vivienda
La inquietud ante las okupaciones ilegales se extiende por el medio rural
Pastriz, Nuez de Ebro, Cuarte, Ejea, Utebo… La usurpación de vivienda no es un fenómeno exclusivamente urbano. La Fiscalía del Estado ha lanzado una instrucción para agilizar los procesos de desalojo.
Pueden ser antiguas casas que llevan cerradas años o chalés de nueva construcción que la burbuja inmobiliaria dejó en la estacada. La okupación ilegal de vivienda, aunque es un fenómeno más centrado en los núcleos urbanos, se ha extendido también al mundo rural, donde se acentúa la preocupación por la seguridad, el derecho a la propiedad privada y, ante todo, la buena convivencia vecinal.
En Ejea de los Caballeros se ha puesto en marcha una asesoría jurídica, “como herramienta preventiva y disuasoria”, de este tipo de actos delictivos. En Calatayud recientemente se llevó al pleno una moción para combatir la inseguridad derivada de estas okupaciones. En Cadrete se ha solicitado instalar cámaras de seguridad, mientras que los vecinos de Pastriz están alerta ante la okupación de una de las unifamiliares que quedan cerca de la farmacia y el pabellón multiusos. Se trata de un chalé de los que cayó en manos de los bancos en la última crisis y cuyos okupantes han ‘enganchado’ la luz a los postes eléctricos que recorren el municipio.
“Deben llevar unos quince días, llegaron en furgoneta y comenzaron a bajar cajas con cosas”, explica el alcalde José Miguel Ezquerra. “No parecen problemáticos, pero sí hay inquietud en el pueblo porque no sabemos muy bien por dónde tirar. La Guardia Civil está avisada, pero aún no ha habido ninguna actuación porque no hay medios legales para desalojar a los asaltantes de forma rápida”, confirma el primer edil. En Nuez de Ebro los vecinos también se quejan de cierta “indefensión” ante este tipo de delitos -recientemente se manifestaron con cacerolas contra la okupación de dos viviendas de una urbanización- y recuerdan que en localidades como Cuarte o Utebo también se han dado casos.
Según datos del Ministerio del Interior, la okupación ilegal de vivienda ha crecido un 58% en los últimos cincos años y solo entre enero y junio de 2020 se registraron 7.450 denuncias. En España puede haber más de 85.000 viviendas okupadas ilegalmente, de las que la mayoría se encuentran en núcleos urbanos, sobre todo, en Madrid y Barcelona. Desgranando los datos se comprueba cómo en Aragón se tuvo conocimiento entre enero y junio de 2020 de un total de 94 okupaciones de inmuebles, una cifra sensiblemente inferior a las 104 registradas en el mismo periodo de 2019. Eso se traduce en un allanamiento de este tipo cada dos días en el conjunto de la Comunidad, con un leve repunte en la provincia de Huesca, sobre todo, por casos puntuales en el Pirineo.
de alquiler a la oficina contra la okupación"
“Es cierto una realidad que hay más casos y ha aumentado el número de denuncias, pero también hay mucha desinformación y un exceso de alarma porque un impago de alquiler no es sinónimo de que hayan okupado una vivienda”, explica Óscar Muñoz, al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre Okupación ilegal de Ejea. Muñoz, anterior jefe de la Policía Local, se ofreció a montar este servicio después de ver cómo en el municipio se acumulaban en los últimos años hasta once expedientes abiertos por usurpación de inmuebles. “No hay un gran volumen de casos pero como vimos que el problema se extendía preferimos adelantarnos y ofrecer esta asistencia de forma preventiva”, explica Muñoz.
Al margen de diferenciar entre usurpación y allanamiento -debate que luego se expondrá-, Muñoz invita también a diferenciar entre los casos de mafias que hacen negocio con este tipo de okupaciones (incluso pidiendo dinero para irse) y los de verdadera exclusión social, que suelen ser familias sin techo con menores “a los que los Servicios Sociales tendrían que haber dado una respuesta antes”. En la oficina están en coordinación permanente con este departamento, pero también con otras áreas municipales como la de Urbanismo para hacer un censo de inmuebles vacíos (algunos están en manos de bancos de Madrid que no saben ni dónde está Ejea) o los edificios más antiguos que pueden tener, incluso, riesgo en sus estructuras. “Pero es importante no trasladar miedo a la población: no vas a ir a comprar el pan y, de repente, te van a okupar la casa”, dice Muñoz, que explica que muchos de los pleitos que se plantean no son por okupación sino por incumplimientos de contrato, por lo que deben ir por la oportuna vía civil.
