La Policía Local de Ejea alertó a la juez de que un vecino alardeaba de haber decapitado a Montori

La mayoría de los vecinos de Ejea de los Caballeros conocen a Pablo Canales Lahoz por su conflictividad y sus broncas continuas. También por su afición a amenazar con violar, quemar o matar a cualquier persona que se enfrente a él y, en especial, a los policías locales que más de una vez han tenido que arrestarle por sus altercados. Los agentes se han tenido que oír bastantes veces en los calabozos municipales insultos gruesos e intimidaciones.

Uno de esos episodios ocurrió el 7 de noviembre de 2015. Pablo Canales Lahoz había sido detenido de nuevo por una de sus múltiples broncas. Los agentes que relevaron a sus compañeros a las 22.00 de ese día se dirigieron a los calabozos para comprobar el estado de los arrestados y encontraron a Canales agitado, nervioso y engrilletado. En cuanto los vio, empezó a pedir a gritos que le quitaran las esposas y a lanzar frases como: "Soy de Ejea, sé donde vivís y os voy a matar a todos".

Según plasmaron después en su atestado, los policías le pidieron que se tranquilizara, le informaron de que habían llamado al médico y de que hasta que no llegara y lo examinara, no podían soltarle. Su respuesta fue patear la puerta del calabozo, llenarse la boca con agua de una botella y escupirla al suelo, lo que motivó que minutos después se resbalara y se cayera. Los agentes entraron entonces a la celda para levantarlo y comprobar si se había lesionado, y fueron recibidos de nuevo a gritos para que le quitaran los grilletes y con las siguientes amenazas e insultos: "Zorrón, maricón, te mataré. Te voy a cortar la cabeza como hice con Montori. No me verás ni acercarme".

Así figura en las diligencias que los policías presentaron luego a la juez de Ejea, quien, precisamente a raíz de todo esto, decidió reabrir el caso del asesinato de Eduardo Montori Sanz, cometido en 1996 y archivado provisionalmente en 1999 por "falta de autor conocido".

Montori, que entonces tenía 34 años, fue encontrado muerto sobre la cama de una habitación de su casa. El asesino se había cebado con él y, además de acuchillarle por la espalda, quemó parte de su cuerpo, intentó borrarle las huellas dactilares y lo decapitó. Después, se deshizo de su cabeza y nunca fue encontrada.

Ajuste de cuentas

Los investigadores centraron sus pesquisas en el entorno de amistades del fallecido, un hombre con un historial de pequeños delitos contra la propiedad, lesiones, apropiaciones indebidas y estafas. En esa época era amigo de Pablo Canales, que tenía 23 años y una proyección nada halagüeña. En la casa se encontraron unos cheques y el ajuste de cuentas se perfiló como el principal móvil del homicidio.

En su auto de reapertura, dictado en enero de 2016, la instructora pidió a la Guardia Civil que volviera a analizar las huellas halladas en el lugar del crimen, en especial, la de la palma de una mano –con sangre del fallecido– que se recogió de la pared de una de las habitaciones de su casa.

En 1997 ya fue cotejada con las tomadas de las manos de los cinco varones, todos relacionados con el tráfico de drogas, que llegaron a ser detenidos como sospechosos. Entre ellos se encontraba Pablo Miguel Canales Lahoz, pero los agentes del laboratorio de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid respondieron que, o bien por la mala calidad de la huella o por falta de medios y conocimientos para examinarla, no podían asegurar que coincidiera con ninguno de los imputados.

Ahora, las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito criminalístico han permitido afirmar, sin género de dudas, que la palma de la mano es la de Pablo Canales, tal y como informó esta semana la Guardia Civil. La juez lo citó ayer para tomarle declaración tras el decisivo hallazgo, pero el investigado se negó a contestar a sus preguntas y se remitió a las manifestaciones que hizo hace 20 años. Tampoco respondió a las del fiscal, que estuvo presente en la diligencia a través de videoconferencia, ni tampoco a las de la acusación particular, ejercida por el abogado Javier Notivoli. Tras su negativa, la Guardia Civil lo devolvió a la cárcel de Zuera, donde cumple condena por otros delitos.