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Aragón ya tiene la (futura) PAC que quiere

Firmado por el Gobierno de Aragón y los representantes de PSOE, CHA, Podemos, Cs e IU, UAGA y UPA, el acuerdo en el que se define la apuesta por una reforma profunda de la política agraria ya ha llegado al Ministerio.

La nueva Política Agraria Común que llegará en 2023 está ahora en el tejado de los Estados miembros, que tienen que elaborar su plan estratégico nacional.
La nueva Política Agraria Común que llegará en 2023 está ahora en el tejado de los Estados miembros, que tienen que elaborar su plan estratégico nacional.
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Aragón tiene claro cómo tiene que ser la nueva Política Agraria Común (PAC) que desembarque en 2023. Lo sabe desde hace tiempo. Ha sido la preocupación máxima y la defensa más ambiciosa que ha mantenido el consejero Joaquín Olona, primero como titular del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad con el que llegó al despacho de la sede del Gobierno de Aragón en la plaza de San Pedro Nolasco de la capital aragonesa, y luego como titular de la consejería (la misma pero con otro nombre) de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con la que reeditó cargo en el Ejecutivo de Javier Lambán. Y esa actitud proactiva frente a las negociaciones de la futura PAC ha ido sumando adeptos en la Comunidad.

De hecho, ya en 2018 se consiguió alcanzar un acuerdo en el que se anticipaba la posición de Aragón sobre la aplicación de la PAC post 2020. No estaban en él todos los que son, pero la propuesta ya llevaba entonces la firma (y el apoyo) del Gobierno de la Comunidad, de los responsables políticos de PSOE, CHA, Podemos, Ciudadanos e IU y de las organizaciones agrarias UAGA y UPA.

Aquel documento se ha ido concretando y detallando al mismo ritmo que iban avanzando el calendario de negociaciones y despejando las intenciones y prioridades de las líneas maestras de la Unión Europea.

Y ahora que el proceso ha entrado en una fase definitiva para la configuración del plan estratégico nacional con el que se definirá la aplicación de la PAC en el territorio español, Aragón acaba de remitir al Ministerio una nueva propuesta. Una adenda de aquel primer documento en el que las firmas son las mismas y las líneas generales también, pero en la que se detalla con cifras y conceptos el modelo de política común con el que la Comunidad defiende que la nueva PAC ponga el acento en la agricultura familiar, en los jóvenes y en las mujeres, en los profesionales y en las producciones que contribuyen a la creación de riqueza y empleo. Pero además, la PAC propuesta por Aragón está pensada y consensuada para garantizar la vida en los pueblos y contribuir a la mejora y la diversidad medioambiental.

Los firmantes del documento presentado al Ministerio dejan clara su intención de conseguir una PAC "que afronte de manera más justa y eficaz la grave brecha de renta que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería". Y por eso, desde las primeras líneas, el acuerdo recoge con contundencia y sin ambages la "absolutamente imprescindible supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas". Una eliminación que tiene que hacerse ya y de forma definitiva (es decir en 2023), sin periodos transitorios ni procesos de convergencia, porque el objetivo, recoge el texto, es la desaparición "inmediata y definitiva de los agravios territoriales e individuales que se han generado".

Agricultor genuino

El tan llevado y traído agricultor genuino (el prioritario para recibir las ayudas) ya tiene definición en Aragón. Y esta es además "exigente", dada la necesidad de reducir la brecha de renta que sufren los profesionales del sector y que supone "una grave amenaza para la supervivencia del modelo familiar". Por eso, la propuesta aragonesa lo califica como el único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos, y asegura que es "deseable" que para recibir este apelativo se demuestre que los ingresos agrarios representen al menos el 50% de los ingresos totales. Y es condición ‘sine qua non’ disponer además de unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos.

No solo hay un agricultor genuino en el documento de la Comunidad. También existe lo que los firmantes considera "agricultor genuino plus", es decir, aquellos que pueden acreditar que sus ingresos agrarios suponen al menos el 50% de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF y además están dados de alta en la Seguridad Social Agraria. Pero, ¿por qué este segundo apellido? Porque estas exigencias abren la puerta a la solicitud de ayudas del segundo pilar (desarrollo rural) así como aquellas complementarias y asociadas del primer pilar (ayudas directas).

Ambas definiciones "no excluyen en modo alguno la pluriactividad", señala el documento, y por lo tanto no impiden el acceso a las ayudas directas a quienes tengan explotaciones más pequeñas, que eso sí, podrán hacerlo, "siempre y cuando contribuyan al logro de los objetivos ambientales mediante el cumplimiento de la condicionalidad".

