La reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) encara una semana clave tras más de seis meses de parálisis en las Cortes. El pleno de mañana, el último antes del parón estival, afrontará el debate a la totalidad del proyecto de ley del nuevo Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que determinará si la iniciativa, ya calificada y admitida a trámite, tiene o no recorrido parlamentario.

El Ejecutivo autonómico remitió su propuesta –que incorpora una rebaja del 9,2% en el tramo fijo y permitirá ahorrar a un 95% de los usuarios domésticos, según la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente– a finales de diciembre. Desde entonces, sin embargo, no se habían registrado avances. Ahora, una vez que supere el debate a la totalidad, en el que contará previsiblemente con el aval de los cuatro socios del Gobierno, se abrirá el correspondiente periodo de audiencias legislativas.

En él podrán expresar su opinión los colectivos interesados. Aunque todavía no hay fechas, todo parece indicar que las sesiones comenzarán ya de cara a la vuelta de las vacaciones, dado que, aunque julio sigue siendo un mes hábil, no es habitual que un debate que ha suscitado tanta polémica -con miles de impagos en Zaragoza- se aborde en estas semanas.

También está por ver cuál será su duración, ya que las audiencias pueden concentrarse en dos semanas, como ha ocurrido en otras ocasiones, o dilatarse a lo largo de los meses, quedando este punto a expensas de la voluntad política existente.

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) será, previsiblemente, uno de los colectivos que pase por el Parlamento autonómico. La agrupación ya ha expresado su rechazo "a la forma y el fondo" de la propuesta del Ejecutivo de Javier Lambán por considerarla un simple cambio de nombre que "no resuelve el problema".

Una vez escuchadas todas las opiniones se abrirá el plazo de presentación de enmiendas, existiendo la posibilidad de plantear cambios a iniciativa ciudadana. En este caso, los tiempos estarán mucho más tasados, con un periodo de 15 días que, si se considerase necesario, podría ampliarse. A partir de ese momento se creará una ponencia dentro del seno de la comisión. Es decir, se constituirá un grupo de diputados que se encargarán de estudiar las aportaciones presentadas.

La intención del Ejecutivo es que esta reforma, que haría que el Gobierno aragonés dejase de recaudar cada año más de cinco millones de euros y que fue anunciada en enero de 2018 por Javier Lambán, entre en vigor en 2022.