su juicio, sigue existiendo mucha desinformación y es probable que algunas víctimas desconozcan que existen estas indemnizaciones. En los primeros momentos tras el crimen las familias están en ‘shock’ y “centrados en los asuntos penales”, pero Gabás cree que habría que dar más información a las víctimas y los allegados.
A nivel nacional, algunas familias e hijos víctimas de violencia de género han tenido que recurrir al Defensor del Pueblo para solicitar información y ayudas. A escala local, no obstante, en la oficina del Justicia de Aragón no tiene constancia de quejas o recomendaciones respecto a estos casos de orfandad y la vulnerabilidad a la que se enfrentan.
Otro tema sobre la mesa -que, de hecho se debate en el Congreso- es que si la indemnización se paga en efectivo está libre de impuestos indirectos, pero si los padres o los jueces pretenden satisfacerla mediante la entrega de bienes está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales. “Ocurre que muchas veces los hijos de las víctimas no pueden afrontar el pago del tributo y el proceso se paraliza”, explican en el Fondo Soledad Cazorla, que lleva un lustro concediendo becas y asistencia jurídica a huérfanos de esta lacra. Su nombre se debe a la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, que desempeñó el cargo desde 2005 y hasta su muerte en 2015, y la entidad maneja los datos más fiables sobre esta injusticia: más de 432 mujeres han fallecido como consecuencia de la violencia de género en España desde 2013, las cuales han dejado huérfanos a 309 menores de edad, una cifra que se eleva hasta los 524 si se suman los mayores de 18 años.
Sólo el 40% de los huérfanos de violencia machista cobra pensión de orfandad y, tal y como explica Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, la precariedad de estos menores puede ser definitiva cuando el agresor no hace frente a las indemnizaciones e incluso llega a hacer desaparecer los bienes con los que respondería como aval.
Un antes y un después para sensibilizar a los políticos -y por ende la administración- sobre este tema fue la intervención de Josua Alonso en el Senado poco antes de aprobarse los cambios en la ley de Orfandad. El joven, de 25 años, dijo entre lágrimas que él y su hermano se sentían abandonados, después del terrible crimen machista de Redondela de 2017. Su padre provocó una explosión con dos bombonas de butano en el hogar familiar y los dos chicos, que perdieron a sus progenitores, se enfrentaron entonces a un maremágnum de impuestos de sucesiones, cancelar deudas, procurar tutelas, etc.
