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Propietarios "desesperados" en Zaragoza pagan a los okupas para que se vayan de su piso
En Zaragoza, pequeños y grandes propietarios han recurrido al abono de dinero a los okupas para recuperar sus viviendas. Los acuerdos se cierran en varios miles de euros
La okupación de viviendas se ha convertido en un problema para muchos propietarios, grandes o pequeños, que ven cómo los procesos para recuperar sus pisos se alargan más de lo deseado. En algunos casos, la desesperación lleva incluso a pagar a los okupas para que se vayan del inmueble. En Zaragoza, hay empresas y despachos de abogados que hacen de intermediarios y negocian que, a cambio de una cantidad de dinero (a partir de 2.000 euros, según algunas fuentes especializadas), los okupas salgan de la vivienda. Eso sí, en paralelo a la demanda judicial pertinente a la que se tienen que enfrentar.
En los casos de okupación, lo más habitual es que el propietario abra en los juzgados un procedimiento por la vía civil. El desahucio es un proceso largo en el que entran en juego factores como la presencia de menores, la vulnerabilidad de las familias, el hecho de que el propietario sea un banco o un particular… Es difícil que se resuelva en menos de dos meses, y en ocasiones se alarga más de medio año, según las fuentes consultadas.
Estas okupaciones no solo afectan a grandes bancos, sino que también tocan a particulares que tienen las viviendas como segunda residencia o en alquiler. "Hay gente que depende de ellos para su subsistencia y que está desesperada", apunta Juan Cremades, del despacho de Gilabert y Bofarull Abogados. Este bufete barcelonés ha llevado varios casos en Zaragoza en los que el dueño del piso "ha decidido hacer una oferta a los okupas para que se vayan". "Es algo totalmente injusto, pero puede ser una buena solución si el procedimiento se alarga, porque mientras tanto el propietario no puede usar su vivienda, no la puede alquilar y pierde dinero", señala.
Cremades opina que este tipo de negociaciones "no se deberían dar", ya que "tendría que haber procedimientos más rápidos y eficaces para recuperar la vivienda" Pero afirma que es un mecanismo al que "se está recurriendo" ante "la lentitud de la justicia".
Ignacio Cuota, del despacho zaragozano Cuota y Rioja, también ha participado en varias de estas negociaciones. En este caso, en representación de "grandes propietarios de inmuebles", no de pequeños particulares. "Es algo que no debería pasar, porque es lo que buscan las mafias, pero a veces no hay otra manera", señala. En alguna de las negociaciones en las que ha participado (fuera de Zaragoza), el acuerdo se cerró "en seis cifras". En la capital aragonesa, las cantidades son más modestas y dependen de las circunstancias, pero siempre están en varios miles de euros.
Pilar Arnas, abogada zaragozana conocedora de esta problemática, señala que estos acuerdos responden "a la desesperación" de los propietarios. Aunque ella no ha entrado a negociar, le consta que esta práctica existe en Zaragoza, "especialmente en los pisos que manejan las mafias". "Los que están ahí por verdadera necesidad no suelen entrar a negociar", señala.
Cuando el propietario del piso okupado es un banco o un fondo de inversión, en ocasiones no lleva un seguimiento cercano del estado de la vivienda, por lo que su reacción ante una okupación es lenta. Mientras tanto, la comunidad de vecinos sufre las consecuencias en forma de desperfectos, pinchazos de la luz, ruidos… Al no ser los propietarios, los vecinos no pueden pedir el desahucio del piso.
En estos casos, la labor de los abogados consiste en contactar con el banco o fondo de inversión para instarle a que tome las medidas oportunas. También aquí se acaban dando casos de acuerdos económicos entre el banco y los okupas. "Hay empresas dentro de los propios bancos que se dedican a negociar con los okupas para que dejen la vivienda", señala Juan Cremades, cuyo despacho tiene una entidad bancaria entre su cartera de clientes de casos como estos.
El abogado detalla cómo se cierra el acuerdo: "No hacemos el pago hasta que nos dan la posesión de la vivienda. Nos dan una copia del DNI o del pasaporte y firmamos un acuerdo privado con la cantidad abonada en el que se dice que abandonan la vivienda voluntariamente. Se les da el dinero y se van. Luego ponemos una puerta antiokupas y una alarma para evitar que vuelvan".
Acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza
En Zaragoza, el Consistorio y el Colegio de Abogados firmaron un acuerdo en diciembre para asistir a quienes sufren la ocupación ilegal en la capital aragonesa. Los letrados del colegio ofrecen gratis orientación y asesoramiento a los damnificados, en el teléfono 650662430 o en el correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es. Eso sí, el acuerdo se limita al asesoramiento, no a la interposición de ningún procedimiento.
