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El absuelto por la decapitación de Ejea seguirá en la cárcel por presuntas amenazas y extorsión
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la prisión provisional por los numerosos altercados que ha protagonizado desde que en mayo salió de prisión.
A Pablo Miguel Canales Lahoz le ha costado cara su actitud amenazante y chulesca al volver a Ejea de los Caballeros tras salir de la cárcel, donde cumplió condena por delitos de lesiones, amenazas y extorsiones. Este hombre, de 48 años, es conocido en la capital cincovillesa por su afición a amenazar con matar, violar, quemar o decapitar a cualquier persona que se enfrente a él. Usa la intimidación para beber gratis en los bares y amedrentar a los policías locales que una y otra vez son requeridos cuando se propasa con los vecinos.
Pablo Miguel Canales sabe bien que infunde temor entre sus paisanos. No en vano, tras presumir durante años de haber sido el autor del asesinato de Eduardo Montori Sanz, cometido en 1996, terminó siendo investigado en 2016 por el juzgado, cuando el crimen estaba a punto de prescribir. La prueba para reabrir la causa in extremis fue la huella ensangrentada de la palma de una mano en la pared, que resultó ser suya. Sin embargo, durante el juicio celebrado un año después ante un jurado popular, Canales salió absuelto ya que aunque quedó probado que estaba presente en la habitación de la casa cuando Montori fue brutalmente asesinado, no se pudo demostrar que fuera el brazo ejecutor y fue absuelto.
Tras cumplir pena de cárcel por otros delitos, el ejeano regresó a su pueblo en mayo. Y tal como llegó volvió a las andadas. Según recoge la Audiencia Provincial en el auto en el que confirma su prisión provisional, entre junio y julio se dedicó de "forma sistemática" e individualizada a proferir "concretas", "serias" y "terminantes" amenazas de muerte a tres agentes de la Policía Local de Ejea, cuando iban uniformados y estaban trabajando. En ese periodo, se aficionó a entrar en diferentes bares de la localidad y a aterrorizar a sus dueños y la clientela diciéndoles que les iba a cortar la cabeza. De esta manera, conseguía beber gratis.
Entre los indicios que el magistrado Juan Alberto Belloch encuentra para mantenerlo en prisión, cita la denuncia de un agente al que en varias ocasiones le ha dicho que le iba a cortar la cabeza a él y a su familia. Como ha hecho en otras ocasiones, sus intimidaciones van acompañadas de datos personales del amenazado, que denotan que tiene un perfecto conocimiento de su vida y no se trata, como dice la Audiencia, de "meras algaradas" en un contexto de consumo abusivo de alcohol, sino de clara intención intimidatoria y con desprecio hacia la autoridad. Otros dos funcionarios denunciaron que les espetó que les iba a "cortar el cuello".
Igualmente, comprobaron que en cinco bares tenía atemorizados a sus dueños y a los clientes. Por esa razón, el juez del caso, Carlos Lasala Royo, entendió que había indicios para enviarlo a prisión provisional por tres delitos continuados de atentado, otros tres de amenazas graves y cinco de extorsión, como solicitó tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Ejea, que en este caso se personó como acusación particular. Su decisión fue recurrida pero ha sido confirmada ahora por la Audiencia.
