La central térmica de Andorra se encenderá una última vez en junio tras 39 años de historia para quemar sus reservas de carbón, unas 25.000 toneladas que se consumirán en cuestión de tres o cuatro días. Su cierre, solicitado por Endesa en diciembre de 2018, aún no ha sido autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica, pero el 30 de junio, apuntan desde la eléctrica, "dejará de estar operativa" haya o no resolución, ya que así lo marca la normativa vigente.

La planta, parada desde mediados de febrero, ha producido en estos primeros cinco meses 175 gigavatios/hora, lo mismo que en un único día años atrás. La previsión es que se conecte a la red cuando así lo programe el operador del sistema, aunque aún no hay fecha. 

Los trabajadores tenían dudas de que la central fuese a agotar sus últimas toneladas de carbón, una incógnita que ahora ha despejado Endesa. La multinacional ultima también los cursos de formación para el personal de las subcontratas. Tendrían que haber empezado en abril, pero el coronavirus obligó a retrasarlos hasta nueva orden. La empresa y el Ayuntamiento de Andorra han estado buscando en las últimas semanas nuevas ubicaciones para garantizar la máxima seguridad de los asistentes y la distancia social.

La intención es que los cursos –de los que se beneficiarían hasta 200 personas, según consta en el plan de acompañamiento presentado por la eléctrica–, se presenten "de forma inmediata", se desarrollen en Andorra y comiencen a finales de junio, siempre que la crisis sanitaria lo permita. 

Estarán enfocados tanto a las tareas necesarias para el desmantelamiento de la central como a la operación y construcción de parques fotovoltaicos, claves para el futuro de la cuenca minera.

La formación, según el calendario actual, terminaría en septiembre. Esto haría que "en el mejor de los escenarios", el desmantelamiento, que se prolongaría alrededor de cuatro años, comenzase a partir de octubre. Antes, no obstante, tienen que darse varios pasos, ya que, además de la autorización del Ministerio, se necesita un acta de cese de actividad por parte de la delegación de Industria de Teruel y un informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La burocracia podría hacer que el inicio del desmantelamiento ‘bailase’ unas semanas o meses. El objetivo, en todo caso, es que comience "dentro de este año".

El empleo como prioridad

Donde aparentemente no hay novedades es en la subasta de los alrededor de mil megavatios de energía solar y fotovoltaica que sustituirán la potencia térmica de la central. El proceso, al que podrían concurrir varias empresas y en el que se priorizará el mejor proyecto en términos de generación de empleo, sigue sin fecha. No obstante, desde Endesa aseguran que este aparente retraso no afectará a su plan de acompañamiento, que comenzará con la construcción de ‘pequeños’ parques de en torno a 50 megavatios al margen de estos mil.

Entre tanto, la Consejería de Industria, liderada por el aragonesista Arturo Aliaga, sigue trabajando para "promover proyectos empresariales y mantener el empleo" de la zona. Fuentes del Departamento aseguran que el contacto con la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es "constante", y que el vicepresidente ha mantenido reuniones "de forma continuada" con empresarios de cara a impulsar la actividad económica.

Las mismas fuentes afirman, sin dar nombres, que existen proyectos "muy interesantes" basados en la economía circular, así como que, previsiblemente, esta próxima semana se firmará un convenio con los colegios de ingenieros técnicos y de minas para la elaboración de un estudio que analice la posibilidad de implantar en Teruel el ya anunciado centro tecnológico de la minería.

El problema, coinciden los trabajadores y empresarios consultados, es que "todas las iniciativas son a medio o largo plazo", sin que por ahora haya una solución para frenar la pérdida de empleo que ya se está produciendo.