Y es que hay motivos para dar tal protagonismo a la profesionalidad. "Se considera un requisito esencial", señala el texto, no solo para concentrar la ayuda en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, sino también porque hay que garantizar el logro de la elevada ambición ambiental que exige la PAC y el ambicioso proceso de digitalización agraria que requiere el actual escenario tecnológico y social.

Las aspiraciones aragonesas para la futura PAC no son solo palabras. También están acompañadas de cifras. Así, la propuesta considera que la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (con la redistributiva complementaria a la renta y la destinada a los jóvenes) tiene que concentrar más del 60% del presupuesto total asignado al primer pilar de la PAC. Además, el documento califica de "estratégica" la ayuda complementaria redistributiva -que en opinión de los firmantes se modulará en función del número de hectáreas por explotación y su orientación productiva-, por lo que "se tiene que dotar "con al menos un 15% del presupuesto".

De regiones y topes

Si contundente se muestra Aragón con los derechos históricos no lo es menos con la regionalización. Y es que en 2014 el Ministerio de turno decidió que para definir cuánto tenían que cobrar los perceptores por cada una de sus hectáreas lo mejor era establecer cuatro estratos, que diferenciaban los herbáceos en zonas de secano y aquellos que reciben riego, las producciones permanentes o las que eran zonas de pastos. Por si no fuera poco se apostó por aplicar estos estratos a un sistema de regiones (nada que ver con las autonomías). El resultado fue nada menos que la existencia de 50 regímenes de pago, una cifra muy alejada de los uno o dos que se establecieron en el resto de los socios comunitarios.

Es este enrevesado escenario (y que tanta rivalidad ha generado en Aragón) con el que ahora se quiere acabar. "Debe reducirse drásticamente el número de regiones productivas", señala el texto remitido al Ministerio, en el que se apuesta por rebajar las mismas a "cinco o seis", una por orientación productiva. Se añade además que es necesario limitar las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados. Eso sí, se apuesta por incrementar los importes que en el actual sistema regional español son más bajos y reducir los más elevados. Y detalla aún más el documento: "El pago por hectárea relativo a los secanos áridos deberá aumentarse significativamente" y no solo porque hay que priorizar el apoyo a las rentas agrícolas más bajas, sino también porque es imprescindible asegurar su potencial agronómico y evitar los elevados riesgos de abandono.

Se establece también el destino de las ayudas. Así, dice el documento, la ayuda básica a la renta tiene que llegar a todas las superficies cultivadas y a los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo.

Pero, el importe tiene límites y Aragón lo sitúa en un máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria. Una cantidad en la que se aplicará un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros, una vez descontados los costes laborales efectivos hasta un máximo del 100% de la ayuda neta.

Aragón se pronuncia además en lo que se refiere a la ayuda directa asociada. Considera que este capítulo debe disponer de un montante total que se aproxime al 15% del presupuesto asignado al primer pilar. Y tiene que ir dirigido "exclusivamente" a los agricultores genuinos. En la Comunidad, señala el texto, esta ayuda debería concentrarse en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes, aunque se insiste en que dichos apoyos deberán favorecerse con una prima suplementaria a las producciones asociadas a razas autóctonas o en peligro de extinción.

Y con el convencimiento de que cada comunidad autónoma debe tener capacidad de asignar el presupuesto para ayudas asociadas a los sectores o ámbitos en los que concurran circunstancias excepcionales en su territorio, estos montantes "podrán modularse en función de la superficie y/o las cabezas de ganado beneficiarias", recoge la propuesta.

No todo son ayudas directas

La posición aragonesa frente a la reforma de la PAC no solo habla del dinero que llega de Bruselas. También se refiere a aquellas herramientas que mejoran la posición de quienes viven de la agricultura o la ganadería "en una cadena de valor más justa, estable y equilibrada" y que contribuyen a avanzar en la racionalización y transparencia de los mercados. Entre dichos mecanismos se hace referencia a las Organizaciones de Productores (OPFH), para las que se destaca la necesidad de extender con el fin de centrar su acción y atención en una verdadera concentración de la oferta agrícola y ganadera, por lo general "excesivamente fragmentada y dispersa". Para que sea posible, Aragón defiende que el 3% de las ayudas directas sirva para apoyar programas operativos del resto de sectores y en especial de productores extensivos de carne. Todo ello sin desdeñar el impulso que deben recibir el asociacionismo y los procesos de fusión y cooperación entre cooperativas, para propiciar la comercialización en común de las producciones de las explotaciones familiares.

Y además, reconoce el documento, es más que necesario disponer de herramientas más eficaces para hacer frente a la gestión de las crisis comerciales sectoriales que, por desequilibrios coyunturales entre la oferta y la demanda o circunstancias ajenas a la actividad, afectan al sector. Por ello, se defiende la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana que permitan adoptar mecanismos con los que se pueden minimizar los efectos socioeconómicos de las crisis de mercado, puntualiza el documento.

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