Confusión y malestar con la vacunación de los familiares de grandes dependientes

La vacunación de familiares de grandes dependientes está provocando quejas, malestar y malentendidos en los centros de salud de la Comunidad. La Consejería de Sanidad está inoculando la primera dosis en las visitas a domicilio a un cuidador no profesional por dependiente, pero no a aquellos que la reciben en el ambulatorio.

La intención, confirmaron desde el Departamento, es incluir a estos últimos en el calendario de vacunación próximamente, aunque, por el momento, no hay fecha, ya que todo dependerá de la disponibilidad de dosis. Desde los sindicatos no entienden esta situación, ya que, como recuerdan, el riesgo "es el mismo" tanto para los dependientes que pueden desplazarse como para los que no.

CC. OO. y UGT han recibido en la última semana quejas de familiares que, al acudir al centro de salud y reclamar su vacuna, se han encontrado con el "absoluto desconocimiento" del personal. Esto ha hecho que, por el momento, se esté avanzando en la inmunización de los grandes dependientes, pero no de sus familiares. "En los últimos meses se ha extremado la precaución y, en aquellos casos en los que ha sido posible, se ha confiado el cuidado de estos dependientes a un solo allegado, pero si ahora no se les vacuna y tienen contacto con el exterior siguen estando expuestos a posibles contagios", afirmó la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., Delia Lizana.

En su opinión, el hecho de que a los grandes dependientes se les esté poniendo la primera dosis no debe ser excusa. "Da igual que tengan una o las dos, si la persona que está a su cargo se contagia pueden enfermar igual. Los efectos serían menores, pero no es normal que no se esté actuando para frenar el riesgo en el entorno del dependiente", expuso.

Para UGT, este problema denota una "falta de dosis y de organización". El sindicato, informó su secretaria de Servicios Sociales, Angélica Mazo, también ha recibido quejas de familiares que, pese a cuidar de un dependiente, no serán inmunizados a corto plazo.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, confirmó que los centros de salud están recibido llamadas de gente que, teniendo ya día y hora, ha anulado su cita para que sea el personal sanitario el que se desplace hasta su domicilio. Todo esto ha generado "una complicación más" en la organización y planificación de la campaña. "No me parece muy equitativo, no entiendo que si vamos a la casa del dependiente se vacune a uno de sus familiares y si hace el esfuerzo de traerlo hasta el centro de salud no", reconoció.

Recordó, en este sentido, que aunque cada vez se está ampliando más la capacidad de la vacuna una vez reconstituida, "el tema del traslado no queda tan claro en la ficha técnica como para decir que no va a haber ningún tipo de problema". A su entender, parte de la controversia radica en que la definición de gran dependiente "es un poco vaga y no se ha dejado suficientemente clara". "Hablamos de personas encamadas a las que les es imposible levantarse", dijo.

Pese a entender que los criterios "vayan cambiando conforme se dispone de más información", el colectivo se ha dirigido por escrito a la Consejería de Sira Repollés para alertar del malestar existente y reivindicar que se cuente con el trabajo de enfermería al planificar las estrategias de vacunación.

Esta semana, el Salud inoculará a 30.090 personas más con 17.790 dosis de Pfizer, 2.200 de Moderna y 10.100 de Astra Zeneca. Se llegará, concretamente, a 12.900 profesionales sanitarios, 537 trabajadores y usuarios de residencias y 10.860 grandes dependientes y mayores de 80 años, entre otros.

Críticas del PP

Por su parte, el PP-Aragón reclamó ayer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual como grupo prioritario. Su portavoz en materia de Ciudadanía, Marian Orós, cree que el Ejecutivo aragonés "debe rectificar" y actuar cuanto antes. En su opinión, urge inmunizar a aquellos que viven en pisos tutelados o que acuden diariamente a los centros de día, centros ocupacionales o centros especiales de empleo, así como a los profesionales que les atienden, para protegerles y evitar riesgos.