Los expertos auguran una oleada de concursos de acreedores en agosto en Aragón

Los efectos económicos de la crisis sanitaria de la Covid-19 comenzaron a notarse con la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se presentaron nada más declararse el estado de alarma el 14 de marzo, por el parón que provocó en la actividad, que esta semana ha empezado la fase 0 de la desescalada.

Los expertos auguran que las medidas de contención que ha ido aprobando el Gobierno central, como la inyección en forma de avales para créditos, el aplazamiento de deudas tributarias o los propios expedientes de suspensión por fuerza mayor con compromiso de mantener el empleo este año, no evitarán el repunte de las crisis empresariales.

"Habrá una oleada de concursos de acreedores en agosto y septiembre y otra en enero", calcula Carlos Terreu, experto concursal del Colegio de Economistas de Aragón. Desde el Registro de Economistas Forenses (Refor) al que pertenece, han advertido de que en base al número de ERTE presentados en España "las probabilidades de que muchos de estos acaben convirtiéndose en ERE –con la posibilidad de que muchas empresas puedan acabar en liquidación– son muy elevadas, pudiendo superar ampliamente las cifras de la anterior crisis financiera".

En España, la cifra de concursos superó los 10.000 al año durante la crisis de 2007, registrando su pico en 2013, y en Aragón se alcanzaron los 400. Actualmente, las cifras se han reducido a más de la mitad, con 148 concursos empresariales registrados en la comunidad aragonesa en 2019, según datos de Informa D&B. La consultora también ha augurado que cuando finalice la actual paralización de los juzgados y la supresión de la obligación de solicitar el concurso "la cifra de concursos se disparará" en España.

En las fechas de la avalancha de concursos coincide Miguel Ángel Palazón, abogado y portavoz en Zaragoza de la Asociación profesional de administradores concursales (Aspac). A ello une el temor a que como en otras crisis, aumenten los casos en los que simplemente haya un "persianazo", sin pasar por la presentación de un concurso de acreedores.

Conseguir ser viables

Dentro del grupo de las sociedades que acudan al concurso de acreedores, señalan que habrá empresas que lo hagan para protegerse frente a embargos, que quedan paralizados durante este proceso. "Empresas que aun teniendo actividad, no puedan estar pagando créditos y para evitar embargos pidan el concurso. Para intentar conseguir la viabilidad", asegura Palazón. La ley Concursal está pensada para dar una segunda oportunidad a empresas y personas físicas, aunque en la práctica la mayoría de los casos terminan en liquidación y cierre.

Junto a ellas, habrá otros negocios que tengan que poner punto y final a su actividad porque no han podido retomarla tras el parón desde el 14 de marzo o no les han salido las cuentas con las restricciones de la actual desescalada. "Lo ideal es que hasta el31 diciembre hubiera una prórroga de este tipo de ERTE", coinciden, en referencia a los aprobados por la Covid-19.

Y en una coyuntura similar se podrían encontrar otro grupo de compañías al inicio del año que viene. "Aquellas que directamente, después de las prórrogas de pagos a Hacienda no haya mejorado situación irán directamente irán al concurso, para seguir o no", augura.

Cambios en los concursos

Entre las medidas que están conteniendo ahora la avalancha, los profesionales han destacado que se ha "relajado" la obligación de presentar un concurso hasta el 31 de diciembre. Hasta ahora, la normativa concursal obligaba a que "si tengo falta de liquidez, en dos meses tengo que presentarlo, desde que soy consciente de la situación y en esa obligación van a estar muchas empresas", explica Palazón. De momento, "esa vorágine de concursos va a dilatarse, lo que no va a evitar que se terminen presentando".

Además, los juzgados no admiten a trámite concursos instados por un acreedor, los llamados necesarios. Solo se pueden presentar voluntarios, por el propio empresario.

Desde Aspac han planteado más propuestas para "minimizar en gran manera el riesgo de un posible colapso judicial que se puede producir una vez se levante el estado de alarma". Las propuestas van dirigidas tanto a aquellas empresas que atraviesen por dificultades por la actual crisis pero "que sean económicamente viables" y a las que no lo sean y se vean abocadas a una liquidación, para que esta se haga de forma rápida y ordenada. Entre ellas, potenciar la figura del administrador concursal para descargar de trabajo a los jueces.

Para Terreu, el problema es similar al de la Sanidad y habrá que intentar "que los juzgados tengan un margen de maniobra para asumir esa carga nueva de trabajo". Piden juzgados de refuerzo, como se hizo en la última crisis y en casos como las cláusulas suelo.

Reconocen que algunas de sus peticiones ya han sido recogidas en los últimos decretos del Gobierno. Así, las pérdidas que hayan tenido las empresas este año no computarán como causa de disolución, si han superado el 50% que marca la ley.

Desde el Refor añaden ampliar la segunda oportunidad para autónomos y emprendedores hasta una determinada dimensión y potenciar los acuerdos de refinanciación para pymes, ahora pensados más para la mediana y gran empresa. Terreu pide un mayor apoyo de las Administraciones cuando son acreedores (Hacienda y Seguridad Social) y de los bancos para conseguir sacar adelante estos acuerdos, al igual que los convenios de acreedores. "El Estado tiene una oportunidad de apoyar que el tejido empresarial no se muera favoreciendo el apoyo de los convenios", al igual que la banca, señala.