¿Me pueden despedir si estoy en un ERTE?

En Aragón se han presentado más de 15.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde que se declarara en marzo el estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19, con alrededor de 115.000 trabajadores afectados. Los decretos aprobados por el Gobierno central en materia laboral han incluido medidas para limitar los despidos durante la pandemia, pero esto no supone que no puedan producirse. El último cambio, recogido en el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo permite despidos en caso de que la empresa esté en riesgo de quiebra.

Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja aclaran que los trabajadores "siempre han podido ser despedidos". Sin embargo, con los decretos aprobados por el Gobierno tras el estado de alarma se estableció que "no se podía despedir usando el motivo de la covid-19 para hacer un despido objetivo por causas económicas", el fijado con un indemnización de 20 días por año. Esta protección se ha previsto hasta el 30 de junio o hasta que se prolongue el estado de alarma, si se prorrogara más tiempo.

Disciplinario o improcedente

Sin embargo, siempre se ha podido despedir en caso de que se tratara de un "despido disciplinario", aclara la vicepresidenta de los gestores administrativos, Ana Rubio. En estos casos, al trabajador no le corresponde ninguna indemnización, salvo que se recurra y se le de la razón, momento en que pasaría a ser un despido improcedente indemnizado con 33 días por año trabajado. Quienes estuvieran contratados antes de 2012 cobrarían una indemnización hasta esta fecha en base a los 45 días que se recogían antes de la reforma laboral de dicho año.

"Hoy por hoy, a partir del 30 de junio se podrá volver a despedir por causas objetivas", añade Rubio, aunque señala que puede haber cambios posteriores, como los ha habido durante todo el estado de alarma.

En el último decreto, también se ha flexibilizado la vuelta al trabajo y ha supuesto un "respiro" para trabajadores y empresas, afirman los gestores administrativos. "Las empresas veían imposible reiniciar su actividad con toda la plantilla tanto por la situación económica como por las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias aunque todavía están muy lejos de poder planear una vuelta a la normalidad", explica Rubio.

"La reducción de los costes salariales es la mayor demanda de las pymes y autónomos para poder sobrevivir a esta situación por lo que todas las medidas destinadas a este fin son muy bien recibidas". De esta forma, estas primeras semanas de avance en la desescalada, las empresa han podido ir sacando del ERTE a los trabajadores a medida que los iban necesitando. "O a toda la plantilla a media jornada", pone como ejemplo. El único requisito es comunicar a la autoridad laboral y al SEPE las variaciones que se vayan a realizar.

"Ha habido gente que no quería volver"

Con los colegios cerrados o personas haciéndose cargo de familiares mayores, ha habido algunos trabajadores a los que ha supuesto un problema logístico volver a trabajar. "Ha habido gente que no quería volver", ha reconocido Rubio. En estos casos advierte de que el trabajador tiene que volver, si no se puede optar al teletrabajo, o se enfrenta a un posible despido disciplinario. La única vía es pedir una excedencia por guarda legal, aunque con ella no se cobra sueldo durante ese tiempo.

Por otro lado advierte a las empresas sobre las "tentaciones de seguir en el ERTE y decir a los empleados que vayan a trabajar", ya que se enfrentan con sanciones de más 180.000 euros. Aunque no son casos que hayan visto los profesionales. Rubio hace también un llamamiento a las empresas para que "tengan cuidado con los formalismos" y revisen el papeleo porque cuando pase el estado de alarma espera que lleguen inspecciones.

Ahora también se permite a las empresas pasar de un ERTE de fuerza mayor a aplicar medidas de suspensión o reducción de jornada. Rubio señala que si vuelven a la actividad, parte de las cotizaciones a la Seguridad Social estarán exoneradas pero no al 100% y depende de si la empresa tiene más o menos de 50 trabajadores. Y se hará cargo también de las cotizaciones de los trabajadores que continúen en ERTE.

Rubio recuerda que estas medidas de apoyo a las empresas están sujetas al compromiso del mantenimiento de empleo durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad "aunque esta lo sea de forma parcial o solo afecte a parte de la plantilla". En caso de incumplimiento por parte de la empresa "esta deberá reintegrar la totalidad de las cotizaciones sociales que han sido exoneradas con el recargo e intereses de demora". Se aplica también la excepción de aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

El volumen de trabajo en las gestorías ya se ha ido normalizando, desde la avalancha en la presentación de los ERTE de los dos últimos meses. "He tramitado muchas prestaciones por cese de actividad, casi un 90% de nuestros autónomos han pedido, pero cerrar, dar de baja en autónomos, en principio, no", explica, sobre otra de las medidas aprobadas durante el estado de alarma. Ahora están inmersas en la presentación de declaraciones del impuesto sobre la renta.

"Julio será un mes clave para ver cómo va el empleo y las cotizaciones de los autónomos", advierte, ya que se sumará también el pago de impuestos como el IVA.

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