Más habituales son los casos de lo que llaman ‘okupación itinerante’, esto es, asaltadores que no suelen ser problemáticos pero que van yendo de un piso okupado a otro. “Puede ser gente normal, con sus trabajos y todo, pero que viene al margen de las hipotecas y que ven esta fórmula como la más sencilla para dormir bajo techo”, explican. Aunque no causen grandes problemas sociales, sí es cierto que estos okupas no suelen respetar las normas básicas de convivencia (cuando lo hacen, en muchos casos ni se les detecta) y contribuyen a degradar o desvalorizar la zona. En el Colegio de Abogados de Zaragoza también apuntan que antes era más sencillo señalar a quienes por ideología o necesidad recurría a estas prácticas, pero afirman que en el último lustro la presencia de mafias ha distorsionado el perfil.
En las Cinco Villas o en otras comarcas como el Aranda o Tarazona y el Moncayo se ha percibido en los últimos meses un incremento en la venta de sistemas de videovigilancia y en la instalación de alarmas. Aunque se trata de un negocio privado que aprovecha el tirón del miedo, algunos agentes de la Guardia Civil explican que estas alarmas les habilitan para actuar de forma inmediata antes de que los asaltantes se asienten en los inmuebles okupados. Los sistemas de aviso en los inmuebles puede desencadenar una intervención más rápida en el momento inicial, “frente al allanamiento o robo con fuerza”, explican. El Ministerio del Interior ha creado la aplicación móvil AlertCops, con una nueva función que permite a quienes detecten un caso de okupación ilegal poner de forma inmediata y de manera discreta los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que remitirán el aviso al centro policial más cercano. Recuerdan, no obstante, que han de ser los propietarios quienes interpongan la denuncia y que, a pesar del llamado ‘desahucio exprés’, la media para librar la vivienda suele ser de dos meses.
Desde la Delegación del Gobierno de Aragón recuerdan que la Fiscalía del Estado lanzó hace unos meses una instrucción que agiliza los procesos de desalojos, con lo que “se mejora la respuesta frente a la okupación ilegal de viviendas”. El protocolo señala que, ante los allanamientos de morada, Policía Nacional y Guardia Civil “podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante”. El problema también pasa por saber discernir entre allanamientos y usurpaciones porque son delitos distintos con consecuencias penales muy diferentes: de hasta dos años de cárcel en el primer caso a meras multas económicas en el segundo. Este supuesto, el de la usurpación, es el más habitual de la okupaciones, dado que se trata en su gran mayoría de promociones sin vender o pisos que han ido a caer a manos de los bancos y que no son primeras residencias.
Conocidos son también los momentos de tensión vividos en el barrio rural de Montañana, donde la alcaldía ya ha tenido que emitir varios avisos con consejos para evitar que los residentes se lleven sorpresas desagradables. La situación empeoró tras el confinamiento y, desde entonces, según la alcaldesa Cristina Vargas tanto los intentos de robos como de okupación aumentaron.
El problema en estas pedanías es que hay muchas casas vacías o que son segundas residencias y los asaltantes suelen hacer rondas, incluso teatrillo fingiendo un mudanza, antes de acceder a una casa. Los alcaldes aconsejan no dejar desatendidas estas viviendas durante mucho tiempo (conviene vaciar los buzones y dejar las persianas ligeramente levantadas), mientras piden también más presencia de la Guardia Civil porque “hay ayuntamientos mayores con policías locales, pero muchos pueblos pequeños no tienen esos medios”.
De vuelta a los barrios rurales cercanos a Zaragoza (en Movera o San Juan de Mozarrifar también se han denunciado casos), las alcaldías delegadas instan a la colaboración vecinal para que “en caso de que se detecte cualquier movimiento extraño cerca de casa se ponga en conocimiento de la Policía Nacional”. “Por desgracia, un desalojo puede suponer muchos costes y hasta dos años en procesos judiciales”, señalan.
En Zaragoza capital también ha habido casos recientes: hace unos días en residencial Paraíso se desokupó un piso tras la mediación policial, conocidos son los problemas enquistados en la zona de Pignatelli y, también, en un inmueble de la avenida de Goya que el pasado noviembre fue desalojado tras más de una década de okupación. "No nos vamos a marchar muy lejos, pensamos irnos a otros pisos que están aquí al lado y que también están abandonados. La ciudad está llena de casas sin dueño", advirtieron los okupas.
