cinco villas
El acusado por la decapitación de Ejea sale de la cárcel y tarda solo dos meses en volver
Pablo Miguel Canales fue absuelto de un crimen cometido en 1996 pese a que una huella lo situó en el lugar de los hechos. Desde que regresó en mayo a su casa en Ejea, ha causado una veintena de altercados.
«¡Fuera de Ejea! ¡No te queremos aquí! ¡Fuera de Ejea!», gritaban algunos vecinos de la capital de las Cinco Villas desde sus balcones el pasado miércoles, 29 de julio, cuando la Policía Local detenía a Pablo Miguel Canales Lahoz tras amenazar de muerte a varios agentes en el enésimo altercado que protagonizaba en la ciudad desde que salió de prisión, hace apenas dos meses. El delincuente arrastra una larga lista de antecedentes, entre los que se incluyen delitos de lesiones, amenazas, extorsiones e incluso el intento de atropello de varios guardias civiles. Sin embargo, si por algo se hizo conocido el ejeano fue por su presunta implicación en la decapitación de Eduardo Montori Sanz (34 años) en 1996. De ahí que su puesta en libertad y vuelta a casa, el pasado mes de mayo, provocara una enorme inquietud en el municipio.
Veinte años después del asesinato de Montori, cuando estaba a punto de prescribir, una huella de Pablo Miguel Canales impregnada con la sangre del degollado permitió a la Fiscalía acusarlo in extremis del crimen. Gracias a esta prueba, los miembros del tribunal popular consideraron probado que estuvo en el lugar y en el momento en que se perpetró el homicidio. No así que fuera el brazo ejecutor, de ahí que se librara de una pena de 18 años de prisión.
Pero, si Pablo Miguel Canales estaba allí –lo que él negó durante el juicio, en el que estuvo defendido por el letrado Javier Elía– y no hizo nada para impedir el crimen, ¿no se le podría haber exigido algún tipo de responsabilidad? Cuando las acusaciones recurrieron la absolución ante el Tribunal Supremo, este recordó que nunca se preguntó al jurado si el acusado participó o colaboró de alguna forma en los hechos, lo que hubiera permitido condenarlo como cooperador necesario. «No se planteó alternativa alguna», señalaron los magistrados, dando carpetazo a un crimen que quedará definitivamente impune.
Amenazas y extorsiones
El confinamiento durante el estado de alarma hizo que el regreso del delincuente a Ejea tras abandonar la prisión de Zuera fuera «relativamente tranquilo». Sin embargo, en cuanto se levantaron las restricciones de movimientos, comenzaron los problemas. Según ha podido saber HERALDO, han sido alrededor de una veintena las veces que la Policía Local o la Guardia Civil han sido requeridas durante los meses de junio y julio por altercados o incidentes provocados por Pablo Miguel Canales: casi siempre, en bares y locales de ocio, donde no solo espantaba a la clientela sino que, al parecer, amenazaba y extorsionaba también a los dueños.
Como demostró durante el juicio por el asesinato de Montori, el ejeano conoce bien los límites que marca la ley, por lo que todo quedaba siempre en una denuncia. Sin embargo, la última bronca que montó el delincuente en la calle del Doctor Fleming, en pleno centro de Ejea, han terminado costándole el regreso a la prisión de Zuera.
El extenso atestado de la Policía Local, los reflejos del Ayuntantamiento de Ejea –al personarse rápidamente como acusación particular y estar presente en la comparecencia de Canales ante el juez de guardia para poder pedir su internamiento– y la decisión de la Fiscalía de incluir entre los cargos un delito continuado de extorsión resultaron decisivos a la hora de desnivelar la balanza. De hecho, el juez Carlos Lasala encontró argumentos suficientes para decretar la prisión provisional, decisión que ahora ha sido impugnada.
